Federales y unitarios, iniciativas y disputas en el marco de la Convención Nacional de Santa Fe

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Con la renuncia de Bernardino Rivadavia, en junio de 1827, se desploma la experiencia de la Presidencia, luego de atravesar la línea de fuego de varios conflictos que tuvieron una altísima intensidad pública, entre ellas la oposición abierta y hostil de algunas provincias a someterse a los dictados de una nueva Constitución —que en gran medida las subordinaba al Poder Ejecutivo Nacional— y a las alternativas que ofrecía la contienda guerrera con el Brasil, en la medida que las resoluciones alcanzadas a partir de las negociaciones diplomáticas fueron percibidas como muy insuficientes, tanto por amplias franjas de las poblaciones locales —que padecieron directa o indirectamente sus efectos— como por el ejército combatiente.1

Los años que corren desde esa abrupta caída hasta el enfrentamiento que hacia 1830 protagonizan la Liga Federal y la Liga Unitaria no resultan, por cierto, un territorio historiográfico fértil. Sin embargo, hay por lo menos dos imágenes que aparecen en algunas descripciones del periodo. Para sintetizar, podríamos decir que para algunos historiadores de tendencia liberal es un tiempo casi vacío y donde no se aprecian cambios de significación. Las unidades provinciales no vuelven a imponer ningún criterio de organización de poder y la llamada Revolución decembrista de 1828 constituye el botón de muestra de una situación que no presenta a simple vista una definición política concreta. Es un tiempo de vacío de poder y de incertidumbre política. Otra mirada, más optimista, es la que postula que por esas jornadas sí se abrió un nuevo intento institucional para reorganizar a las provincias, el cual podría cifrarse tanto en la realización de pactos interprovinciales como en la iniciativa de la Convención Nacional reunida en Santa Fe, al mismo tiempo se destaca en esta escena una clara supremacía federalista que hace posible el recorrido de ese camino. Esta es la interpretación de algunos historiadores, que bien puede evocar los nombres de José Busaniche y Emilio Ravignani (vinculados ciertamente a la historia política e institucional), quienes ponen especial énfasis en la activa participación de los gobiernos provinciales en ese proceso de reconstrucción del poder.

A grandes rasgos, mi hipótesis de trabajo consiste en pensar que la etapa pospresidencial no es un momento de vacío de poder, y que si bien es un instante de mayoría federalista, no lo es de concreta y de nítida hegemonía. Es un momento en que emerge en la escena pública una experiencia, bajo este último signo, de organización del poder nacional, que si bien de alguna manera ha sido mencionada, no ha sido tenida en cuenta como tal. En mi opinión, se trata de un escenario de contrastes donde se presenta una iniciativa para organizar una nación federal que tuvo sus momentos de vitalidad en un comienzo (pactos provinciales, Convención, iniciativas de nación) y luego dificultades, tropiezos serios a partir de una serie de muy disímiles luchas facciosas: una disputa dentro del dominio federalista (hecho que muestra que a veces no hay aquí una línea divisoria tan clara entre unitarios y federales); otra con los grupos pro unidad (algunos pugnaban por una vuelta a la Constitución de 1826 y otros por un proyecto provincialista); pero también conflictos que aluden a problemas de la soberanía provincial (la cual tiene su interacción con la política nacional); y a los repetidos y conocidos reclamos provinciales sobre los fondos necesarios para el envío y posterior permanencia de diputados a la reunión nacional.

En este trabajo mi intención es tratar de mostrar parte de esta hipótesis mayor. A partir de este marco interpretativo he dividido mis objetivos en dos secciones. En primer lugar, analizo algunas cuestiones relativas al escenario pospresidencial. Las iniciativas provinciales, sus intenciones con relación a la política nacional y a la promoción de una nueva instancia de deliberación organizativa. En segundo lugar, me interesa saber qué papel se le asigna a los unitarios en los nuevos tiempos de organización del poder. El análisis de las ideas de nación que circulan y se divulgan tanto en el recinto de la Convención como en la prensa santafesina y porteña constituye una tercera sección que decidí, por una razón de espacio, desarrollar en otro estudio; no obstante, incluyo al final de estas páginas algunas de sus conclusiones principales para completar de algún modo este esquema de sentido.

Antes de comenzar, resulta del todo pertinente señalar que nuestra línea de investigación se inserta dentro de un conjunto de contribuciones historiográficas vinculadas a la historia política, y más particularmente a la problemática del federalismo y el centralismo. De esta forma, es necesario destacar que los últimos avances han hecho notar la relevancia de la interacción de varios núcleos de sentido histórico como los de soberanía, nación y Estado, la indicada relación federalismo/centralismo, los diversos espacios de sociabilidad, las representaciones y las formas de identidad, las cuales han ampliado de forma positiva la mirada sobre el siglo XIX americano.2 En el caso rioplatense, que nos interesa de modo especial aquí, es posible también mencionar distintas líneas de trabajo que de un modo u otro se relacionan con nuestro estudio y que un lector atento a estas problemáticas puede leer con mucha utilidad.3

Las provincias y la Convención Nacional

Varias provincias de matriz federal realizan diversos esfuerzos para intentar reorganizar el poder en el ámbito nacional. Con esta convicción, en septiembre de 1827, Buenos Aires y Córdoba firman un tratado público (existe un tratado secreto que también mencionaremos más abajo) donde acuerdan diversas iniciativas: proseguir la guerra con Brasil, el envío de diputados para una Convención (a realizarse en Santa Fe o San Lorenzo), dar aviso a las otras administraciones provinciales para que hagan lo mismo, fijar como plazo máximo para la reunión el 1 de noviembre. Otras cuestiones relevantes pueden advertirse en las instrucciones de sus diputados. Menciono alguna de ellas: nombrar un Ejecutivo Nacional provisorio, dar bases (y deslindar atribuciones y deberes) al Congreso Constituyente, que debía ser el resultado de la reunión santafesina, y fijar la forma de gobierno que “deberá ser, según el voto expresado de las provincias, la forma federal”.4

Las primeras actividades que se producen como consecuencia de este acuerdo es el envío de emisarios a todas las unidades provinciales para poder concretar diversos pactos. Su principal objetivo es poner en obra el señalado evento institucional en Santa Fe (cuadro 1). Tales convenios comienzan a caer rápidamente en la arena política como una suerte de cascada. A partir de ellos, básicamente se comprometen al envío de diputados a una Convención Nacional y a la adopción de las bases públicas de administraciones federales (cuadro 2).

¿Qué sucede con las provincias con relación a su incorporación a la Convención? Ellas tienen realidades complejas. Por empezar, nadie deja de admitir que sus diputados pueden encontrar serios inconvenientes a la hora de su asistencia, tanto por los gastos que requiere su presencia como por las distancias que las separan del lugar del evento; además, se hace mención a la idea de que sea un ámbito con claras características operativas, donde se tenga en cuenta el esfuerzo financiero que la experiencia conlleva. Hecho que no resulta extraño a sucesos organizativos anteriores de este tipo, el

DA640201Abreviaturas: Santiago del Estero (Stiago). Tucumán (Tu). Buenos Aires (Bs As). La Rioja (LR). Catamarca (Ca). Salta (Sa). Córdoba (Co).
Fuente: José Luis Busaniche, Publicación oficial del gobierno de la provincia. Representación Nacional en Santa Fe, 1828-1829, 1928, p. XXXVII.

DA640202Abreviaturas: Tratado: (T). Provincias: (Pcias). Pacto interprovincial: (PI). Rechazo convocatoria Convención Nacional y defensa sistema de Unidad: (Re. CN y De.SU). Convención de Alianza y Amistad: (C. AyA). Aceptación Convención Nacional: (A.CN). Buenos Aires: (Bs As). Córdoba: (CO). Santa Fe (SF). Entre Ríos (ER). Corrientes: (Ctes). Santiago del Estero: (Stiago). La Rioja (LR). Mendoza: (Me). San Juan (SJ). San Luis (SL). Salta (Sa).
Fuente: “Interior. Documentos oficiales”, en Correo Político, 11 febrero de 1828. “Documentos oficiales”, Correo Político, 27 de febrero de 1828. Emilio Ravignani, op. cit., pp. 311-319. José Luis Busaniche, op. cit.
Observaciones: 1) El tratado de Guanacache se firma mientras el Congreso enviaba delegados a las Juntas de Provincia para presentar el texto constitucional unitario, lo acuerdan con la intención de defender sus intereses locales. 2) En mayo de 1827, se concreta un pacto entre todas las provincias que habían rechazado la Constitución unitaria. Es a partir de una iniciativa de Córdoba. Su objetivo más inmediato era doble: enfrentar a las autoridades “nominadas nacionales” y formar un nuevo Congreso cuyo fin sería constituir el país bajo la forma “de gobierno federal”. En esta línea de sentido, declaran que reside en las provincias el inalienable derecho a elegir y renovar a sus diputados. 3) El 24 de agosto de 1827, Salta decide no aceptar la convocatoria a una Convención Nacional y vuelve a defender el sistema de unidad del Congreso nacional anterior. 4) Corrientes y Entre Ríos firman el 24 de setiembre una Convención de alianza y amistad. Artículo 1, “queda sancionada perpetua alianza ofensiva y defensiva entre las Provincias de Corrientes y Entre Ríos, sin perjuicio del pacto nacional próximo a verificarse entre los pueblos de la confederación”.

tema de los altos costos es materia de preocupación y de lamento no sólo para quienes finalmente los solventan, sino también para quien debe reclamarlos. Por su importancia financiera y política, estas cuestiones sustantivas tienen un espacio en la prensa federal,5 en las sesiones de la Convención6 y en la legislatura cordobesa.7

En este sentido, la provincia de Buenos Aires promete hacer los aportes sustanciales (aunque como se verá serán suficientes para algunas pero no para todas): solventa los gastos de las provincias que asistan a la reunión nacional y, entre otras cosas, aporta la imprenta que permitirá la salida de varios diarios en Santa Fe, como algunos de los que analizamos en este trabajo.

Desde los papeles federales porteños se hace referencia a esas posibles dificultades. Por este motivo se cuestiona cómo algunos diputados actuaron en anteriores reuniones nacionales de un modo muy contrario a sus mandatos. Desempeñaban sus funciones dentro del recinto de deliberación con demasiada autonomía, sin respetar sus poderes e instrucciones. Se hace, además, un elogio de las provincias, ya que, a pesar de todas estas equivocaciones de experiencias pasadas, eligen nuevamente sus representantes y los mandan a la ciudad de Santa Fe.8 Al mismo tiempo se admite que el mayor inconveniente es que finalmente los diputados no encuentren un punto en común de entendimiento y se presenten divergencias. En este preciso sentido se afirma que “el influyo maléfico de las voces de Unidad y Federación ha agitado a los hombres como frenéticos”.9 Pero si tiene, como puede apreciarse, una línea de moderación y de incertidumbre, no obstante esa idea parece tener una suerte de posible solución cuando también admite que esta vez los flamantes diputados no van a traicionar sus instrucciones, como sí lo hicieron en los casos precedentes.10 Y aquí se debe destacar que tal perspectiva se apoya en el supuesto de que la mayoría de esos legisladores pertenecen a unidades provinciales que ya han declarado su fe federalista.11

Desde otro ángulo interpretativo, el de la prensa pro unidad, se plantean distintos tipos de argumentos que intentan invalidar su realización. Consideran, por ejemplo, que si se tiene presente la situación de precariedad institucional y económica que vive el país, no resulta oportuno la realización de la Convención12 o, en días posteriores, se sostiene que una vez que se puso fin a la guerra con Brasil se acaba la necesidad de continuar con la Convención, en la medida que ella constituía el único ámbito nacional que podía dar legalidad y legitimidad al acuerdo.13 También se destaca la penuria financiera bonaerense y los gastos sin un sentido concreto, como es el caso de la reunión de Santa Fe. “La Convención, se puede leer en El Liberal, con que se nos ha presentado como el Mesías prometido […] no ha servido nada más […] que para agotar nuestro erario con los sueldos que hace bastante tiempo que se le da a los Representantes que deben reunirse en Convención”.14

Ahora bien, ¿qué ocurrió en la ciudad santafesina? En los primeros meses de 1828 sólo se presentan allí las dos provincias promotoras, lo cual genera quejas tanto de la prensa federal porteña, lo cual puede leerse en el Correo Político de esos meses, como en el discurso del Gobernador de Córdoba.15 Posteriormente, durante los días previos a la reunión —y luego en las sesiones preparatorias— se suceden distintas posturas. Por un lado, algunas de las provincias presentan a sus diputados y se incorporan a las sesiones (cuadros 3 y 4). Otras, en cambio, recorren el sendero de la protesta y la resistencia, a partir de argumentos y de actitudes diferentes. Apelando al hecho de la demora de distintos representantes provinciales, el gobernador cordobés modifica su posición de poner en práctica la Convención. Salta, por su lado, rechaza la convocatoria y plantea (como se verá) una iniciativa diferente; mientras tanto, Catamarca, Tucumán y San Juan hacen público su postura de que no envían una representación local por razones de economía. En tanto, Corrientes expresa su voluntad de no concurrir si se admite a los representantes de Misiones, quienes efectivamente sí la integran (cuadros 3 y 4). Para

DA640203Fuente: “Sesión 31 de julio 1828”, RNSF, p. 1.
Observaciones: la primera reunión de la Convención se realizó en “la casa del Ayuntamiento de esta ciudad” el día 31 de julio de 1828 a las once de la mañana. Los asistentes son nombrados como los diputados “electos de las provincias para la futura Corporación Nacional”. Asisten doce diputados y están representadas nueve provincias. Dos diputados no concurren por motivos diferentes. García, diputado por Mendoza, no avisa que no participará de la reunión por hallarse indispuesto. Por su lado, Urbano de Iriondo, diputado electo por Santiago del Estero comunica al presidente provisorio del cuerpo que si bien acepta su nombramiento “no puede ejercer el cargo hasta que se le admita la renuncia que tiene hecha de representante de la Legislatura de esta provincia.” Ambos argumentos son muy típicos en estos organismos deliberantes. En el segundo caso se presenta la dificultad que se conoce como doble magistratura, esto es, la designación en un mismo sujeto de dos cargos que resultan incompatibles ejercerlos al mismo tiempo.

DA640204Abreviaturas: Buenos Aires (Bs As), Banda Oriental (BO), Misiones (Mi), Santiago del Estero (Stiago), La Rioja (LR), Entre Ríos (ER), San Luis (SL), Mendoza (Me), Santa Fe (SF). Córdoba (CO), Salta (Sa), Catamarca (Ca), Tucumán (Tu), San Juan (SJ), Corrientes (Ctes).
Fuentes: “Sesión 31 de julio 1828”, RNSF, p. 1.
Observación: Córdoba participa de la primera conferencia privada preparatoria, pero se retira por que no está de acuerdo con sesionar mientras no estén todas las provincias en la Convención. Santa Fe se incorpora después de las conferencias privadas preparatorias, por eso no figura en cuadro 3. Banda Oriental se retira después que se firma el tratado de septiembre de 1828.

conocer mejor cómo juegan estos actores provinciales en el tablero político de esta iniciativa de organización del poder nacional, resulta del todo pertinente que mencione ciertos aspectos relacionados con la situación de algunos de estos casos. Hecho que, estoy cada vez más convencido, nos ayudará a comprender mejor qué perspectivas presenta la iniciativa de la Convención y cuáles son los conflictos y las fuerzas que están moviéndose en las agitadas aguas de esa experiencia.

Caso Buenos Aires

Se presenta en la escena una disputa por ganar el oído de los porteños. De esta manera, las posturas tajantes y extremas predominan en los dichos y actitudes de los contingentes políticos. Desde la trinchera oficialista se afirma tanto un neto predomino federal de hecho en las provincias como una voluntad de nación con esa impronta. En esta línea de razonamiento, desde su prensa se sostiene que la Convención Nacional es la gran oportunidad para que “reaparezca la República Argentina” y se deje atrás la situación de “aislamiento”;16 se señala, además, que es el momento adecuado para que las provincias transiten por el camino que los lleva a convertirse en nación.17 Se considera que es un grosero error de los unitarios y una evidente mentira cuando estos grupos mencionan que aquellas quieren la Unidad, ya que a sus ojos muchos la rechazan y “todas o casi todas las provincias son federales”.18 Vuelve entonces la idea ya señalada de una suerte de federalismo de hecho. Por este motivo, a sus ojos, la sanción de una Constitución nacional de ese signo se torna, para mañana o pasado mañana, inevitable. Se defiende constantemente, además, tanto las incursiones guerreras contra Brasil (sobre todo hacen foco en la alta moral de la tropa, las victorias, el buen trato a los prisioneros enemigos y la necesidad de la colaboración de las provincias) como los beneficios de las tratativas de paz, sobre todo porque suponen que con esa nueva realidad bajen los precios de los productos de primera necesidad, como la yerba y la carne, y mejore la posición de los negocios de los comerciantes.19

Por el contrario, la administración de Dorrego es seriamente cuestionada por la oposición pro unidad. Muy diversas descalificaciones y denuncias aparecen en la prensa casi cotidianamente: las elecciones realizadas en mayo son denunciadas por irregulares;20 se llama la atención sobre la incursión negativa de demagogos y la existencia en la arena pública de lo que llaman en esa misma línea “espíritu de partido” y, sobre todo, que el gobierno no haga nada al respecto;21 la Ley de Imprenta es juzgada, entre numerosos aspectos, como una maniobra que, entre otras cosas, oculta la censura a los escritores y, al mismo tiempo, cuestiona las penas previstas;22 en la frontera, la irrupción de “indios” obliga a designar a Juan Manuel de Rosas con el fin de que logre una respuesta positiva;23 las tratativas de paz con Brasil son vistas con ansiedad por varios motivos: la aparición de especuladores que lastiman el bolsillo de los consumidores, los comerciantes que se ven perjudicados en sus negocios, “la clase indigente” que se muestra perjudicada por el alto precios del pan y de la carne, entre otras; y, como es de esperar en la actitud del grupo opositor, en este rosario de lamentos se responsabiliza al gobierno por la demora de la firma del tratado;24 el gabinete provincial y la Sala de Representantes (con predominio federal) no presenta ningún tipo de “luces”, de “ilustración”, para administrar y legislar la provincia.25

En suma, hay aquí una gestión provincial que puede exhibir iniciativas propias tanto en el plano local como en el interprovincial; sin embargo, esa experiencia no está exenta de dificultades, tensiones y resistencias.26 En territorio bonaerense se levanta un escenario de disputa que, sin duda, tiene resonancia tanto hacia el interior como en el panorama nacional. Por un lado, el gobernador y la prensa más adicta defienden su administración, su importancia en la guerra con Brasil y las negociaciones de paz, e impulsan la Convención como una plataforma para instalar una nación federal y, además, el presupuesto provincial y las leyes que sancionan en el ámbito legislativo; por otro lado, los grupos pro unidad tratan de minar su legitimidad de gestión; finalmente, un sector de ellos produce un golpe de estado en diciembre de ese año, que liquida su administración y pone en jaque la vida de la reunión deliberativa en la ciudad de Santa Fe.27

Caso Misiones-Corrientes

Por los motivos que ya conoce el lector, ambas provincias presentan posturas y estrategias diferentes en relación con la Convención. La primera se suma a la empresa convencional dando indicios sobre su legitimidad de acción y, al mismo tiempo, se apoya en ese cuerpo para defender su soberanía de los avances y desbordes de su vecina. De este modo, el gobernador de Misiones comunica al gobierno de Buenos Aires (la administración que motoriza esta experiencia institucional) dos hechos contrastantes: por un lado, que está cumpliendo con los objetivos trazados por los pactos interprovinciales y, en esta línea, describe con abundancia que, por ejemplo, ya ha hecho la elección del diputado que va a enviar a Santa Fe; mas por otro lado, con un tono que no evita el drama, señala la difícil situación que se vive en su territorio como “resultado de la invasión de los fuerzas de Corrientes”.28

Esta última, sin embargo, presenta como uno de sus principales argumentos para resistir su entrada a la reunión santafesina la idea de que en ella no hay una representación nacional como se pretende y, como correlato de esa realidad, no se respeta de ningún modo la soberanía de las provincias ausentes. Evocando experiencias pasadas, sostiene que seguramente ese alterado paisaje tendrá consecuencias políticas lamentables. Es lo que señala una nota presentada al cuerpo y leída en el recinto de sesiones por un diputado correntino, quien cuestiona su instalación y advierte sobre “los males de la anarquía”, si no se tiene en cuenta dichas ausencias, como por ejemplo la de Catamarca.29

Por su parte, El Liberal, el diario porteño pro unidad, tratando de enfatizar más en las dificultades, un material que le sirve para justificar su posición sobre la falta de oportunidad para la realización de la Convención, describe una y otra vez las tensiones y conflictos que se conocen entre los oficiales del ejército Manuel Lavalleja y Manuel Uribe.30 Falta de autoridad y de orden, situaciones de ilegalidad y de violencia son aspectos que resaltan en este tipo de informaciones. Así, por ejemplo, se recuerda los fusilamientos que ordenó aquel último militar entre las mismas fuerzas, hechos que a los ojos del redactor se vinculan directamente con situaciones de venganzas o de envidias.31 En el mismo sentido se publica un decreto firmado por Fructuoso Rivera sobre las incursiones al territorio de Misiones, tanto de “vaquerías” como lo que simplemente describe como “otros delitos en su territorio”.32 Se señala, además, que la forma de elección de los diputados de Misiones se hizo de forma que excedió el marco legal y por eso considera dudosa su representación en la Convención.33

En síntesis, los problemas entre estas provincias tienen su directa consecuencia en la realización del esfuerzo de reorganización nacional, en cuanto revela un conflicto para el pleno concurso en ella de ambas y, al mismo tiempo, cada uno de los actores trata de traer agua para su propio molino, en un juego de interacción entre los intereses de la Convención (que insiste en integrarlas) y de los poderes provinciales (evocados a través de la defensa de sus propias soberanías) que tratan de imponer su estrategia en defensa de sus propios intereses y valores.

Caso Córdoba

Esta provincia, como se ha dicho ya, si bien inicia con Buenos Aires (en el año 1827) el proceso de reconstrucción institucional convocando a las demás a una Convención Nacional, con premisas concretas para organizar una nación de matriz federal, tiene, sin embargo, durante el año 1828 gestos e iniciativas concretas hacia la resistencia abierta.34 Como si se tratara de botones de muestra, menciono varios hechos. Uno de ellos se produce en abril de ese año, a partir de una ley sancionada por la Junta de Representantes, donde ella se guarda el derecho de aprobar o no lo acordado por el gobierno encargado de los negocios nacionales (Buenos Aires) y el imperio del Brasil.35

El tema es importante, ya que si el Poder Legislativo (también es la postura de Salta) decide finalmente no adherirse al Tratado, el mismo obviamente pierde toda su legitimidad en la medida que la decisión de la Convención deja de ser representativa por la negativa de una de sus partes fundantes. No es casual, y mucho menos inocente, que los editores del diario pro unidad El Tiempo aprovechen la oportunidad para descalificar la realización de la Convención, empleando algunos argumentos que ya se advierten en otra publicación un tiempo antes.36 A su juicio, esta decisión corrobora la actitud de los cordobeses de no respectar ningún pacto o acuerdo, ya que tampoco respetaron lo que prometieron en el Congreso del año 1826. Completando este razonamiento afirma que, si cuando no cumplieron en ese último año llamaron igualmente a una nueva reunión nacional, lo más probable, aseguran, es que ahora vuelvan a caminar por el círculo de esta misma lógica política, repitiendo la misma actitud cambiante con la Convención. Lo que es muy claro a sus ojos es la desenfrenada ambición del gobierno federal de Bustos de apoderarse del mando de la nación sin asumir ningún tipo de compromiso o fidelidad con las demás provincias.37 Un doble conflicto, el que separa a provincias federales entre sí y el que dispara la intervención en ella de los grupos pro unidad para agudizarlos, con el claro objetivo de ampliar la base de la fuerza de ese grupo y minar la de los federales.

Como ya insinuamos, un segundo hecho se produce en la primera reunión preparatoria de la Convención, cuando los diputados mediterráneos se retiran por juzgar que no estaban representadas allí todas las provincias y por esta causa no podía admitirse el funcionamiento de un ámbito que actuase como “deliberante” cuando no reúne esos requisitos mínimos y elementales.38 Un tercer gesto puede advertirse en una nota del gobierno de Córdoba (con fecha 25 de agosto, contestando a la enviada por el cuerpo el día 8), la cual se leyó en el recinto de la Convención. La carta va dirigida, no por casualidad, al “diputado” por Buenos Aires Echeverría (presidente del cuerpo). Y, con una clara intención política, lo hacen de esta forma porque Córdoba “desconoce la representación del Presidente y del Cuerpo que preside”.39 Al mismo tiempo, hace saber que la provincia ha “dictado sus providencias sobre la incorporación de sus diputados sancionadas en 14 del mismo mes en ampliación o explicación de la 13 de julio, y se reducen a que esperen la concurrencia de los de las provincias que aceptaron la invitación; que sin este requisito no podrán incorporarse ni aun en sesiones preparatorias”.40 Como se ve, el problema de representación de la Convención es un argumento clave en esta disputa política y, por este motivo, los vemos repetirse en los discursos una y otra vez. Un cuarto hecho pude señalarse unos días más tarde cuando se presenta en el recinto una nota de sus diputados (al mismo tiempo de la que envían los correntinos), quienes protestan por los mismos motivos que expresaron estos últimos.41 En noviembre y principios de diciembre se discute en la legislatura de Córdoba sobre los insistentes pedidos de la Convención para que sus diputados la integran, mas luego de varias sesiones deciden no hacerlo y que sus representantes “cesen en sus funciones”.42

En suma, hacia 1828, en el marco de la apertura de la Convención, Córdoba se resiste abiertamente a integrarse. A modo de conjetura resulta posible inferir que por lo menos se presentan dos cuestiones que podrían haber incidido en este cambio de perspectiva y de estrategia. Uno de los motivos puede buscarse en su desplazamiento del espacio inicial de su organización, de ser el principal promotor junto con Buenos Aires, rápidamente cede espacio al dominio de estos últimos, quienes comienzan a tejer alianzas interprovinciales y a prometer que solventarán económicamente los gastos de las provincias que no pueden hacerlo por sus propios medios. Buenos Aires y Santa Fe, a la hora de realizarse la Convención, aparecen como sus cabezas visibles. De este modo, las diferencias producidas entre provincias del mismo signo político no se pueden leer linealmente como una disputa ideológica, sino que aquí hay una lucha dentro del espacio federal y puede definirse como de orden faccioso.

Un segundo aspecto que refuerza al primero es la mirada que tiene la administración cordobesa del sector unitario. Bustos, en su mensaje a la Legislatura, describe la tranquilidad que goza su provincia y la vigencia de sus leyes; al mismo tiempo, la República tiene a sus ojos esa misma paz luego de las victorias obtenidas por las armas federadas en Santiago, Vinará y Rincón, hechos en los que Córdoba tuvo en su opinión una parte sobresaliente. En este recreado escenario, el primer mandatario sostiene que en el presente sólo hay “pequeñas conmociones en Tucumán, efecto de no haber concluido los primeros autores de aquellos movimientos anárquicos promovidos muy especialmente por el gobierno de Salta, último vástago de esa funesta aristocracia, que tantos males causó a la patria en el año anterior, ha sido pasajera, cediendo a su misma impotencia”.43 Como puede apreciarse, el diagnóstico trazado por el hombre fuerte provincial consiste en ubicar a sus adversarios pro unidad como un actor que no se muestra poderoso y que no resulta temible. Ahora estamos mejor preparados para comprender por qué Bustos puede llegar a considerar que, ahora, la disputa no pasa por luchar contra los hombres pro unidad como en el año 1827, sino que tal confrontación por el poder puede trasladarse hacia el propio terreno federalista. Que esto es así lo prueba el hecho de que (luego de todas las resistencias mencionadas) la administración mediterránea decide integrarse a la Convención justamente cuando se produce el golpe de Estado de los grupos pro unidad en Buenos Aires, en diciembre de 1828.44 No obstante, es de notar que hasta el movimiento de Lavalle en Córdoba se mantenía la actitud hostil, proceso abruptamente trastocado por aquellas circunstancias. Las dificultades de este cambio de ánimo se evidencian en la situación que revela el intenso debate generado en el recinto legislativo a la hora de enviar estos diputados.45

Caso Salta

Esta provincia, como se ha dicho ya, es una de las más hostiles en relación con la idea de una nueva experiencia nacional con impronta federal.46 Tanto la prensa en Buenos Aires (el caso más notables es El Tiempo)47 como en Santa Fe reproducen diversos documentos oficiales en donde se expresa esta posición. Material, claro está, que es motivo de discusiones tanto en esas publicaciones periódicas como en las sesiones de la Convención. La diferencia que existe en las noticias publicadas en diarios pro unidad porteños y en El Argentino de Santa Fe,48 es que el segundo tiene la intención de dar a publicidad una posición oficial que considera útil dar a conocer y sobre todo discutir; en el primero resultan más numerosos y, más allá que comparte esa intención, además se esfuerzan por reproducir las discusiones vertidas en las sesiones legislativas, con el evidente propósito de poner especial énfasis en esta iniciativa que complica el accionar de la reunión en Santa Fe. El diputado Santiago Saravia, por ejemplo, en la sesión de 29 de febrero de 1828, expresó su posición con respecto al tratado de Brasil, postulando que es un error dejarlo en manos de un gobierno incapaz.49 Por otro lado, refiriéndose al caso salteño y cordobés, en una simple pregunta (casi con respuesta incluida) puede cifrarse su imagen negativa: “¿Qué puede una Convención cuyos diputados no tienen facultades ni para autorizar por sí mismos al gobierno que deba ratificar un tratado?”50 Las palabras y los argumentos salteños son muy parecidos a los que se puede advertir tanto en El Tiempo como en El Liberal de Buenos Aires. Lo que hacen es reforzar su propia retórica.

Ahora bien, ¿qué es lo que claramente se plantea en los documentos de esta provincia norteña que se reproducen en El Tiempo y en El Argentino? En primer lugar, su reivindicación del sistema de unidad impuesto en tiempos de la Presidencia y su rechazo inicial a la convocatoria hecha por Córdoba y Buenos Aires.51 En segundo lugar, presenta a las provincias una propuesta que denomina “otras bases para la Convención”. Ese plan que desean se ponga rápidamente en obra consta de seis artículos. Como ya seguramente adivina el lector, se trata de una iniciativa alternativa a la que encarnan los líderes federales de provincia. Su esquema argumental, como es de esperar teniendo en cuenta las afirmaciones contundentes ya comentadas, comienza con un diagnóstico obviamente diferente al planteado por los gobiernos provinciales federales. Cuestiona la idea tan divulgada por aquellas últimas administraciones de que los problemas comienzan con la experiencia de la Presidencia; por el contrario, a su juicio esos hombres “dejaron sus puestos y restituyeron a los pueblos los poderes que les habían confiado, dejándolos en plena libertad para disponer de sí”. Así, no puede seguir moviéndose esa alta ola de quejas y de lamentos porque a sus ojos no tienen ningún fundamento.

Luego de levantar este escenario previo señala la primera propuesta. Si las autoridades nacionales han cesado en sus funciones, el mismo camino deben recorrer las autoridades que corresponden a las áreas provinciales. De este modo, sostiene, una vez recibida la nota oficial de haberse instalado la Convención, “todos los Gobernadores que entonces existieren harán dimisión del mando en lo político y lo militar, a que no podrán ser reelectos hasta después que la Constitución se hallase puesta en ejecución.” Y, además, “todas las legislaturas actuales cesarán igualmente, y serán remplazadas por otras elegidas en la forma ordinaria”. Pues bien, ¿cómo se pondría en ejecución? Lo dicen concretamente. Para hacerlo efectivo debe realizarse una nueva elección de los gobernadores y, de esta forma, esa pasarela institucional debe ser transitada y estar a cargo de las “nuevas legislaturas”. Estos cambios, por cierto, son vistos como fundamentales, ya que de no respetarse propone directamente suspender las actividades de la Convención.52

Cumplidas entonces las exigencias de renovación política, sí se “procederá a formar una Constitución para la República bajo un sistema federal, en que se especificarán todos los cargos que deben estar sujetos los nuevos estados federales”. Esto es exactamente lo que se afirma en el artículo cuarto. El quinto, por su parte, explica que la nueva Constitución, así como la sancionada por el “Congreso General el 24 de diciembre de 1826, se remitirán al examen de las legislaturas”, quienes estudiando ambos documentos podrán finalmente decidirse por la que consideran más oportuna de acuerdo con sus intereses. Como se ve, y este es el aspecto más sobresaliente, y de nuevo la última palabra política queda en la boca de las provincias.53

¿Cómo puede interpretarse esta propuesta? A modo de conjetura puede pensarse que la postura salteña hace uso de dos recursos que pueden expresarse de este modo: uno de ellos es la estrategia de “ganar tiempo” a partir de las disposiciones y la lentitud en su realización institucional; el otro, es lo que podríamos definir como la imposición de un “resguardo institucional”, esto es, el uso de una instancia legal que permita garantizar la posición que se defiende.54

Podemos explicarlo de otro modo. Las autoridades de la provincia norteña tratan de ganar tiempo y para ello eligen el camino largo de la legalidad institucional. En un contexto desfavorable resulta un argumento perfectamente lineal a la voluntad popular completar varias fases institucionales: esto es, los cargos representativos actuales deben cesar y volver a ser elegidos. Es del todo probable suponer que con la estrategia de “ganar tiempo” se especule con la expectativa de influir en la opinión para lograr su apoyo, o bien se pueda preparar un movimiento de fuerza, como los que ya ocurrieron en algún momento tanto en Salta como en otras provincias, con el cual se pueda cambiar la base de fuerza de los grupos en disputa.

En una segunda etapa se supone que los funcionarios elegidos por todas las provincias finalmente votarán por una Constitución federal, según manifiesta el documento dado por los gobiernos provinciales organizadores, y como señalan los pactos interprovinciales (cuadro 2). La tercera fase es que la legislatura de cada lugar debe elegir entre la nueva Constitución federal y la anterior con impronta unitaria (la de 1826). Es aquí donde aparece el recurso del resguardo institucional, en la medida que la llave política que abre finalmente la puerta de entrada para la sanción de un código escrito es finalmente votada y legitimada en el ámbito de la soberanía provincial. Y es justamente en este momento y en esta instancia que la legislatura salteña puede rechazarla, sosteniendo que su voluntad no es la de constituir un código nacional federalista.

En suma, estamos en presencia de un escenario de contrastes, en un agitado movimiento político que se mueve en aguas con corrientes y contracorrientes: por un lado es posible advertir un intento concreto de organizar la nación desde varias provincias federales, donde se ponen en obra la iniciativa porteña y cordobesa con el envío de emisarios, la realización posterior de pactos interprovinciales, la puesta en obra de la Convención Nacional y la colaboración económica bonaerense, tanto para los gastos de las provincias con problemas financieros como el aporte de la imprenta para obras diferentes como la de las publicaciones periódicas en la batalla por las ideas; y por otro lado una contracorriente caracterizada por la política facciosa, que mezcla elementos diferentes: la defensa del sistema de unidad de Salta, la lucha por la hegemonía del federalismo por parte de Córdoba, que la hace disputar el poder con la Convención dominada por Buenos Aires y Santa Fe; el conflicto territorial de Corrientes y Misiones, que evoca la defensa de la soberanía y su interacción con el poder nacional expresado en la reunión de Santa Fe; y las quejas habituales (pero no menos importantes) de provincias como Catamarca, que buscan un sostén económico para poder negociar su ingreso.

¿Qué hacer con los unitarios luego de la caída de la Presidencia?

El lugar de los unitarios

El tratado entre Buenos Aires y Córdoba, que abre el camino a la reconstrucción de las provincias hacia una posible iniciativa de nación federal, tiene al mismo tiempo un acuerdo de carácter secreto. Sus pormenores son revelados con posterioridad por Manuel Moreno, en un opúsculo publicado en Londres. En una nota confidencial, firmada el 30 de agosto de 1827, Pedro Bustos le acercó un papel con cuatro nuevos artículos más de los ya estipulados, los cuales de aprobarse tendrían no un conocimiento público, sino reservado. Justamente en el primero puede advertirse cómo los federales no dejan pasar en silencio lo hecho por los unitarios en la experiencia de la Presidencia. Se señala directamente “la seguridad y permanencia en el país de toda persona que haya pertenecido al anterior gobierno y que haya cesado en sus funciones antes del 3 de julio”.55 Con extremada celeridad, el 31 de agosto Manuel Moreno le contesta que todos los artículos fueron aceptados. De este modo, en el mismo momento que se firma el tratado que se da a publicidad también se hace lo mismo con este último, el cual mantiene su anonimato. ¿Qué significado tiene ese artículo? Lo que queda claro es que los dirigentes políticos que participaron en la experiencia de la Presidencia pueden pasar por la pasarela judicial. Ahora bien, lo que no se define es cuándo se podría realizar ese acto y el modo en que debería hacerse. Son precisamente las provincias federales (esto es, las que impulsan la Convención hacia fines de 1827) las verdaderas responsables de adoptar esas decisiones cuando lo crean pertinente.

En este marco debe entenderse por qué desde la prensa federal porteña se presenta una retórica cuestionadora de la experiencia de la Presidencia, haciéndolos responsables, entre otras consideraciones, de ser los iniciadores de la guerra civil o de haber intervenido en el avasallamiento de los derechos de las provincias.56 Esta impugnación, si bien debe ser leída como una habitual forma de deslegitimar a los hombres que actúan detrás de las ideas de la unidad, es, al mismo tiempo, una muy nítida mención al espíritu de aquel artículo. Por ello no es casual que en esa retórica de rechazo se haga notar que sería conveniente, para no volver a esos viejos problemas, evaluar la posibilidad del juzgamiento de altos ex funcionarios unitarios.57

Si la actitud de las provincias federalistas es avanzar en un plan institucional del país, desde la tienda de los defensores de la unidad o aquellos que rodean de algún modo sus iniciativas presentes o pasadas, se presenta otra postura. La más notoria y pública es la defensa del sistema de unidad y el rechazo de la nueva propuesta federal. Este es el caso de Salta, ya señalado. Pero también es la perspectiva que puede leerse en la prensa pro unidad que reivindica abiertamente la experiencia de la Presidencia. Es permanente el paralelismo histórico que allí se establece entre esta última y la administración de Manuel Dorrego. La gestión militar y diplomática es, en ese sentido, un ejemplo elocuente. Mientras en mayo el Gobierno federal no pudo alcanzar la paz con Brasil, se sostiene que en los días de 1827 se festejaban victorias militares de primera importancia para el país.58 Incluso van más lejos, al afirmar que el manejo diplomático que realizó la gestión de Manuel García (en sus tratativas con los agentes portugueses) fue notoriamente más eficaz que el propuesto por el gabinete dorreguista.59

La guerra civil es otro nudo esencial de discusión, pues su responsable debe cargar las culpas del fracaso nacional. El Liberal impugna la idea de los federales del Correo Político, quienes señalan que la guerra civil comenzó con la caída de la Presidencia, al considerar que aquellos “no fueron sus autores” porque esa contienda bélica se inició y terminó en 1827 con ese experimento político. El problema, a sus ojos, es que tanto La Gaceta como el Correo Político (diarios federales) no aceptan que en 1828 empezó otra guerra civil distinta a la del año anterior. En este último año “se han batido en la Banda Oriental los valientes que debían haber ido a engrosar las filas de nuestro ejército y se han batido Sres.” Esos sucesos, concluye, no pueden llamarse de otra manera que “guerra civil y 1828”.60 Como es habitual en este tipo de prédica, que se manifiesta casi sin fisuras, tanta reivindicación y alabanza no puede, por cierto, concluir sin la afirmación de que la solución a los males del presente sólo podrá lograrse con una vuelta a los años que transcurren “entre 1821 y 1826”, la que denomina, para que no quede ningún tipo de duda, una “época feliz”.61

Un matiz de esta posición, lo cual sigue mostrando que se presentan intervenciones de distinto tenor, puede notarse en aquellos que muestran una postura de desconcierto o reacomodo. Y no es casual que la misma puede advertirse durante el periodo inmediato posterior a la Presidencia. Esta actitud de reacomodamiento se puede percibir en la carta de uno de los militares más salientes de la Presidencia, Araoz de la Madrid (quien es enviado al norte en un primer momento y luego ocupa por la fuerza la gobernación de Tucumán), cuando envía una carta a su adversario federal Facundo Quiroga señalando que acabada la experiencia de Rivadavia, principal obstáculo entre ambos, pueden ahora confraternizar, convivir en una nueva etapa histórica.62

Como se ve, el lugar de los unitarios de la Presidencia ocupa un espacio en el paisaje político posterior a su derrumbe. Llegados a este punto, no es extraño entonces que surja casi inmediatamente a la caída de aquella experiencia política el tema de qué hacer con ellos. La pregunta que los papeles públicos señalan es doble: por una parte la cuestión que está arriba de la nueva mesa política es si los militantes del unitarismo que colaboraron en la gestión presidencialista deben ser juzgados. Como se ha señalado, a los ojos de los diferentes contingentes federales esos grupos de opinión se han deshonrado al forzar una organización nacional que los pueblos de las provincias no aceptaron, y por este motivo primero mostraron su descuerdo y luego se revelaron, provocando rápidamente un clima de guerra civil y, a fin de cuentas, la caída del edificio del Poder Ejecutivo Nacional. La interrogante más frecuente es la de si merecen un castigo y, en caso afirmativo, ¿cómo debe procederse y cuál es el tiempo o el momento en que debe realizarse? Por otra parte, un segundo orden del problema remite a la actuación actual de los que hacen política dentro de ese mismo espacio de opinión. Aquí la preocupación alude a si es necesario contestar sus propuestas y, al mismo tiempo, si algunos de sus cuestionamientos, considerados “verdaderas ofensas”, merecen también una sanción.

La mirada de un diario de Santa Fe

Juzgar e inmovilizar políticamente al “otro” unitario. La postura del Vete Portugués que aquí no es. Su redactor, Francisco Castañeda, considera que quienes opinan que debe someterse a juicio a los unitarios de la Presidencia caída, como es el caso de El Argentino,63 dejan abierta una ancha puerta para la entrada de cualquier tipo de arbitrariedad, las cuales evocan la denominada “reacción” o “revoluciones” (se refiere al acceso a los poderes provinciales basados en la violencia); de ahí que a sus ojos sería oportuno que los que fomentan o fomentaron estas ideas transiten directamente por el camino judicial. En este esquema interpretativo no se establece ninguna diferencia entre los integrantes de este contingente político, que ya hicieron su experiencia gubernamental (1824-1827), y quienes actúan ahora en el abundante presente.

Su postura también parte de un diagnóstico. Los errores de la Presidencia señalados hasta aquí forman parte de sus columnas. No voy a insistir en ellos. No obstante, algunos cuestionamientos resultan más importantes que otros y se diferencian de los discursos de la misma franja —que podemos llamar pro Convención—. A su juicio, las principales equivocaciones fueron cometidas en materia religiosa. “El Presidente, se desplomó oprimiendo con su mismo peso a los ateístas de su círculo”. Para mañana o pasado mañana, su ruina política aleja a sus ojos cualquier tipo de temor y de posibles amenazas. Para nuestro cura, por este motivo, de ahora en adelante “la religión nada tiene que temer ya de unos hombres insignificantes y que efectivamente serán a su tiempo residenciados como reos que son de la nación.”64 De esta forma, por un lado, resulta oportuno destacar que este tipo de argumento no es extraño en su línea discursiva, pues continúa la sostenida durante el periodo de reformas religiosas de los primeros años veinte;65 sin embargo, sí es diferente al sostenido en El Argentino de Santa Fe o el Correo Político de Buenos Aires, donde no se apela de manera directa a cuestiones relativas a la religión. El otro punto que lo distingue de este último diario es la idea del castigo ejemplar para los ex funcionarios presidencialistas que,66 por otro lado, aparece como la única solución —o “primera medida de precaución”— que para Castañeda deben adoptar todas las provincias presentes en la Convención Nacional.67 Su principal finalidad es lograr una medida de ejemplaridad, lo cual “servirá para que sea más expectable el escarmiento” y, al mismo tiempo, evitar que “se repitan en América atentados de esta especie”.

La segunda medida de precaución se vincula con la primera. En ella considera que es necesario no mover las aguas del poder vigente en las provincias. De esta manera sostiene “que hasta que se verifique la tal residencia no se mude un solo gobierno en todas las provincias”, y si es posible que “se suspenda” todo acto electoral para evitar que “los residenciados ocasionen algún trastorno para burlar a la nación como lo tienen de costumbre”. Como habrá advertido el lector, una y otra vez se hace referencia a la posición ya señalada de la legislatura salteña. El contraste no puede ser mayor. Si estos últimos quieren que todos los hombres de poder de las provincias renuncien a sus cargos (recordemos que la mayoría son de impronta federal), como lo hicieron los hombres de la Presidencia, para poder de alguna forma, como se dice, barajar y dar de nuevo; nuestro cura-escritor, por el contrario, quiere que sólo se juzgue y castigue a los responsables de la política unitaria anterior, los funcionarios, pero también a los hombres de la prensa de esa época que divulgaron sus ideas y, al mismo tiempo, se les prohíba cualquier posibilidad de acceder nuevamente al poder.

Esta postura inicial del padre franciscano, que puede cifrarse en la fórmula juzgar e inmovilizar al enemigo, se extiende también, como ya señalamos, a los unitarios que por esos días tienen influencia pública. Así surge, en su opinión, una segunda fórmula: el peligro político es la reacción de los jacobinos unitarios. Este contingente político, según el Vete Portugués, reúne una serie de características que los alejan del pueblo y los acercan a la ilegalidad y a las ideas de la reacción: son violentos, no respetan la ley, ni la voluntad popular; son pocos —no son populares sino elitistas—; emplean palabras vacías con el objetivo de manipular al pueblo, y por este motivo podría trazarse la figura de los demagogos: son pro-monárquicos y muestran actitudes propias de ambiciosos tanto por el poder como por el dinero.68

Los sectores pro unidad sólo pueden tener poder por la fuerza, sus diputados sólo desean perpetuarse en sus cargos, pero nunca lo hacen a través del voto público. Por eso incentivan puntos de reacción.69 Con cierta dosis de preocupación sostiene que “cada vez que registro los números de El Tiempo y demás periódicos empeñados en cruzar las medidas que toma la administración actual, no puedo menos de recelar que amenaza”, sin duda, “alguna reacción bastante poderosa”.70 Este peligro, a sus ojos, es aún más grave porque quienes deben combatirla la subestiman abiertamente al no tomarlas en cuenta. Su accionar lo imagina no sólo en el interior de algunas provincias, sino también en ciudades del exterior del país, por lo cual en su opinión no son simples gestos retóricos, “no son manotazos de ahogado, como muchos piensan”.71

El empleo de la violencia está directamente vinculado a su escaso peso en la preferencia popular. “Sabemos que los de la constelación son muy pocos, sabemos que no cuentan con las masas”.72 ¿Cómo intenta este grupo político resolver este punto tan básico y elemental en un periodo donde la fuente de la soberanía radica en la voz del pueblo? La alternativa para ellos, según señala Castañeda, es colocar el mayor peso de las decisiones de poder en aquellos que están preparados por su poder y saber, es lo que en los papeles públicos se conoce con la expresión los que tienen “opinión”. Por ejemplo, en las páginas de El Liberal, recorriendo el sentido de este argumento, es materia frecuente y casi cotidiana el señalamiento sobre la carencia de hombres ilustrados tanto en el gabinete dorreguista73 como en la Sala de Representantes.74 Esta mención no es casual, la señalo porque es justamente la publicación periódica que elige el Vete Portugués como blanco predilecto de sus cuestionamientos.

Así, desde esta última tribuna se cuestiona a El Liberal, en tanto sostiene que “la opinión está en los hombres decentes” y, al mismo tiempo, se afirma que esto es así por una razón muy simple, “porque no estando ilustradas las masas es un desatino el creer que estas pueden tener opinión propia”.75 Las masas, en la opinión de Castañeda, siempre tienen el problema de que son captadas por grupos que las manipulan, amparándose en su ignorancia. Las masas “no conociendo en qué consiste ni la verdadera libertad, ni el todo de sus goces no es extraño que se dejen alucinar de aquellos que tienen el arte de confundir con ellos, seducidos por el uso de las palabras huecas, de promesas agradables”.76 Este último argumento encierra la figura del demagogo que ya señalamos. El tercer aspecto que cierra este círculo de sentido es que con este tipo de razonamiento de los unitarios (y aquí evoca directamente a Rivadavia), las masas deben estar subordinadas a la opinión de los hombres decentes (unitarios) y, por un simple deslizamiento de sentido, la voluntad popular, la fuente de soberanía de los nuevos tiempos, debe estar sometida a esos hombres decentes e ilustrados.77

Como se ve, el problema para nuestro cura-escritor es triple: la falta de ilustración del pueblo, la imposición de la “opinión” por parte de un pequeño grupo de dirigentes políticos por encima de la voluntad popular, y su aprovechamiento por parte de los grupos unitarios a partir del empleo de una retórica vacía. Bien podría decirse, utilizando una metáfora literaria, que los partidarios de la Presidencia —y sus voceros de prensa como El Liberal— creen, a los ojos de nuestro padre franciscano, que todavía pueden construir una realidad distinta sólo con palabras. Pero ese intento es propiedad exclusiva de la literatura. La política es posible sólo cuando las palabras y las cosas reconocen cierta conexión.

Una vez más llegamos a un punto que se repite en el esquema argumental del Vete Portugués: las ideas, los valores y los ideales de la religión fueron tumbados por las ideas modernas de los jacobinos locales que copian a Rousseau y a otros escritores; la única alternativa es derribar a estas últimas y volver a tomar el camino de la religión. Hay aquí una línea implícita al orden colonial, son a sus ojos los hombres de la Iglesia quienes deben ser considerados como los atentos vigilantes del orden estatal, que, desde 1810, está contaminada por dirigentes que copian las nuevas ideas de la Revolución francesa.78

A su juicio, lo que se presenta aquí es una “crisis de ideas”,79 en el sentido amplio que lo plantea Giovanni Sartori, la cual alude a una crisis de entendimiento y a una crisis del saber. El vocablo ideas no evoca de esta manera “cualquier cosa que nos pasa por la mente”. Son aquellas que importan porque justamente modifican el devenir de los hombres, el curso histórico. En los hechos, como dice el cientista político italiano, “los verdaderos y grandes problemas del mundo real están a la deriva, mal entendidos y, aún más, peor enfrentados”. Como se ha visto a lo largo de estas páginas (y también las que hemos analizado en otro estudio), en el caso de nuestro cura algunas de las ideas mal entendidas son, por ejemplo, las que encierran los fundamentos esenciales de la Revolución de Mayo (cuyo principal pilar es, a sus ojos, la religión católica) o de la soberanía popular, que permite actuar caprichosamente a los hombres de gobierno sin la guía de principios y valores considerados básicos, las cuales se repiten insistentemente en su discurso. Como ya sabe el lector, es justamente aquí donde resulta operativa la fórmula de juzgar e inmovilizar a los enemigos presentes.80 Siempre todo conduce al mismo camino. La alternativa de hierro es tomar “medidas de precaución o acaban con todo”.81

Como se ve, la postura de Castañeda es un punto diferente y, en otro, resulta parecida a la de El Argentino y el Correo Político porteño. Es diferente en cuanto considera que hay que juzgar y condenar sin distinción alguna a los hombres pro unidad de la época presidencial y a los que hacen política en el presente, pero también cuando coloca como un ingrediente clave en su trama discursiva lo que considera un maltrato a la religión (sus instituciones y sus hombres) durante los años de la Presidencia y los años previos a ella. Sin embargo, tiene con aquellos diarios cierto aire de familia, en cuanto considera que la administración de Dorrego debe actuar con ejemplaridad, juzgando a los hombres pro unidad que actualmente actúan no tanto a manera de grupos políticos locales o nacionales, sino como “enemigos”.

A modo de conclusión

Este trabajo no comparte el criterio de aquellos que dejan entrever que luego de la experiencia de la Presidencia (y hasta los días de la conformación de la Liga Federal y la del Interior) se levanta un escenario donde prima el desorden político y el vacío de poder. Como una especie de punto de partida, compartimos la postura de otros historiadores que propusieron hace tiempo la hipótesis de que aquí se presenta un nuevo experimento político, cuyo eje está puesto en la voluntad de las provincias federales, basado en la reconstrucción del poder interprovincial. Teniendo presente esta última línea interpretativa, mi foco de interés (y la de otros de mis estudios paralelos) es avanzar sobre la idea que consiste en pensar que por esos días hay una iniciativa (un trabajoso intento, digamos) de organizar un poder nacional federal. Por tal motivo, en la primera sección de este estudio fue necesario señalar algunos de los aspectos centrales de ese propósito provincial: el envío de emisarios para buscar la adhesión de los gobiernos provinciales, la concreción de distintos pactos y acuerdos interprovinciales cuya meta es organizar un poder nacional federal, la apertura y realización de una Convención Nacional como paso previo a la convocatoria de un Congreso Constituyente. Bien podríamos afirmar que aquí se percibe una primera fase, lo que denominamos un momento de inicio de organización en la construcción de un poder nacional impulsado por algunas provincias federales. En este contexto organizativo observamos dos fenómenos muy importantes. Por un lado, considero que si bien es predominante la franja federal hacia el interior de estas unidades provinciales, no es del todo compacto ese predominio (como postulan algunos especialistas), y por ello tal iniciativa de nación no se concretó (ni se concretará) con la celeridad que prometían los primeros papeles de pactos interprovinciales. Por otro lado, se presenta casi de inmediato una incesante y creciente lucha facciosa que atraviesa las fronteras político-ideológicas (federales y unitarios), y con distintos niveles de dificultades a las distintas unidades provinciales, determinando, con el correr del tiempo, dificultades serias en esta iniciativa que al final derivó en una obra inconclusa.

La lucha facciosa no es lineal, no siempre es entre unitarios y federales, sino que de algún modo es múltiple y diversa; esto es, tanto de federales como de unitarios que ponen en jaque cualquier posibilidad de éxito a esa experiencia. Además, hay otros factores, como la oportunidad para exigir recursos a fin de poder asistir a la reunión nacional o bien las disputas por las soberanías locales (es el caso de la tensión entre Misiones y Corrientes).

Como producto de esa lucha facciosa y de la tendencia a gobernar el dominio público, en él surge la disputa por la idea de nación y por el lugar de los unitarios, la cual forma parte de la retórica de la batalla política en la prensa y en el recinto convencional. En otro lugar he tratado de probar que hay distintas ideas de organizar a las provincias:82 la idea de provincialismo, que consiste en refugiarse dentro de la frontera local hasta que se presenten mejores condiciones que posibiliten imaginar una unión de tipo nacional, impulsada por diarios pro unidad de Buenos Aires; la vuelta a la Constitución de 1826, que propiciaba un sistema centralizador del poder desde Buenos Aires, como la defiende en algún momento Salta; y aquélla que goza de más fuerza en los días pos Presidencia: la que quiere una organización nacional de matriz federal y puede cifrarse en los pactos interprovinciales y en las instrucciones de los diputados de la Convención. El panorama, como puede apreciarse, es amplio y no es necesario esperar a la disputa entre la Liga Federal y la del Interior para observar esa batalla de ideas.

El lugar de los unitarios, uno de los temas que hemos tratado aquí, queda abierto a partir de un artículo incluido en un pacto interprovincial que abría la posibilidad de juzgar a los hombres de la Presidencia, el cual originó un interesante debate en la prensa santafesina que tendrá como resonancia última no sólo a este contingente político que podría atravesar la pasarela judicial, sino el cuestionamiento hacia la administración federal porteña por el papel que juega en este trámite.

Como se ha tratado de comprobar, el tema de los unitarios es relevante en la arena pública porque, ciertamente, se presentan como un actor que tuvo una gravitante experiencia previa y tiene aún en ese presente su espacio de incidencia. Lo que es interesante resaltar aquí es cómo su lugar tiene, por parte de los distintos actores, un diagnóstico y una actitud diferente. Hay por lo menos tres posturas diferentes. Mientras Córdoba no percibe a los unitarios como un sujeto capaz de poder incidir en la escena. Por este motivo puede conjeturarse que aquí estaría una de las claves por la cual, luego de pactar con Buenos Aires el inicio de la Convención Nacional, se pone en la vereda de los que resisten a integrarse a ella. Bien podría decirse que hay aquí una especie de disputa de poder por la hegemonía del federalismo nacional, y, por este motivo, no acepta el dominio que tienen allí Buenos Aires y Santa Fe. Por su parte, Dorrego no tiene una situación de estricta adhesión en su provincia. Es cuestionado permanentemente por la prensa pro unidad, y es interpelado por este motivo por la prensa federal porteña y de Santa Fe, ya que se muestran alarmados por esos gestos públicos y por la inacción del gobernador porteño. Aquí se conjeturar que, o bien no lo hace porque subestima el poder de fuego de estos grupos —no los cree adversarios de temer—, o bien porque considera que no tiene fuerza suficiente para enfrentarlos y ponerlos en su lugar. Una tercera perspectiva es la que ya empezamos a enunciar, remite a la prensa porteña y a la santafesina. El diagnóstico que exhiben es claro, los unitarios actúan como una suerte de fuerza enemiga y pretenden desestabilizar e invalidar la legitimidad tanto de la administración dorreguista como de la Convención de Santa Fe. La respuesta es recorrer el sendero de la acción por parte del gobierno porteño y para ello no escatiman esperanzas de que sea un castigo ejemplar, con miras a evitar que vuelvan los días de la experiencia de la Presidencia.

Esa disputa de argumentos tiene su importancia no sólo en la lucha facciosa de esos días agitados, donde los grupos pro unidad resistieron por la prensa y por los gabinetes provinciales que simpatizaban con ella (como es el caso de Salta), sino que tuvo su punto culminante a comienzos de diciembre de 1828 en el golpe militar protagonizado por Juan Lavalle en Buenos Aires,83 que determinó un punto de inflexión en la vida de la Convención Nacional (a partir de allí ya no hubo intentos serios de seguir con la idea de organizar una nación federal) y en un cambio radical en el tablero político nacional que hizo que en un breve periodo se desarrollara una guerra civil en la provincia de Buenos Aires y, poco tiempo después, el derrumbe del federalismo cordobés en manos de José María Paz. A esa altura de las cosas, con el derrocamiento y el posterior fusilamiento de Dorrego y la salida del poder provincial de Bustos (los promotores de este experimento político), la escena de las provincias se torna muy diferente a aquella con que iniciamos este trabajo.

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Autor: Fabián Herrero, Universidad de Buenos Aires/Conicet (Instituto Ravignani) Argentina. Agradezco la gentileza de Valentina Ayrolo por haberme facilitado los documentos pertenecientes a la provincia de Córdoba.

  1. Sobre este periodo véase Marcela Ternavasio, “Las reformas rivadavianas en Buenos Aires y el Congreso General Constituyente”, en Noemí Goldman, Revolución. República, Confederación (1806-1852), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, t. III, 1998. []
  2. Marcello Carmagnani, Federalismos latinoamericanos: México, Brasil, Argentina, 1993; Antonio Annino, Luis Castro Leiva, François Guerra, De los imperios a las naciones. Iberoamérica, 1994; François Guerra, Annick Lemperiere et al., Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y XIX, 1998; Hilda Sábato (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, 1999; José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de las independencias, 2004. []
  3. José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), 1997; Rubén Darío Sala, Lenguaje, Estado y poder en el Río de la Plata (1816-1827), 1998; Juan Carlos Garavaglia, Construir el Estado, inventar la nación. El Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, Buenos Aires, Prometeo, 2007; Raúl Fradkin, ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia popular de la Revolución de Independencia en el Río de la Plata, 2008; Sara Mata y Zulma Palermo, Travesía discursiva: representaciones identitarias en Salta (siglos XVIII-XXI), 2011; Gabriela Tío Vallejo, La República extraordinaria. Tucumán en la primera mitad del siglo XIX, 2011; Marcela Ternavasio (dir.), De la organización provincial a la federalización de Buenos Aires (1821-1880), 2013; Arrigo Amadori y Mariano Di Pascuale, Construcciones identitarias en el Río de la Plata (siglos XVIII-XIX, 2013). []
  4. Los negociadores del tratado fueron Francisco Ignacio Bustos (sobrino del gobernador) y, por Buenos Aires, Manuel Moreno. Emilio Ravignani, Historia constitucional de la República Argentina, 1927, t. III, p. 314. Véase además nota 10. []
  5. Desde la prensa federal porteña se admite que son atendibles las objeciones que aluden a la distancia de las provincias con relación al lugar de la reunión y, sobre todo, a los gastos. “Continúa el artículo Convención Nacional”, en Correo Político, 18 de enero de 1828. Se mantiene informado a los lectores sobre la ausencia de algunos diputados, señalando el caso de Salta y, al mismo tiempo, que algunas provincias como Catamarca promete mandarlos a tiempo. “Sin título”, en Correo Político, 18 de febrero de 1828. Desde Buenos Aires hay un permanente reclamo para que la Convención funcione con rapidez y eficacia. Esta preocupación se advierte desde los días de comienzos de 1828, cuando los diputados de Buenos Aires y Córdoba llegan a Santa Fe. “Interior. Convención Nacional”, en Correo Político, 7 de enero de 1828. Véase además “Convención Nacional”, en Correo Político, 11 de enero de 1828. []
  6. El presidente del cuerpo, por ejemplo, afirma que era urgente adoptar alguna medida decisiva porque la permanencia de los representantes “causaba grandes erogaciones al tesoro público”. Vuelve de este modo sobre el tema de los fondos y la necesidad de que la Convención cumpla con sus objetivos, la preparación para un Congreso Constituyente y que nombre un poder ejecutivo provisorio. Sesión del 4 de noviembre de 1828, Publicación Oficial del Gobierno de la Provincia. Representación Nacional en Santa Fe, 1828-1829. Actas y otros documentos, Santa Fe, s/f: 30 (en adelante RNSF). []
  7. En varias sesiones legislativas se discute el tema de los viáticos y dietas de sus diputados, los cuales son aprobados en octubre de 1827. Archivo de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, t. II, años 1826-1827, 1912, 425 y 432 (en adelante AHCDPC, t. II). []
  8. “Continúa el artículo Convención del número anterior”, en Correo Político, 14 de enero de 1828. []
  9. Idem. Véase además, “Interior. Convención Nacional”, en Correo Político, 7 de enero de 1828. “Convención Nacional”, Correo Político, 11 de enero de 1828. Sobre los grupos e ideas de la Unidad y las vertientes federales pueden mencionarse distintos trabajos. Jorge Gelman, “Unitarios y federales. Control político y construcción de identidades en el primer gobierno de Rosas”, en Anuario IEHS, núm. 19, 2004. Nora Souto, “Unidad/Federación” en Noemí Goldman (ed.), Lenguaje y revolución. Conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, 2008; Valentina Ayrolo, “El sermón como instrumento de intermediación cultural. Sermones del federalismo cordobés, 1815-1852”, Nuevos Mundo Mundos Nuevos en línea [http//nuevomundo.revues.org/index57521.html], 2009; de la misma autora, “El federalismo argentino interrogado (Primera mitad del siglo XIX)”, en Locus, vol. 36, n. 1, agosto 2013, pp. 61-84; Fabián Herrero, “Los unitarios convertidos en federales y la organización de la nación. Buenos Aries, hacia 1830”, en Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, tercera serie, núm. 30, 2008; del mismo autor, Federalistas de Buenos Aires, 1810-1820. Sobre los orígenes de la política revolucionaria, 2010; Movimientos de Pueblo. La política en Buenos Aires, 1810- 1820, 2012; “Interpretaciones historiográficas y la intervención de un diario de Santa Fe sobre un fenómeno de impacto nacional. El golpe de mano de Juan Lavalle en diciembre de 1828”, en Actas de IX Jornadas de Investigadores del Departamento de Historia de Mar del Plata, noviembre 2012; Ignacio Zubizarreta, Los unitarios. Faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y vínculos en una agrupación política decimonónica, 1820-1852, 2012. []
  10. Sobre las experiencias de las Asambleas nacionales y los distintos episodios ocasionados por la adopción o no de las instrucciones, véase José Carlos Chiaramonte, op. cit., pp. 215-231. []
  11. Las instrucciones de algunas de las provincias que se expresan de ese modo pueden leerse en RNSF, pp. 225-232. La legislatura de Córdoba en muchas sesiones del mes de octubre de 1827 decide sus instrucciones y aclara que debe sancionarse una constitución federal de acuerdo a las leyes sancionadas en la provincia en 1820 y 1826. AHCDPC, t. II, pp. 397-419. Bustos, por su parte, sostiene en abril de 1828 en la legislatura cordobesa que la Convención va a sancionar un gobierno federal porque las provincias así lo desean y por eso es importante lograr instituciones federales. En este sentido, hace un llamado a los legisladores para que trabajen en el bien de las instituciones de la provincia, “que sistemado ya el régimen federal en el uniforme deseo, y la manifestación de la mayor parte de las provincias de la república, se cree fundadamente será sancionado por los representantes en congreso o convención; circunstancia que hace tanto más necesario la mejora de las instituciones interiores […]” Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura, t. I: 1828-1847, Centro de Estudios Históricos, Córdoba, 1980, p. 5. (en adelante Mensajes). []
  12. “Sin título”, El Liberal, Buenos Aires, 28 de febrero de 1828. “Convención”, en El Liberal, Buenos Aires, 28 de febrero de 1828. []
  13. “Convención”, en El Liberal, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1828. []
  14. “Interior. Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1828. Véase además, “Interior. Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1828. []
  15. Bustos en su mensaje a la legislatura del mes de abril señala que en la Convención de Santa Fe, en abril solo están Buenos Aires y Córdoba, sosteniendo la necesidad de que las otras provincias concurran. Sostiene que ignora porque se ha producido “este estancamiento”, afirmando al mismo tiempo que hace todo el esfuerzo para lograr la “nacionalización del país”. Mensajes, pp. 3-4. []
  16. “Interior. Convención Nacional”, Correo Político, 7 de enero de 1828. []
  17. “Convención Nacional”, en Correo Político, 11 de enero de 1828. []
  18. “Concluye el artículo Convención Nacional”, en Correo Político, 21 de enero de 1828. Sin matices se afirma que los federales han triunfado sobre los unitarios, por las fuerzas de su ejército y porque es la voluntad de los pueblos. Se admite que, en otros tiempos, los federales eran pocos, pero la gente fue entendiendo que es lo mejor. “Continúa el artículo Convención del número anterior”, Correo Político, 14 de enero de 1828. []
  19. “Contingentes para la guerra”, en Correo Político, 9 de enero de 1828. “Ejército de Operaciones”, en Correo Político, 11 enero de 1828; “Guerra”, en Correo Político, 21 de enero de 1828. “Veinte de febrero”, en Correo Político, 20 de febrero de 1828. “Notable”, en Correo Político, 28 de enero de 1828. “Interior. Los editores”, en Correo Político, 4 de febrero de 1828. “Al que no se alucina”, en Correo Político, 19 de marzo de 1828. []
  20. “Elecciones”, en El Tiempo, 7 de mayo de 1828. “Estado actual de Buenos Aires”, en El Tiempo, 13 de mayo de 1828. “La Representación que sigue fue presentada antes de ayer a la honorable Sala de la provincia”, en El Tiempo, 14 de mayo de 1828. “Sin título”, en El Tiempo, 16 de mayo de 1828. El Tiempo es muy terminante con la ley de imprenta sancionada el día 10. “Opinamos que este día debe contarse entre los más funestos para Buenos Aires.” “Ley de imprenta”, en El Tiempo, 16 de mayo de 1828. “Libertad de imprenta”, en El Tiempo, 13 de mayo de 1828. Señala, además, que un diario francés que se edita en Buenos Aires, Le Censeur, acaba de cerrar por temor a la nueva Ley de Imprenta. “Sin título”, en El Tiempo, 16 de mayo de 1828. []
  21. “Interior. Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1828. “Buenos Aires”, El Liberal, Buenos Aires, 1 de octubre de 1828. []
  22. “Libertad de escribir”, en El Liberal, Buenos Aires, 23 de mayo de 1828. “Libertad de escribir”, en El Liberal, Buenos Aires, 24 de mayo de 1828. “Libertad de escribir”, en El Liberal, Buenos Aires, 27 de mayo de 1828. “Libertad de escribir”, en El Liberal, Buenos Aires, 29 de mayo de 1828. []
  23. “Sin título”, en El Liberal, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1828. El tema es interesante porque vuelve sobre uno anterior, donde se daba la noticia que la frontera del sud fue asolada por bárbaros. Para hacer frente a este problema el gobierno puso al frente de las fuerzas al coronel Juan Manuel de Rosas, el diario dice que no tiene ninguna objeción sobre sus cualidades como persona y militar, pero que le parece que hubiera sido mejor designar al coronel Federico Rauch, cree que los resultados serían más felices porque ya a enfrentado con éxito varias veces a “estos salvajes” y “ellos seguramente no lo habrán olvidado”. La disputa aquí, puede conjeturarse, es entre un militar pro federal como el primero o bien pro unidad como es el segundo. []
  24. “Sin título”, en El Liberal, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1828. “Sin título”, en El Liberal, Buenos Aires, 19 de septiembre de 1828. “Mi canto de paz”, en El Liberal, Buenos Aires, 24 de septiembre de 1828. []
  25. “Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1828. []
  26. Sobre el periodo de gobierno de Dorrego puede consultarse, Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de mayo y el rosismo, 2007, pp. 255-309; Raúl Fradkin, ¡Fusilaron a Dorrego! O cómo un alzamiento rural cambió el rumbo de la historia, 2008. []
  27. Fabián Herrero, op. cit., 2012. []
  28. “Documentos oficiales”, en Correo Político, 28 de enero de 1828. “Acta”, en Correo Político, 28 de enero de 1828. []
  29. Sesión 24 de septiembre de 1828, RNSF, p. 19. []
  30. “Misiones”, en El Liberal, Buenos Aires, 9 de septiembre de 1828. []
  31. “Interior”, en El Liberal, 10 de septiembre de 1828. Véase además, “Sin título”, en El Liberal, Buenos Aires, 9 de septiembre de 1828. “Interior”, en El Liberal, Buenos Aires, 19 de septiembre de 1828. Una carta de Frustuoso Rivera al mando del gobierno de Misiones, al gobernador de Santa Fe, le explica todos los males que causó Oribe, por ejemplo, hizo prisioneros, fusilamientos, etc. Le pide a los gobernadores que castiguen a este militar como corresponde. “Interior. Misiones”, en El Liberal, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1828. []
  32. En su justificación invoca el “derecho de guerra y el de gentes”, señala que por formar parte de la República Argentina no va a permitir que gente que no es de su jurisdicción cometa esos abusos. El encabezado del decreto dice: “Fructuoso Rivera Brigadier General de la República Argentina, y encargado eventual y provisoriamente del mando político y militar de la provincia de Misiones.”. “Interior. Misiones”, en El Liberal, Buenos Aires, 18 de septiembre de 1828. []
  33. “Interior. Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 24 de septiembre de 1828. []
  34. Valentina Ayrolo, “La construcción de un sistema político alternativo. Córdoba durante el gobierno de Juan Bautista Bustos, 1820-1829”, en Jaime Peire (comp.), Actores, representaciones e imaginarios. Nuevas perspectivas en la historia política de América Latina: homenaje a François Xavier Guerra, 2007. []
  35. “Córdoba”, en El Tiempo, 8 de mayo de 1828. []
  36. A pocas semanas del pacto Buenos Aires-Córdoba, ya mencionado, los cuestionamientos sobre los comportamientos del gobierno de Bustos con respecto a la idea de organizar la nación, son puestos en duda en la ciudad porteña, desde los días en que se convoca la Convención. Entre otras críticas se sostiene que los cordobeses no son confiables porque no respetaron la reunión nacional anterior, que siempre envidiaron los recursos de Buenos Aires, sus políticas son apoyadas por “gauchos y pulperos” y no por “hombres cultos”, todos hechos que hacen dudar de su actitud en la Convención nacional prometida. Véase, “Congreso”, en The British Packet, 13 de octubre de 1827, pp. 143-144. []
  37. Esa ley ha venido a “desengañar” al gobierno de Buenos Aires, que los cordobeses “no tienen fidelidad en los compromisos”, prueba que ellos quieren hacer política nacional como ellos quieren, “[…] hacer de cualquier modo al Sr Bustos jefe de una nación, de cualquier modo organizarla.” “Esta ley desengaña de lo que puede esperarse de esa Convención, que nuestro Gobierno tiene tanto empeño en reunir” “Córdoba”, El Tiempo, 8 de mayo de 1828. []
  38. “Sesión 31 de julio 1828”, RNSF, p. 1. En la sesión del 10 de octubre de 1828, pero en este caso de la legislatura de Córdoba, sus diputados de la Convención ratifican que “solo cinco provincias instalaron la Convención”. Se expuso también allí una minuta de la legislatura rechazando la instalación y apoyando la postura de sus diputados de no integrarse. Archivo de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, t. III, años 1828-1830. Córdoba, Editora Minerva, 1912, p. 108 (en adelante AHCDPC T III). []
  39. Sesión 19 de septiembre de 1828, RNSF, p. 13. []
  40. Idem. []
  41. Sesión 24 de septiembre de 1828, RNSF, p. 19. []
  42. Véase sesiones de 24 de noviembre, 2 de diciembre, 6 de diciembre de 1828. AHCDPC t, III, pp. 121, 122, 130. []
  43. Mensajes, pp. 1-2. Posteriormente, vuelve sobre la idea que hay tranquilidad en el país, más allá que Salta quisiera seguir con la “efusión de sangre americana”, “estos amagos han cedido”. Mensajes, p. 3. []
  44. “[…] se leyó una nota del Gobierno de Córdoba fecha 10 del presente, en que con motivo del trastorno político que ha tenido lugar en Buenos Aires exita el zelo de los SS.DD. a proceder con energía en la adopción de medidas capaces de cruzar los proyectos incendia rios de los autores de aquel movimiento; y les anuncia que muy en breve estarán aquí los DD por la provincia de su mando que en sustitución de los SS Castro y Salguero ha dispuesto se nombren, la H. Comisión permanente de la Legislatura en decreto de siete del mismo mes.” Sesión 15 de diciembre de 1828, RNSF, p. 49. []
  45. En la legislatura se trata el nombramiento de nuevos diputados a la Convención “debido al movimiento anárquico de bs as”. Se discute la señalada “minuta”, el debate “es ardoroso” y por eso se suspende la sesión. Es interesante destacar que algunos diputados no quieren seguir “el asunto hasta que no sea una información por conductos naturales”. Sesión 10 de diciembre de 1828 (extraordinaria). AHCDPC t, III, p. 134. Al día siguiente se aprueba la minuta, pero hay todavía reparos y la discusión muestra los conflictos ya señalados. Sesión 11 de diciembre de 1828 (extraordinaria). AHCDPC t, III, p. 140. []
  46. Sobre las escenas de conflicto y de extrema violencia durante toda la década de 1820, Sara Mata, “Conflicto y violencia en tiempos de crisis. Salta (Argentina) después de la guerra de independencia. 1821-1831”, VIII Congreso de Etnografía, Sucre, junio 2011. Sobre la presencia poderosa de los unitarios en el poder, pero también sobre sus dificultades, sus tensiones, sus contradicciones y, al mismo tiempo, sus vínculos cambiantes con Buenos Aires, véase Mariano Di Pasquale, “La gestión de Álvarez de Arenales. Presencia del rivadianismo en Salta (1824-1827), en Revista Complutense de Historia de América, vol. 35, 2009, pp. 209-231; Marcelo Marchionni, “’El proyecto unitario’ en Salta y la dinámica política regional en la década de 1820”, en XII Jornadas de Investigación y Docencia de la Escuela de Historia, 2011. []
  47. Este diario reproduce una serie de documentos de gobierno y legislativo de esta provincia, en ellos aluden a su decisión de reivindicar el sistema unitario de la Constitución de 1826, a la idea de concurrir a la Convención de Santa Fe y, propone una iniciativa alternativa a la presentada por sus organizadores, “Salta”, en El Tiempo, 9 de mayo de 1828. Ibidem, 10 de mayo de 1828; ibidem, 12 de mayo de 1828; ibidem, 13 de mayo de 1828. []
  48. Varios documentos se reproducen bajo el título de “Extravagancias”, en El Argentino, Santa Fe, 29 de junio de 1828, n. 6. []
  49. Primero justifica por qué Salta no debe autorizar a Buenos Aires para el negocio de paz con Brasil. “Los pueblos, señores, deben encargar su administración […] a ciudadanos que por sus hechos y virtudes se hayan adquirido en la estimación y confianza general” (de lo contrario sería peligroso políticamente); sería “caer de precipicio en precipicio”, y afirma que este es el caso de la provincia de su provincia. “Salta no tiene unas bases de que pueda arrancar su confianza en dicho funcionario (se refiere al gobierno de Buenos Aires) para tan alto encargo. ¿Cómo correr en una ventura en unos asuntos que respectan tan de cerca la suerte de su política?” “Salta”, en El Tiempo, 9 de mayo de 1828. El argumento es parecido al que expresa El Liberal cuando cuestiona al Correo Político de que no se especifica cómo será el acuerdo. []
  50. “Sin título”, en El Tiempo, 16 de mayo de 1828. []
  51. “La provincia de Salta, consecuente con su pronunciamiento de 19 de octubre de 1825 por la base de la unidad, rechaza la dada por las legislaturas de Córdoba y Buenos Aires, para la reunión de una Convención, como contrarias a la libertad e independencia de las demás provincias, y especialmente de la de Salta, que constante y uniformemente ha considerado el gobierno federal como insuficiente para dar respetabilidad a nuestra república y garantía a los ciudadanos”. “Extravagancias”, en El Argentino, Santa Fe, 29 de junio de 1828, núm. 6. []
  52. “En caso de infracción de los artículos precedentes, la Convención suspenderá sus sesiones hasta que se les haya dado el lleno cumplimiento, y en caso de abierta resistencia, se declarará disuelta y se retirarán los Diputados”. Idem. []
  53. En un último artículo, el sexto, se señala que para cumplir con lo estipulado hasta aquí “se deberá duplicar el número de individuos que compongan las representaciones provinciales”. Idem. []
  54. Son recursos que figuran en la caja de herramientas de la política rioplatense desde 1810 y que se emplean según las circunstancias y la posición de las fuerzas que intervienen. Se ve en las iniciativas tanto de centralistas como de federales, véase Fabián Herrero, op. cit., 2010; op. cit., 2012. []
  55. Emilio Ravignani, op. cit., 1927, p. 313. []
  56. “Interior. Estado de las cosas. Los editores”, en Correo Político, 12 de marzo de 1828. []
  57. “Observaciones. Remitido”, en Correo Político, 25 de enero de 1828. []
  58. “¡Qué notable diferencia! En el año 27 el prestigio de sucesos grandes. El recuerdo de victorias, tan memorables como la de Ituzaingó y el Juncal, alimentaban en nosotros esperanzas lisongeras […]”; “Día inmortal. Veinticinco de Mayo”, en El Liberal, Buenos Aires, 25 de mayo de 1828. “Correspondencia”, en El Liberal, Buenos Aires, 29 de mayo de 1828. []
  59. “Interior”, en El Liberal, Buenos Aires, 23 de septiembre de 1828. []
  60. “Al Correo”, en El Liberal, Buenos Aires, 30 de mayo de 1828. []
  61. “Convención”, El Liberal, Buenos Aires, 17 de septiembre de 1828. []
  62. En una carta de Aráoz de la Lamadrid a Facundo Quiroga, fechada en Salta, 17 de noviembre de 1827, le señala que ya no hay motivos para seguir siendo enemigos. Que sólo trató Rivadavia por su autoridad pero que nada le debe. Por ese motivo considera que ya no tienen un enemigo en común y deben dejar de pelear. “Sin título”, en Correo Político, núm. 2, enero de 1828. []
  63. “Comunicado”, en El Argentino, 22 de junio de 1828, núm. 5, Santa Fe. “Mensaje del Emperador del Brasil”, en idem. Suplemento al Argentino, núm. 7, 18 de julio de 1828. Por razones de espacio no incluyo en este trabajo un parágrafo dedicado a este diario, por este motivo, si menciono en el texto sus coincidencias o diferencias con el diario de Castañeda. []
  64. “Religión”, en Vete Portugués que aquí no es, 4 de junio de 1828, núm. 1. []
  65. Véase Nancy Calvo, “Cuando se trata de la civilización del clero. Principios y motivaciones del debate sobre la reforma eclesiástica porteña de 1822”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr Emilio Ravignani, tercera serie, núm. 24, 2001, pp. 73-103; Fabián Herrero, “¿Reformar las instituciones de la Iglesia? La polémica entre Francisco Castañeda y Feliciano Cavia. Buenos Aires, hacia fines de 1810”, en Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF, núm. 13, 2012. []
  66. “La religión y la patria” reclaman a los habitantes de la nación para que se tomen medidas urgentes al respecto. Entre las que pueden adoptarse, dice nuestro cura redactor, “yo propongo dos que son legales y dictadas nada menos que por la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza”. ¿Cuáles? “La primera e indispensable medida que debe acordar la Convención es que toda la constelación de sabios con sus correspondientes satélites, como son el Centinela, el lobera, el catedrático de materialismo, dignidad más antiguo, dean, cura de la Catedral, cura de segunda, brigadier, && queden privados de los actos legítimos hasta que sean residenciados, por consiguiente ni bajo su propio nombre, ni bajo el nombre de diablos chicos, ni de diablos grandes puedan meterse en elecciones sopena de ser el acto nulo en el momento que se observe el menor influjo de los señores residenciados”. “Religión”, en Vete Portugués que aquí no es, 4 de junio de 1828, núm. 1. []
  67. En este sentido, confiesa con esperanza que “no creo yo que las provincias amainen un punto en sus rigores, y yo aunque soy extremadamente compasivo no puedo menos de aprobar el juicio de las provincias a este respecto”, idem. []
  68. Refiriéndose a los unitarios Castañeda sostiene “solo esos hombres decentes saben si conviene o no entregarse al príncipe de Luca, si conviene o no que los mineros de Londres y de Alemania se repartan hermanablemente todas nuestras minas”. “Contestación del Vete Portugués”, en Vete Portugués que aquí no es, Santa Fe, 20 de agosto de 1828, núm. 11. []
  69. “La nación adopte el jacobinismo y filosofismo que ellos le propinan, pero como el fin de ellos es perpetuarse de legisladores contra todo viento y marea, de aquí es que en vez de conquistar con sus virtudes el voto público (se ha poseído) de puntos de reacción, que fomenten su esperanza en las cosas como en el que actualmente se hallan.” Idem. []
  70. Idem. []
  71. Idem. En esta misma línea, en otro número del diario se sostiene que “en Salta ya sabemos que está un punto de reunión o reacción, ¿y quién sabe si en Paris hay otro, en Londres hay otro, y en mil otros puntos?”, “Convención”, en Vete Portugués que aquí no es, Santa Fe, 27 de agosto de 1828, núm. 13. []
  72. Idem. []
  73. El Liberal cuestiona a la administración federal de Dorrego por la ausencia de funcionarios ilustrados. Consideran, por ejemplo, que se presenta un manejo ineficaz de la hacienda pública, hay gastos abusivos en algunas áreas del Estado, los cuales se toleran menos en momentos de guerra y crisis. “Interior. Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1828. []
  74. En este sentido, se pone énfasis en la ausencia de ilustración de los funcionarios de gobierno y de los diputados de la Sala, faltan hombres que sepan con seriedad de economía política. La solución radica en que haya verdadera renovación en las próximas elecciones, se acabe con el espíritu de partido y se diseñe y sancione un nuevo régimen electoral. “Buenos Aires”, en El Liberal, Buenos Aires, 30 de septiembre de 1828. Ibidem, 1 de octubre de 1828. []
  75. “El Liberal en su número 108”, en Vete Portugués que aquí no es, Santa Fe, 13 de agosto de 1828, núm. 10. []
  76. Idem. []
  77. Rivadavia, según Castañeda, pensó siempre que “las masas por no tener opinión propia no podían tener otra opinión que la suya”. Este tipo de expresiones son las que motivan el enojo del padre franciscano. “Jacobinos del demonio. ¿con que después de adular a los pueblos por el espacio de 18 años […] después de haber clamado hasta enronquecer que la voluntad general nunca yerra, y que el pueblo soberano es la cosa más excelente, y admirable que se puede decir, ni pensar, nos salís ahora diciendo que la voluntad general debe sujetarse a vuestra opinión, y que la soberanía está en nuestra opinión y no en el pueblo?”. “Contestación del Vete Portugués”, en Vete Portugués que aquí no es, Santa Fe, 20 de agosto de 1828, núm. 11. []
  78. “¡Pueblos de la asociación Argentina! Clamad por obispos, clamad por pastores, que sujeten a estos lebos carniceros que ya se han dado a conocer lo bastante, no hay verdad en ellos, no hay consecuencias de doctrina, no hay honor, ni cristiandad, ni más que un habladero sin substancia.” Idem. []
  79. Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, 2003, p. 357. []
  80. “Impóngaseles pues silencio, y franquéaseles la imprenta para que se quejen de esta medida, porque mil veces será oír sus clamores […] que no las declamaciones y libelos diarios con que están alarmando contra sí el brazo de la justicia que más tarde o más temprano los ha de contener de un modo firme”, “Convención”, en Vete Portugués que aquí no es, Santa Fe, 20 de agosto de 1828, núm. 11. []
  81. Ibidem, 27 de agosto de 1828, núm. 13. []
  82. Fabián Herrero, “Imaginar una nación federal en la escena pos Presidencia” (mecanoescrito), 2013. []
  83. Sobre distintos elementos en torno a este hecho, véase, Pilar González Bernaldo, Civilidad y política en los orígenes de la nación argentina. Las sociabilidades en Buenos Aires, 1829-1862, 1999, pp. 181-186. Raúl Fradkin, op. cit., 2008; Fabián Herrero, op. cit., 2012. []

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