Custodios de la ortodoxia: los calificadores de la Inquisición de Lima, Perú, 1570-1754

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Evitar la difusión de textos prohibidos era una de las tareas centrales de la Inquisición, y en particular la de un grupo específico de sus miembros: los calificadores. Ellos eran los especialistas en doctrina religiosa, mayormente en teología, y como tales les estaba cometida la tarea de delatar los textos sospechosos de contener ideas contrarias a la doctrina religiosa y política, y evaluar los contenidos de los escritos confiscados y las declaraciones de los procesados. La acción del calificador era, pues, esencial dentro del sistema censorio del Santo Oficio.

No obstante su importancia, el rol del calificador ha recibido escasa atención entre los investigadores de la Inquisición española y americana. Si bien se puede comprender que en las obras generales no haya tenido cabida, resulta difícil entender que suceda lo mismo en la extensa bibliografía dedicada a la censura. Ésta ha privilegiado tres ámbitos de estudio: las herramientas de la censura (catálogos y edictos), las áreas del conocimiento (ciencia, literatura, teatro y artes plásticas) y las obras (El Quijote, El Lazarillo, etcétera) afectadas por la Inquisición. Los estudios sobre la actividad censoria satisfacen largamente nuestra curiosidad erudita, pero en su mayoría evitan reflexionar -o al menos proponer- una cuestión crucial: el impacto de la censura inquisitorial sobre la cultura del imperio español. No se trata, como es conocido, de una cuestión nueva. Los alcances de la acción del Santo Oficio fueron materia de intensos y acalorados debates en España a finales del siglo XIX; y, como no podía ser de otra manera, los intelectuales latinoamericanos no fueron ajenos a la controversia. El debate lejos de haberse clausurado permanece abierto. Basta revisar, por ejemplo, la bibliografía sobre los estudios literarios coloniales reciente, en la que una y otra vez vuelven a aparecer los tópicos del discurso decimonónico: la represión y la intolerancia de los poderes eclesiásticos, de un lado; las estrategias de disimulación y evasión de los hombres de letras, por el otro.

Pero, ¿cuán efectiva fue la censura en las sociedades del antiguo régimen? ¿Cuáles fueron sus alcances y límites en el contexto colonial americano? Conocer a los agentes de la censura, es decir los medios humanos con que contaba es un aspecto central que merece ser considerado para evaluar la efectividad de la acción del Tribunal.1 ¿Quiénes eran los censores? ¿Cómo operaban? ¿Qué roles jugaron en la prohibición de los textos? Son las preguntas centrales que trato de responder en las páginas siguientes. Por ello, y en la medida que las fuentes documentales lo permiten, se analizan el origen del cargo, las tareas propias del mismo, los requisitos que se exigían de los postulantes, los móviles personales para postular y la composición de los agentes.

En 1569, Felipe II estableció por medio de una real cédula la Inquisición en el Perú. El territorio o “distrito” bajo la jurisdicción de la Inquisición de Lima correspondía al del virreinato del Perú. En 1569, cuando se creó el Tribunal, se extendía por el norte, hasta Panamá, y por el sur, hasta Buenos Aires. Dado que este inmenso territorio resultaba difícil de controlar, a inicios del siglo XVII se estableció un nuevo Tribunal con sede en la ciudad de Cartagena de Indias (hoy Colombia), el cual debía impedir la creciente penetración de inmigrantes ilegales, en particular, portugueses sospechosos de judaísmo, en esa región.2

Para administrar su extenso “distrito,” la inquisición de Lima no contaba con un ejército, pero sí con una nutrida burocracia, la mayor parte de la cual residía en la ciudad de Lima. La burocracia estaba compuesta por dos grandes grupos: los ministros asalariados y los no asalariados. En la cúspide del primer grupo se encontraban dos o tres inquisidores, quienes debían ser sacerdotes y graduados, preferentemente en leyes, pues tenían que actuar corno jueces; luego seguían en importancia el fiscal, quien indagaba y delimitaba las acusaciones; algunos secretarios o notarios del secreto, hábiles en el manejo de la pluma; el alguacil mayor, encargado de los arrestos; el receptor o administrador de los bienes del Tribunal; el contador o auditor diríamos hoy en día; los abogados del fisco y de los presos; el nuncio o mensajero; el portero; el alcaide de las cárceles; médicos, cirujanos; boticarios y barberos. Un segundo grupo estaba constituido por los ministros no asalariados: comisarios, notarios y alguaciles de partido; familiares y personas honestas; consultores y calificadores.

En las ciudades y villas del distrito inquisitorial tales como Arequipa, Cuzco, Trujillo, lea, etcétera se concentraban los comisarios, alguaciles y familiares. Los notarios eran los secretarios y ayudantes de los comisarios. Los alguaciles de distrito y de los puertos de mar acompañaban a los secretarios en sus diligencias, y en los puertos inspeccionaban los navíos. Tanto en Lima como en las poblaciones del virreinato estaban los familiares, quienes asistían a los alguaciles para el arresto y custodia de los prisioneros. Con el transcurso del tiempo sus funciones se convirtieron en meramente honoríficas. No constituían una tropa de “soplones” como se suele creer, pero sí un grupo bastante numeroso, en particular en la capital. Las personas honestas tenían corno labor asistir a la ratificación de los testigos en los procesos de fe. Los consultores eran letrados, en su mayoría laicos, entrenados en jurisprudencia civil, que intervenían como asesores en las causas de fe junto con los inquisidores y el juez ordinario; votaban sobre la detención del reo, someterlo o no a tormento, y en la sentencia definitiva. También podía ser requerida su opinión por el Tribunal cuando no había acuerdo entre los inquisidores en las causas civiles y criminales, y en los conflictos de competencia con la jurisdicción civil y eclesiástica.

En 1634 los miembros del Tribunal sumaban 157, de los cuales 61 residían en Lima y el resto se distribuía en las 38 ciudades y poblaciones del distrito inquisitorial.3 Un siglo y medio más tarde, en 1775, un informe elaborado por el propio Tribunal muestra que se mantenía la desigual distribución entre la capital y las poblaciones del interior.4 Esta concentración de funcionarios en la capital del virreinato obedecía a que Lima era la sede del poder político civil y religioso, y también del Tribunal. El carácter urbano de la burocracia inquisitorial tuvo dos consecuencias: de un lado, los grandes centros de población, entre ellos Lima, fueron los escenarios de la mayor actividad procesal (y también de la censura); de otro, en las extensas regiones rurales, el Santo Oficio fue prácticamente desconocido. De todos los oficiales del Tribunal, el más vinculado con la censura de libros fue el calificador, y por ello interesa discutir en detalle la evolución y desarrollo del cargo antes de su establecimiento en América.

Dentro de los cargos de importancia de la Inquisición española, el de calificador fue el último en crearse, esto sucedió a mediados del siglo XVI. Hasta entonces no había sido necesario porque la normativa inquisitorial excluía de la calificación los delitos más frecuentes y sólo la reservaba a los casos doctrinalmente más complejos, en los que el reo manifestaba “desviaciones” heréticas voluntarias y generalmente asociadas con los reformadores europeos. Durante la primera mitad del siglo XVI, el conjunto más significativo de procesados por los Tribunales peninsulares estuvo compuesto por moriscos, judaizantes, renegados, bígamos, los que administraban sacramentos sin estar ordenados y los curas que “solicitaban” mujeres en el confesionario, mientras que los herejes constituyeron una proporción muy poco significativa.5 Pero en la década de 1550 la lucha contra la herejía protestante recrudeció. En 1554 se descubrieron células de luteranos en Sevilla y Valladolid. La amenaza de la herejía aparecía no sólo interna sino también externa. Más allá de los Pirineos, en Alemania se había implantado de forma sólida y definitiva el luteranismo, y en Suiza el calvinismo comenzaba a manifestar las primeras muestras de su energía y expansión, que se harían más evidentes en la década siguiente. En este contexto de renovadas tensiones ideológicas hubo necesidad de establecer el cargo de calificador.

Los calificadores tenían la responsabilidad de estudiar y dictaminar las declaraciones de los reos y los escritos sospechosos que recogía la Inquisición. Debían informar sobre la censura teológico que merecían las proposiciones; es decir si “eran heréticas o próximas a la heregía o capaces de producir consecuencias heréticas; y si ellas daban margen a formar concepto de quien las pronunció haya dado asenso a la heregía, o héchose sospechoso de ella, y en este caso si la sospecha era leve, vehemente o violenta”.6 Los calificadores usualmente intervenían en la primera fase de la causa, si su dictamen concluía que el asunto era de fe, el fiscal denunciaba al reo y pedía su detención. Algunas veces también, en el curso del proceso, evaluaban las proposiciones de los reos y testigos por si en ellas habían surgido “circunstancias que agravasen o modificasen las proposiciones” denunciadas. Debían, asimismo, analizar si el reo había incurrido o no en la sospecha que se tenía de herejía, o si por el contrario en sus respuestas había nuevas herejías. En cualquier caso debía declarar si era sospechoso o hereje formal. Después de un plazo de tres días, el calificador leía su dictamen ante los inquisidores, y éstos después de haberlo discutido, escribían su parecer y votaban.7

El dictamen del calificador era siempre consultivo y nunca decisorio, pero indudablemente ejercía una poderosa influencia en los jueces. El calificador comparte con el consultor el carácter de asesor, pero hay una gran diferencia: el consultor participa en el juicio y vota en las causas, aunque sólo de forma consultiva, el calificador sólo emite dictámenes sobre las declaraciones del reo, los papeles o libros, pero no participa en el juicio.8

Otra de las tareas de los calificadores era la evaluación del contenido de los textos recogidos por la Inquisición. Desde una época temprana en la historia del Tribunal de Lima, vemos en acción a los calificadores. En 1582 el agustino fray Juan de Almaraz emitió sus pareceres sobre el Oratorio y consuelo spiritual de obras devotas y el Cortesano de Baltasar de Castiglioni.9 Por esa misma época, el franciscano Juan del Campo se pronunciaba sobre el Theofilato de Juan Fero.10 Desafortunadamente numerosas censuras de los calificadores de Lima se han perdido y nos son conocidas sólo por referencias contenidas en la correspondencia entre el Tribunal de Lima y la Suprema. Aquí algunos ejemplos. En una carta de 1581, los inquisidores decían que “en uno de los libros de frai Luis de Granada está una proposición que paresció sospechosa, la qual hezimos calificar y será con esta la copia de las calificaciones por las quales se verá el libro y el lugar”.11 Años después, en 1619, los inquisidores Francisco Verdugo y Andrés Juan Gaitán en una carta al Consejo reportaban el envío de “los apuntamientos que algunas personas han hecho este año de proposiciones que han hallado en libros”.12 En otra comunicación del 1 de junio de 1629, los inquisidores dicen remitir “copia de las proposiciones que an ocurrido estos días a este Santo Oficio que se an allado en algunos libros”, escritas por el dominico Luis de Bilbao y el franciscano Miguel de Ribera, ambos calificadores.13 En 1736, el Consejo daba cuenta del recibo de las censuras a un libro del capuchino fray Martín de Torrecilla, delatado por los censores de Lima.14 En Madrid, los calificadores del Consejo, a su vez, volvían a evaluar las censuras de sus colegas peruanos para determinar si el libro en cuestión debía ser prohibido o tan sólo expurgado.

Dada la naturaleza del oficio de calificador, era comprensible que se demandasen ciertos requisitos a los candidatos. En el siglo XVI, se exigía un nivel intelectual aceptable, que se podía acreditar por medio de los títulos o de las actividades anteriores; y una ascendencia genealógica “no contaminada”. En cuanto al requisito intelectual, su origen se halla en las instrucciones del inquisidor general Valdés que ordenaba que las declaraciones debían ser realizadas por teólogos doctos y fiables. En su gran mayoría los calificadores del Tribunal de Lima fueron teólogos y, por añadidura, catedráticos.

Un rasgo predominante entre los calificadores del Tribunal fue su experiencia en la docencia. Muchos de ellos formaron parte del claustro de San Marcos. Por lo general, detentaron las cátedras de teología y de Sagrada Escritura; y otros ostentaban los títulos de “lector” o “lector jubilado” de teología en los colegios o conventos de sus congregaciones. El hecho de ser catedrático en una universidad confería mayor prestigio y, al parecer, fue un elemento decisivo que jugó en favor del candidato a la hora de decidir su admisión en el plantel del Santo Oficio.

La cultura de los calificadores solía ser, por lo general, amplia. Sus pareceres en los procesos como sus censuras a los libros revelan su formación teológica y familiaridad con la literatura inquisitorial. Sin embargo, como en toda institución hubo excepciones. En 1624, el agustino Bartolomé Badillo cuestionó, en un sermón predicado en la capilla del Tribunal, la formación intelectual de los calificadores del Tribunal de Lima. En su opinión, los teólogos que eran calificadores de esa Inquisición eran grandes conocedores de la metafísica y la escolástica pero no de la doctrina. Esta carencia los habría imposibilitado, en más de una oportunidad, de refutar los argumentos de los procesados por herejía. Por ello Badillo no sólo recomendó que los censores debían estudiar la doctrina sino además las Sagradas Escrituras.15

Otra evidencia de la cultura de los calificadores es su obra. Los calificadores del Tribunal de Lima han dejado abundantes testimonios de su producción literaria. Ésta puede clasificarse en tres grupos. El primero está constituido por voluminosos tratados de teología, doctrina, historia, etcétera, usualmente relacionados con el quehacer académico de sus autores.16 El segundo grupo está formado por los sermones. Al ser la prédica un acto central en innumerables sucesos de la vida colonial, las oportunidades que tuvieron los calificadores para demostrar sus habilidades oratorias fueron múltiples. Muchas de esas piezas fueron impresas con el interés de sus autores por preservar lo que por naturaleza era un evento efímero. Y el tercer conjunto lo conforman las censuras o aprobaciones de libros. En la época colonial, de acuerdo con la legislación, antes de imprimirse cualquier libro era sometido a la censura preventiva o previa. La autoridad competente -trátese del obispo, el virrey o la Real Audiencia- solicitaban la opinión de uno o varios lectores laicos o religiosos, quienes debían dictaminar acerca de la ortodoxia religiosa y moral del texto.17 Son numerosas las aprobaciones que preceden los libros impresas en Lima, suscritas por frailes y clérigos calificadores del Tribunal, donde declaran que en el contenido del texto no hay nada contrario a la fe.

Estas aprobaciones o censuras, por lo general breves, constituyen textos de excepcional interés, que bien merecerían un estudio independiente, ya que no sólo informan sobre la cultura literaria sino también, a veces, sobre los modos de leer de los censores. En tales aprobaciones, los censores ejercitaban una auténtica crítica literaria al evaluar las cualidades del estilo y contenido de los escritos a ellos sometidos para su examen. En su aprobación al poema de Juan de Oña, El Arauco Domado, el jesuita Esteban de Ávila escribió:

este libro […] es […] provechoso porque tiene muchas y graves sentencias, muy importantes para la vida humana y es muy aparejado para incitar, mediante su levantado estilo, los ánimos del cavallero a emprender hechos señalados y heroycos en defensa de la religión christiana y de su rey y patria aunque sea con riesgo de la vida, lo qual, quan necesario sea para la conservación de la fe, república y reynos.18

Otro calificador, el dominico fray Luis de Bilbao, en su aprobación de la crónica del santuario de Copacabana, compuesta por el agustino Alonso Ramos Gavilán y publicada en 1620, anotó:

Por mandado de Vuestra Excelencia [se refiere al virrey] leí un libro intitulado Historia de la Virgen Santísima de Copacabana, compuesto por el R.P.F. Alonso Ramos, del orden de N.P.S. Agustín y no hallo cosa contraria a nuestra santa fe católica ni a las buenas costumbres antes me parece será muy importante a la reformación dellas por ser el asumpto muy piadoso y devoto, el estilo suabe y claro, acompañado de mucha erudición de letras humanas y divinas, y le juzgo por importante para los naturales desta tierra que tantos favores an recevido de aquella milagrosa imagen, creciendo cada día más con el recuerdo dellos de la devoción que la tienen y desengañados de sus errores y gentiles ritos […].19

Además de aseverar la ortodoxia y calidad literaria del texto, Ramos Gavilán sostiene que su lectura será provechosa para el cultivo de las virtudes y la evangelización de la población, en particular de la nativa.

Junto con los escritos, las colecciones de libros constituyen otras fuentes privilegiadas para el estudio de la cultura personal de los calificadores. Es común encontrar en ellas, además de los grandes tratados de teología, otros relacionados con el quehacer inquisitorial. El clérigo Fernando de Avendaño poseía una extensa biblioteca de 1 750 volúmenes en la que predominaban los volúmenes de teología y Sagradas Escrituras. Asimismo se incluían tratados relacionados con su labor inquisitorial tales como el De Adversus omnes haereses de Alfonso de Castro, donde se replantea el problema de la herejía y el tratamiento que debía darse a los disidentes; el De Catholicis institutionibus de Jacobo Simancas y el Ordinis Judicari de Luis Miranda, ambos célebres manuales de práctica inquisitorial; y un ejemplar del “catálogo expurgatorio,” que suponemos era el de 1640.20 Otra biblioteca importante, aunque de menor volumen que la de Avendaño, fue la del dominico Cipriano de Medina, también calificador de la Inquisición. En la colección predominan los textos de las dos disciplinas en las cuales Medina destacó como catedrático universitario: teología y moral. Además aparecen registrados otros libros sobre derecho canónico y civil, homilética y patrística. Relacionados con su quehacer de censor son los tomos de “Balenzuela de erexes,” De hereticis in genere de Conrado Bruno y el célebre De Adversus omnes hareses de Alfonso de Castro.21

El otro requisito para ser calificador, la ascendencia genealógica, se comprobaba mediante la realización de informaciones. Pinto observa que en los Tribunales de la península durante la segunda mitad del siglo XVI, el nivel intelectual, la ascendencia genealógica y las buenas costumbres y fama del que solicitaba el puesto, eran los únicos requisitos que se valoraban a la hora de decidir la admisión. Similar proceder se observa en la Inquisición de Lima. En 1594, los inquisidores del Perú en una carta al Consejo recomendaron al dominico fray Juan de Lorenzana, natural de León y residente en Lima, para calificador de ese Tribunal. Fray Juan es descrito como hombre “de cuyas letras y recogimiento se tiene en ella bastante ynformación”. Señalan que para proceder a su admisión sólo se requiere de su información de limpieza de sangre, no obstante que “es pública voz y fama, que la ay muy buena de él y su linage, ques persona limpia y hidalga, demás que presentó una información que para ser colegial de Sant Gregorio de Valladolid de su orden avía hecho”.22

A los requisitos antes mencionados, en 1627 el Consejo añadió el de la edad mínima del postulante para ser calificador, 45 años, y ordenó que no se admitiese ninguna solicitud sin antes dar cuenta al Consejo.23 El cumplimiento de esta orden no siempre fue posible. Consta que en 1629, los inquisidores de Lima aceptaron la solicitud del franciscano Buenaventura de Salinas, pretendiente al cargo de calificador, quien tenía cerca de 40 años. Para fundamentar su proceder, el Tribunal escribió al Consejo señalando que la orden de 1627 no se podía aplicar en el Perú porque “los naturales […] al paso que se les amanece el huso de la razón, se les enbejeze y acaba con más brevedad que en esas, como lo muestra la esperiencia porque ya a los treinta saben lo que an de saber” y porque además la realización de las pruebas demandaba mucho tiempo. El Consejo aprobó el proceder de los inquisidores de Lima “sin embargo de la carta acordada”.24

Para ser nombrado calificador, la primera iniciativa normalmente partía del propio sujeto, pero podía suceder también que el primer paso surgiera del propio Tribunal. Esto último parece haber sido el procedimiento seguido por la Inquisición en las décadas finales del siglo XVI, cuando urgía contar con calificadores para las actividades procesales y de censura. Todo parece indicar que la formalización del nombramiento, cuando la hubo, se realizó luego de un periodo de colaboración por parte del religioso. Cuando la iniciativa correspondía al individuo, éste debía presentar ante el Tribunal de su lugar de residencia una petición en la que expresaba su deseo de colaborar con el Santo Oficio y exponía para ello los motivos, circunstancias o datos personales que estimaba necesarios. En el caso que el Tribunal de distrito considerase suficiente la documentación y las evidencias presentadas por el candidato, procedía a su “admisión a pruebas”, es decir aceptar su expediente y con ello se daba inicio al largo proceso de investigación que conducía al nombramiento formal. La petición, los datos y los juicios que a los inquisidores locales les merecía o habían recogido sobre el candidato, junto con una cantidad de dinero para sufragar las informaciones genealógicas que se tuvieran que hacer en la península eran enviados al Consejo. Éste podía optar por aceptar la solicitud o por demandar mayor información sobre el candidato. A veces dejaba a los Tribunales de distrito libertad de proceder en algún caso concreto (como con fray Buenaventura) o interpretaba con flexibilidad su propia normativa.25 En 1664, el Consejo admitió a pruebas a Bartolomé Tafur, jesuita profeso del Colegio de San Pablo de Lima, aun cuando la Inquisición de Lima no había informado que hubiera leído teología durante cuatro años.26 Al año siguiente, admitió la solicitud del limeño Joseph Barrasa, de la orden de la Merced, dispensándolo de presentar su genealogía en Madrid y ser menor de 45 años.27 En 1675, actuó de similar manera con el franciscano fray Bernardo Bravo a pesar de estar reconocido como “adulterino”.28

Satisfecha toda la información que se requería y siendo el resultado favorable al candidato, el Consejo procedía a darle el título de calificador y comunicarlo al Tribunal de Lima. Éste entonces convocaba al candidato para la juramentación, luego de lo cual le podía asignar las tareas que considerara necesarias.29 Pero también podía suceder que la petición fuese rechazada bien porque había alguna información en contra suya o porque el número de calificadores era suficiente.30 El caso de los hermanos León Garavito ilustra cuán tortuoso y frustrante podía resultar la obtención del título de calificador. Lucas y Miguel de León Garavito eran limeños e hijos del doctor Francisco de León Garavito y de Isabel de Illescas. Francisco, el padre, se había graduado de abogado en la Universidad de Salamanca. Trasladado a Lima, tuvo una destacada trayectoria corno regidor perpetuo del cabildo, abogado de la Real Audiencia, catedrático y rector de la Universidad de San Marcos, y alcalde mayor de la Casa de la Moneda.31 Lucas y Miguel no siguieron la carrera del foro sino que ingresaron a la orden dominica. Las noticias sobre Lucas son escasas: tan sólo se sabe que fue lector de teología en el convento de Chuquisaca. Miguel, por su parte, también fue lector de teología en algunos conventos de su orden, catedrático en la Universidad de San Marcos, y en 1617 el cabildo de Lima lo nombró como su representante en la ceremonia de beatificación de santa Rosa en Roma.32

En 1624, el Consejo nombró a fray Lucas y fray Miguel de León Garavito como calificadores del Tribunal de Lima. Una vez que llegaron los despachos a ese Tribunal, los inquisidores escribieron al Consejo para hacer notar sus objeciones. Decían que ambos pretendientes eran de Lima, “como también lo fue su madre, por cuya parte y de su padre no han tenido buena opinión en materia de limpieza”. Advertían que como no habían recibido del Consejo las informaciones practicadas en Lima sospechaban que los postulantes no las habían realizado con el fin de ocultar sus ascendientes. En opinión de los inquisidores, los criollos solían acudir directamente al Consejo para evitar las tachas. Para prevenir esto, solicitaban que no se admitiera a ningún candidato sin informe previo del Tribunal de Lima, porque una vez concedido el título “son grandes las dificultades que se atraviesan para dejárselos de dar”. A la opinión de los inquisidores, se sumó la del fiscal Gaspar de Valdespina, aún más severa. Valdespina decía que los linajes de los Garavito e Illescas eran de origen confeso y que por ello los frailes se habían presentado al Consejo, lo cual significaba “haver huido [… ] el camino ordinario y no haber querido entrar por la puerta”. El fiscal añadía que como América fue “fundada de sus principios de la peor gente de España”, era difícil hacer las pruebas de limpieza de sangre y, como consecuencia de ello, sus pobladores, a los cuales “el diablo y la plata les an avierto los entendimientos”, habían descubierto “una traza diabólica” para eludir a las inquisiciones de Indias que consistía en acudir directamente al Consejo y falsificar sus genealogías.33 Siguieron otros diez años de cartas e informes, entre el Consejo, los Garavito y la Inquisición de Lima, hasta que las autoridades metropolitanas ordenaron, en 1634, suspender la concesión de los títulos.34 No obstante, los inquisidores “mirando por el honor de fray Miguel”, consintieron que se “nombrase calificador del Santo Oficio, y que le use [el título] en todas las partes y despachos del oficio que ejerce de vicario general de esta provincia hasta […] la celebración de su capítulo provincial”, pero no le notificaron la causa por la cual no fue admitido.35

Nunca se comunicaba al interesado ni se le explicaban los motivos por los cuales su candidatura había sido descartada. La larga espera y el silencio del Tribunal creaban naturalmente angustia y frustración en el peticionario. En 1723, el franciscano fray Lorenzo Quijada, quien ostentaba los títulos de comendador del convento de Huánuco y doctor por la Universidad de San Marcos, solicitó ser admitido como calificador de la Inquisición de Lima, pero pasaron ocho años sin obtener ninguna respuesta. Ante esta situación, el franciscano escribió al Consejo, en 1731, para solicitar atención a su caso “que por lo público de él se ha hecho punto de honra”. El Consejo ordenó a los inquisidores del Perú dar curso al expediente siempre y cuando no hubiese ningún inconveniente. Dos años más tarde, en su respuesta al Consejo, la Inquisición de Lima manifestó que no había aceptado el pedido de fray Lorenzo al encontrar que su abuela materna estaba “reputada públicamente por descendiente de negros esclavos”.36

La política de reclutamiento de los calificadores por la Inquisición varió a lo largo del tiempo, y ello se tradujo, a su vez, en la composición de ese grupo de agentes. Durante el siglo XVI, las cinco grandes órdenes religiosas estuvieron representadas -esto es dominicos, agustinos, mercedarios, jesuitas y franciscanos. En la primera mitad del siglo XVII, se observan dos cambios importantes. De un lado, la incorporación de miembros del clero secular, en particular canónigos del cabildo de la catedral de Lima; de otro, el predominio de la Compañía de Jesús. La incorporación de miembros del clero secular fue la respuesta de la Inquisición a las crecientes presiones de este nuevo grupo clerical, que emerge entre fines del siglo XVI y principios del XVII. Durante aquellos años, en cumplimiento de las disposiciones del Concilio de Trento, se fundaron en el virreinato diversos seminarios diocesanos, de los cuales egresaron numerosos clérigos. Con el apoyo de los obispos, dicho clero buscó colocación en doctrinas y cargos eclesiásticos, no pocas veces en abierta competencia con miembros del clero regular.

En lo que toca al predominio de los jesuitas, esto fue consecuencia de la consolidación política y económica de la orden durante esos años. Conviene recordar que durante la primera mitad del siglo XVII los jesuitas extendieron su influencia sobre diferentes esferas de la vida colonial: la extirpación de la idolatría, la educación universitaria, la economía y la dirección espiritual de los virreyes. De modo que si bien en el siglo XVI, la Inquisición había buscado el equilibrio entre las diversas órdenes religiosas, no es de extrañar que en el siglo XVII, los jesuitas tuvieran una presencia significativa. Así en sólo un año, 1634, de los 16 calificadores seis eran miembros de la Compañía de Jesús.37 A inicios del siglo XVIII la composición cambió. Si bien todas las congregaciones así como los miembros del clero secular están representados, se mantiene el predominio de la Compañía de Jesús. Pero empieza a hacerse cada vez más notoria la presencia de miembros de la orden de La Merced entre los calificadores. Consta que entre los años 1720 y 1721 cuatro jesuitas y tres mercedarios juramentaron el cargo de calificador.38

Un rasgo común de los calificadores era que ocupaban cargos de importancia dentro de la jerarquía de sus propias congregaciones. En América, de modo similar que en España, la Inquisición buscó la colaboración de las órdenes religiosas de mayor prestigio, a través de sus propias autoridades, lo que de paso pudo contribuir a reforzar las estructuras jerárquicas de las órdenes. En el plantel de censores del Tribunal limeño abundan los priores, vicarios, definidores y provinciales. Otro rasgo es que en dicho plantel estuvieron los más destacados intelectuales de los siglos XVI y XVII. Durante el siglo XVI fueron calificadores el historiador Joseph de Acosia y el teólogo Esteban de Ávila, ambos jesuitas. En el siglo XVII tenemos a reconocidos teólogos como el jesuita Juan Pérez de Menacho y el franciscano Jerónimo Valera, y cronistas como el franciscano Buenaventura de Salinas y Córdova, entre otros. Se ha conservado los retratos de varios ellos. Allí aparecen hieráticos, severos, usualmente vistiendo las insignias de su condición de docente universitario y acompañados de libros. Por lo general, una cartera pintada en la parte inferior del cuadro informa sobre la vida y trayectoria del representado al servicio de la Corona, la Iglesia y la Inquisición. Los nombres y las imágenes de estos eruditos miembros del Tribunal aún hoy en día impresionan, pero esto no debe hacernos olvidar que cuando se trata de evaluar la actuación de los calificadores tanto o más importante que su formación profesional importa el de su efectiva colaboración con la Inquisición. ¿Cuántos de ellos asistían regularmente al Tribunal? Para responder esta cuestión habrá que analizar la composición numérica del plantel de calificadores.

El número de los calificadores que debía existir en el Tribunal de Lima varió mucho a lo largo del tiempo. Para el periodo 1570-1600, se conocen los nombres de nueve calificadores.39 Pero a partir de la documentación se colige que de manera simultánea nunca trabajaron más de dos en ese lapso. En 1594, el inquisidor Ordóñez y Flórez escribía al Consejo acerca de la necesidad de más calificadores porque de los dos en actividad, los jesuitas Juan Sebastián, provincial de su orden, y Esteban de Ávila, el primero con frecuencia estaba ocupado en la visita de la provincia, de manera que era necesario nombrar uno o dos calificadores más para dirimir las votaciones.40

En 1607, el Consejo ordenó que el número de calificadores debía ser ocho en cada Tribunal “los más eminentes y que ayan leído theología y personas de virtud, hedad y prudencia”. Advierte que no se debía exceder de este número ni admitir ninguna petición a menos que se produzca una vacante.41 Sin embargo esta norma era difícil de cumplir dado que el problema de la movilidad y, por consiguiente, inasistencia de los calificadores subsistía. En 1621 la Inquisición de Lima contaba con nueve calificadores “todas personas de muchas letras y virtud y porque suelen andar ausentes por orden de su religión y no asistir de ordinario aquí a sido necesario aver estos […] para que en las ocasiones que se ofrecen aya bastante número en la ciudad que puedan qualificar las proposiciones”.42 En 1634 eran 16 los calificadores, y en 1775, 17.43 Estos datos revelan que el Tribunal de Lima siguió enfrentando el problema de la inasistencia, de allí que tuviese que contar con un mayor número de calificadores al permitido por el Consejo. La ausencia de los calificadores no sólo era consecuencia de las tareas y responsabilidades al interior de sus congregaciones, sino además del estatus que ostentaban al interior del Tribunal.

Los calificadores eran considerados, a efectos honoríficos, como oficiales del Santo Oficio. Dentro de la jerarquía del Tribunal, ocupaban el cuarto lugar, después de los inquisidores, el fiscal, el juez de bienes secuestrados y junto a los consultores, que poseían el mismo rango. No recibían salario, no gozaban del fuero y sus servicios eran considerados prestaciones voluntarias.44 La fundamental labor de los calificadores no estaba, pues, reconocida en los vínculos que los ligaban a la Inquisición. Su relación de compromiso era muy inferior a la que podían tener los inquisidores y oficiales. Teniendo en consideración las tareas que ellos tenían a su cargo, llama la atención la fragilidad de su vínculo, más aún cuando ellos eran los únicos teólogos capacitados con que contaba el Tribunal. ¿Cómo entender esta situación? La tendencia a la burocratización -observa López Vela- y el permanente esfuerzo por mejorar la gestión de unos recursos limitados para alcanzar sus fines son característicos de la institución inquisitorial. Dentro de esta lógica, es natural encontrar mayores dotaciones de personal para administrar el Tribunal que las destinadas a cumplir con otras finalidades. En esto quizá reside la razón de la posición marginal asignada al calificador en la organización del Santo Oficio.45 Como consecuencia de la limitada dependencia de los calificadores en relación con el Tribunal, los inquisidores carecieron de suficiente autoridad para imponer su asistencia habitual.46

¿Qué era lo que movía a un religioso a pretender la plaza de calificador? Las peticiones de los pretendientes dan algunas claves para entender las motivaciones personales. Una de las razones más comunes aducidas era el servicio al Tribunal. El agustino fray Gonzalo Díaz Piñeyro, definidor de su orden, adujo ser “aficionado al Santo Oficio” y desear “ocuparse en su servicio y ocupar en el lo que a estudiado”;47 en tanto que el dominico fray Francisco de la Vega, también definidor, manifestó que dado su “deseo que tiene a las cosas del Santo Oficio y haver estudiado, quería emplearse en servirle.48 En realidad las razones de fondo eran otras. La obtención del título podía significar hacerse de una excelente credencial para el logro de nuevas promociones al interior del cuerpo eclesiástico. Tenemos el caso de Pedro de Ortega Sotomayor. Nacido en Lima en 1565, Ortega estudió en el Colegio Jesuita de San Martín, plantel donde se educaba la elite criolla. Como otros clérigos contemporáneos suyos, empezó su carrera sirviendo una parroquia, en su caso la de Santa Ana en su ciudad natal. En 1604 inició su exitosa carrera como catedrático, primero de artes, y luego de teología en la Universidad de San Marcos. En 1625 se incorporó al cabildo de la catedral de Lima. Dos años después fue nombrado calificador de la Inquisición. A partir de entonces su trayectoria académica y eclesiástica adquiere aún más importancia. Entre 1629 y 1630 fue rector de la Universidad; y en los años que siguen hasta su muerte acaecida en 1658, ocupó los obispados de Trujillo, Arequipa y Cuzco.49

También la obtención del título de calificador significaba lograr una especie de reconocimiento público a su condición de teólogo como lo representa el caso del jesuita Juan Pérez de Menacho. Nacido en Lima en 1565, fue catedrático de teología en el Cuzco entre 1598 y 1601; en el Colegio de San Pablo de Lima entre 1601 y 1621; y en San Marcos entre 1601 y 1605, y nuevamente de 1620 a 1624. Considerado como un erudito de memoria prodigiosa, Pérez Menacho pasó a servir a la Inquisición de Lima hacia 1621, cuando ya era profesor universitario y autor prolífico. En suma, los propios inquisidores de Lima eran conscientes que el prestigio más que el servicio era el móvil de numerosos religiosos para convertirse en calificadores y así lo expresaron a sus superiores en Madrid al decir que aquellos “no acuden […] más que los nombrados al margen, los demás lo tienen [el título] procurándolo por el honor que de esto goza”.50

Además del prestigio, la protección del Tribunal era otro de los beneficios derivados de la pertenencia a la institución. Si bien los calificadores no gozaban del fuero como los ministros asalariados del Tribunal, ello no significaba que no pudiesen contar con el amparo de los inquisidores cuando las circunstancias se volvían adversas para ellos al interior de sus propias congregaciones. A finales del siglo XVI, los inquisidores de Lima dieron un mandamiento para que el vicario de Santo Domingo no prosiguiese una información contra fray Miguel Adrián, aduciendo su condición de calificador, consultor y juez ordinario del Tribunal. Y así por ese mandamiento lograron que la información contra Adrián se llevase a la Inquisición, donde quedó archivada.51 Una situación similar se presentó pocos años después. En 1618, el capítulo provincial de los dominicos en Lima fue, como era usual en tales circunstancias, tumultuoso por los intereses políticos en juego. Debido a esta circunstancia, el visitador lo suspendió. Para imponer orden, el mismo visitador desterró de Lima a ciertos frailes y habría hecho lo mismo con fray Juan de Lorenzana de no haberlo impedido la Inquisición, por lo cual tan sólo se le ordenó trasladarse a otro convento al sur de Lima.52

En este artículo se ha tratado acerca del rol de los calificadores como agentes de la censura inquisitorial. Teólogos y catedráticos, los calificadores tenían como principales responsabilidades la evaluación doctrinal de los escritos confiscados y de las testificaciones de los reos en los procesos. El número de calificadores fue significativo, pero pocos fueron los que efectivamente acudieron al Tribunal. Esta situación fue consecuencia de la movilidad y del estatus de los mismos. Como miembros de órdenes religiosas, los calificadores solían recibir comisiones que los obligaban a ausentarse de la ciudad capital, sede del Tribunal. Los calificadores no recibían salario, no gozaban del fuero y sus servicios eran considerados prestaciones voluntarias. Debido a la limitada dependencia de los calificadores con el Tribunal, los inquisidores carecieron de autoridad para imponer su asistencia al Tribunal.

Las situaciones antes descritas ponen en evidencia que el aparato censorio -para usar una expresión de Virgilio Pinto- poseía fisuras. Una de ellas, sino la más importante, era la creada por el desempeño de los calificadores. Aun cuando la literatura de la época gustaba de calificar al Tribunal -y por ende a sus miembros- como el Argos vigilante de la fe, es claro que dicha vigilancia distaba de ser demasiado rigurosa. La imagen, pues, de la censura inquisitorial de libros como un sistema de control represor y monolítico solicita ser repensada.

Bibliografía

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Autor: Pedro Guibovich Pérez, Pontificia Universidad Católica del Perú.

  1. Los estudios de Virgilio Pinto y Roberto López Vela fueron los únicos que han investigado con detenimiento el rol del calificador. Este artículo tiene como punto de partida ambos trabajos, sin duda centrales para entender el funcionamiento de la censura de libros en España durante los siglos XVI y XVII. []
  2. A. Domínguez Ortiz, Los judeo conversos en España y América, 1978, p. 138. []
  3. “Relación de los inquisidores y oficiales y ministros que ay en este Santo Oficio de la Inquisición del Pirú que reside en la ciudad de Los Reyes oy primero de mayo de 1634 y que se envía al ilustrísimo señor arzobispo de Damasco, inquisidor general de los reinos de su magestad su confesor y de su consejo de estado, en conformidad de lo que envió a mandar por su carta de 9 de septiembre de 1633”, 1 de mayo de 1634, Archivo Histórico Nacional Madrid (en adelante: AHN), Inquisición (Inq.), libro 1040, f.329r-338v. []
  4. “Los inquisidores del Perú al Consejo”, 24 de noviembre de 1775, AHN, Inq., leg. 2216, exp. 8. []
  5. R. López Vela, “El calificador en el procedimiento y la organización del Santo Oficio. Inquisición y órdenes religiosas en el siglo XVII”, en Perfiles jurídicos de la Inquisición española, 1992, p. 351. []
  6. J. A. Llorente, Historia crítica de la Inquisición en España, 1, 1980, p. 280, citado en P. Castañeda y P. Hernández, La Inquisición en Lima, t. I (1570-1635), 1989, p. 65. []
  7. P. Castañeda y P. Hernández, op. cit., pp. 65-66. []
  8. Ibidem, p. 48. []
  9. P. Guibovich Pérez, “Fray Juan de Almaraz, calificador de la Inquisición de Lima (siglo XVI)”, en Cuadernos para la historia de la evangelización en América latina, 4,1989, pp. 47-64. []
  10. “Censura de fray Juan del Campo”, s.f., AHN, Inq., libro 1 034, f. 368r. []
  11. “Los inquisidores del Perú al Consejo”, 3 de abril de 1581, AHN, Inq., libro 1 034, f. 247r-v. []
  12. “Los inquisidores Andrés Juan Gaitán y Francisco Verdugo al Consejo”, 2 de mayo de 1619, AHN, Inq., libro 1 038, f. 272r. []
  13. “Los inquisidores Juan Gutiérrez Flórez, Juan de Mañozca y Antonio del Castro y del Castillo al Consejo”, 1 de junio de 1629, AHN, Inq., libro 1 039, f. 343r. []
  14. “Carta acordada”, 1736, AHN, Inq., libro 1 025, f. s.n. []
  15. P. Guibovich Pérez, “Inquisición y control ideológico: el sermón de fray Bartolomé Badillo sobre los teólogos del Perú (1624)”, en Revista Teológica Limense, 3, 1989, pp. 296-303. []
  16. Gran cantidad de los tratados sobre filosofía, doctrina y teología escritos por los calificadores son conocidos sólo por referencia debido a que nunca fueron impresos o se perdieron en alguna de las vicisitudes que han asolado los repositorios documentales peruanos a lo largo de su historia. Uno de los casos más dramáticos lo constituye el archivo del colegio jesuita de San Pablo. A mediados del siglo XIX, pasó a formar parte del Archivo Nacional. Allí permaneció hasta la guerra con Chile. Durante la ocupación de Lima entre 1881 y 1883, el archivo -como otros repositorios documentales-: fue saqueado y expedientes y otros escritos sobre jesuitas emigraron al sur. Tiempo después, Ricardo Palma seleccionó numerosa documentación sobre jesuitas y con ella creó el fondo de Papeles Varios de la Biblioteca Nacional. Un incendio, en 1943, destruyó la Biblioteca y los antiguos códices coloniales. []
  17. P. Guibovich Pérez, “The Printing Press in Colonial Peru: Production Process and Literary Categories in Lima, 1584-1699”, en Colonial Latin American Review, 10(2), 2001, pp.167- 188. []
  18. P. de Oña, El Arauco Domado, 1944, f.[3rl. []
  19. A. Ramos Gavilán, Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana y sus milagros e invención de la Cruz de Carabuco, 1988, pp. 10-11. []
  20. P. Guibovich Pérez, “La carrera de un visitador de idolatrías en el siglo XVII: Fernando de Avendaño (1580?-1655)”, en Catolicismo y Extirpación de idolatrías, Siglos XVI-XVII, 1993, pp. 196-197. []
  21. Autos seguidos entre el Cabildo eclesiástico de Guamanga y el convento de Santo Domingo sobre los expolios del obispo fray Cipriano de Medina, 1664, Archivo General de la Nación-Lima (en adelante: AGN), Real Audiencia-Causas civiles, leg.181, c.645. []
  22. “El inquisidor Pedro Ordóñez y Flórez al Consejo”, 20 de diciembre de 1594, AHN, Inq., libro 1035, f.266r. []
  23. “Carta acordada”, 1627, AHN, Inq., libro 497, f.360r. []
  24. “Los inquisidores Juan Gutiérrez Flórez, Juan de Mañozca y Antonio de Castro y del Castillo al Consejo”, 1 de junio de 1629, AHN, Inq., libro 1039, f. 352r-v. []
  25. V. Pinto Crespo, Inquisición y control ideológico en la España del siglo XVI, 1983, X. 50. []
  26. “Carta acordada”, 1664, AHN, Inq., libro 355, f. 329r. []
  27. “Carta acordada”, 1665, AHN, Inq., libro 355, f. 345r. []
  28. “Carta acordada”, 1675, AHN, Inq., libro 1024, f. 32v. []
  29. El texto del juramento de fray Juan del Campo y fray Luis Álvarez está reproducido en V. Abril V., Francisco de la Cruz, Inquisición. Actas, Madrid, 1992, p. 382. []
  30. V. Pinto Crespo, op. cit., p. 50. []
  31. A. Tauro, ‘León Garavito, Francisco de’, en Enciclopedia Ilustrada del Perú, 1987. []
  32. L. A. Eguiguren, Diccionario histórico cronológico de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos: crónica e investigación, 1, 1940, p. 678. []
  33. “El fiscal Gaspar de Valdespina al Consejo”, 16 de marzo de 1627, AHN, Inq., libro 1039, f. 186r-v. []
  34. “Carta acordada”, 1634, AHN, Inq., libro 354, f. 34v. []
  35. P. Castañeda y P. Hernández, op. cit., 1, p. 79. []
  36. “Expediente de fray Lorenzo Quijada”, 1731-1733, AHN, Inq., leg. 2202, l. []
  37. “Relación de los inquisidores”, 1634, AHN, Inq., libro 1040, f. 329r-338v. []
  38. Biblioteca Nacional del Perú-Lima (en adelante BNP), Juramentos de Oficiales, s.f., ms. Z383. []
  39. Eran los jesuitas José de Acosta, Esteban de Ávila y Juan Sebastián de la Parra; los dominicos Miguel Adrián (o Adriano), Gabriel de Oviedo y Salvador de Ribera; los agustinos Juan de Almaraz y Luis López de Solís; y el franciscano Juan del Campo. []
  40. “El inquisidor Pedro Ordóñez y Flórez al Consejo”, 30 de diciembre de 1594, AHN, Inq., libro 1034, f. 263Y-264r. []
  41. “Carta acordada”, 1607, AHN, Inq., libro 497, f. 277r-v. []
  42. “Los inquisidores Francisco Verdugo y Andrés Juan Gaitán al Consejo”, 20 de abril de 1621, AHN, Inq., libro 1038, f.338r-v. []
  43. “Relación de los inquisidores”, 1634, AHN, Inq., libro 1040, f.329r-338v; “Los inquisidores del Perú al Consejo”, 1775, AHN, Inq., leg.2216, exp. 8. []
  44. V. Pinto Crespo, op.cit., p.51. []
  45. R. López Vela, op. cit., pp. 346-347. []
  46. Ibidem, p. 354. []
  47. “Carta acordada”, AHN, Inq., libro 352, f. 347v. []
  48. Ibidem. f. 300v. []
  49. A. Tauro, “Ortega Sotomayor, Pedro de”, en op. cit., 1987. []
  50. Citado en R. López Vela, op. cit., p. 377. []
  51. V. Abril Castelló, op. cit., 1992, pp. 269-270. []
  52. R. Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Perú, III, 1965, pp. 367-368. []

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