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En 1934, en su ensayo ¿Necesitamos inmigración?, el narrador potosino Jorge Ferretis señalaba que acercarse a México era “como pegarse al orificio de un caleidoscopio”, puesto que en la población del territorio mexicano existía “un muestrario con retacería de todas las razas que ha producido el planeta”, producto no sólo de la diversidad indígena, sino también del mestizaje que se había alcanzado durante más de tres siglos con la llegada de españoles, y más tarde con otros inmigrantes provenientes de las más apartadas regiones del mundo.1 Si bien en ese momento el mismo Ferretis aseguraba que la política migratoria del Estado mexicano, como consecuencia de la crisis económica mundial de 1929, tendía a copiar del extranjero modas, legislaciones y vicios, al grado de que había empezado a cerrar sus fronteras a la inmigración “para defender a los nacionales contra una avalancha de extranjeros”, también señalaba que las circunstancias mexicanas eran distintas a las de las naciones receptoras de grandes flujos migratorios, como Estados Unidos o Argentina.2 Por tanto, se debía de estudiar con especial detenimiento el tipo de inmigrantes requeridos para estimular el verdadero desarrollo nacional en un momento en que, a pesar del fuerte nacionalismo heredado del movimiento revolucionario de 1910, aún subsistía en algunos hombres de Estado y de letras gran parte del supuesto decimonónico que aseguraba que el territorio mexicano era rico en recursos naturales y en oportunidades para el florecimiento de todo tipo de empresas, pero que acarreaba un lastre por el pequeño monto de su población en distintas regiones del país.

Un año después, Gilberto Loyo, uno de los más destacados demógrafos nacionales —a la postre secretario de Economía Nacional y cabeza del Consejo Superior de Estadística hasta su muerte, en la década de 1970—, publicó La política demográfica de México, en la cual incluyó un capítulo particular donde se preguntaba en qué medida México podría ser un país de inmigración. Para Loyo, al igual que para Ferretis y otros estudiosos de la época, una de las principales problemáticas de la población nacional al iniciar la década de 1930 era su escasa densidad demográfica y, por lo tanto, el Estado mexicano debía propugnar por un aumento de la población y su adecuada distribución en el territorio nacional; disminuir las causas de la mortalidad infantil y materna, estimular la repatriación de los mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos, y fomentar la inmigración de “extranjeros fácilmente asimilables” al “medio nacional”, con una clara preferencia por aquellos de “cultura latina”.3 Si bien lamentaba que los contados inmigrantes que habían llegado con anterioridad no se habían integrado adecuadamente al medio social, tendían a regresar a sus naciones de origen y durante su estancia temporal en el país vivían con especial aislamiento de la población nativa, México debía abrir sus puertas a nuevos inmigrantes capaces de ayudar a cultivar y desarrollar el campo, a técnicos de ciertas ramas modernas de la industria que debían compartir sus conocimientos con los trabajadores mexicanos, y a inversionistas, intelectuales, aristas y deportistas que se sumaran con verdadera convicción al adelanto material, social y cultural de la nación.

No obstante, el Estado debía impedir el ingreso de trabajadores temporales, cuya competencia “desleal” pudieran desplazar a los nacionales en algunas fuentes de empleo; evitar que los inversionistas externos buscaran repatriar sus ganancias antes que reinvertirlas en el país; y por último, que fuera especialmente cuidadoso en el control y la vigilancia de aquellos inmigrantes “inconvenientes” para la buena marcha del país por su activa participación en actividades políticas internas, en prácticas económicas perjudiciales para “el desenvolvimiento normal del comercio, la industria, la agricultura y el bienestar de la comunidad”, o por “propagar creencias de cualquier índole, que dividan a la familia mexicana o susciten antagonismos que impidan la unificación nacional”.4

Cabe señalar que el nacionalismo económico expresado por gran número de pensadores posrevolucionarios buscaba limitar el llamado régimen de privilegio con el que habían operado muchos inversionistas extranjeros durante el Porfiriato, así como el trato preferencial que habían recibido los administradores y técnicos estadounidenses y europeos en diversas ramas de la agricultura, la industria, el comercio o la extracción por largos años, debido a que dicho proceder había sido motivo de innumerables demandas agrarias y conflictos obrero-patronales expresados por diversos sectores de la población nacional. Y aunque durante el régimen cardenista se presentó la coyuntura más emblemática de dicho nacionalismo, con el reparto agrario y la expropiación de la industria petrolera, el mayor número de discursos y manifestaciones xenófobas hacia los inmigrantes externos vinieron de otros resentimientos históricos y prejuicios, alimentados por la demagogia de algunas organizaciones sociales y políticas que se expresaban contrarias a la influencia de los extranjeros que consideraban ajenos a la idiosincrasia nacional. De tal forma que, debido a la presión ejercida sobre algunos dirigentes, sobre todo del llamado “grupo Sonora”, algunos inmigrantes fueron impedidos para ingresar al país, en tanto que otros, incluso llegados con anterioridad, fueron estigmatizados, perseguidos o expulsados bajo el argumento de que desarrollaban actividades delictivas, pertenecían a mafias o sociedades secretas, violaban las leyes migratorias, participaban en actividades sediciosas, difundían doctrinas políticas disolventes, practicaban el agio o maltrataban y ofendían a los mexicanos.5

En estos años las expresiones de desconfianza y rechazo hacia algunos extranjeros también reflejaban ciertas posturas discriminatorias, en ocasiones de tinte hispanista, enarboladas por organizaciones de clase media como la Unión Nacional Sinarquista, el Comité Pro-Raza o la Acción Mexicanista Revolucionaria, que fueron especialmente virulentas en sus discursos y acciones contra los chinos residentes en el noroeste de México, los judíos asentados en algunas ciudades del centro del país o con aquellos extranjeros que expresaban simpatías por el comunismo.6 Aunque gran parte de las críticas se concentraban en la llamada “competencia desleal” practicada por los detallistas ambulantes provenientes del Medio Oriente y de Europa central, o pequeños comerciantes del Sudeste asiático en detrimento de los comerciantes establecidos, entre los que sin duda también se encontraban inmigrantes de viejo cuño —como los españoles—, en otras ocasiones la animadversión también se dirigían a cuestionar las uniones de algunos extranjeros con mexicanas, cuya “mala influencia”, en cuanto a sus hábitos, costumbres y fisonomía, podía “degradar” a la población nacional.

Así, aun cuando la enorme avalancha migratoria esperada nunca llegó a buen puerto, por el contrario, la inmigración siempre fue escasa y poco contribuyó al bono demográfico nacional, puesto que al inicio de la década de 1930 los extranjeros apenas representaban el uno por ciento de la población total—, la política migratoria mexicana de las décadas siguientes si bien limitó algunos excesos discursivos, se tornó cada vez más restrictiva y sólo abrió sus puertas en forma discrecional y selectiva a algunos miles de inmigrantes, cuya herencia cultural y étnica, en opinión de algunos intelectuales y políticos, se podía considerar más proclive al mestizaje y a una verdadera asimilación económica, social y cultural al país. De tal forma que a partir de la Ley de Población de 1936 se privilegió a los inmigrantes de origen hispano o provenientes del continente americano, a las mujeres que vinieran a acompañar a sus esposos o familiares, para asegurar el arraigo de los extranjeros en el territorio nacional, al tiempo que sólo se aceptó el ingreso de extranjeros que contaran con cierto capital o conocimientos que les permitiese establecerse con cierta facilidad en el país, y en distintos momentos también acogió a quienes buscaron protección en el país por motivos de persecución política.7

Por otro lado, debido a que durante el maximato y el cardenismo los empresarios extranjeros tuvieron que librar innumerables huelgas, mítines y manifestaciones, por los efectos de un movimiento obrero más organizado y combativo, algunos de ellos —temiendo alguna expropiación o la afectación de sus prebendas e intereses económicos en México— tendieron a naturalizarse como mexicanos en tanto que otros simplemente fingieron la realización del trámite. También se vieron comprometidos a despedir a sus empleados extranjeros o a disfrazar la contratación de otros, para cumplir con los requerimientos de la Ley Federal del Trabajo como una medida más para proteger sus propiedades.8 Por otro lado, en 1934 el Estado mexicano modificó la Ley de Extranjería y Naturalización, que en buena medida favoreció la naturalización de algunos inmigrantes, como fue el caso de un amplio número de guatemaltecos residentes en la frontera sur del país, que incluso se vieron favorecidos por el reparto agrario. Si bien durante los últimos años del régimen de Cárdenas —en especial después de la expropiación petrolera— el clima de tensión hacia los industriales tendió a disminuir, la cercanía de un conflicto bélico mundial volvió a encender los ánimos.9

Durante la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial se volvió a expresar la forma ambivalente en que el Estado mexicano aplicó sus políticas migratorias. Por ejemplo, mientras México abrió sus puertas a un significativo flujo de refugiados españoles y a otros grupos de antifascistas europeos, así como a algunos asilados que se oponían a los regímenes militaristas establecidos en las naciones caribeñas, centro y sudamericanas, al mismo tiempo restringió el ingreso de distintos grupos de refugiados judíos, estableció cuotas migratorias con base en nacionalidades, aplicó severas restricciones a los trabajadores migratorios centroamericanos y finalmente derogó las cartas de naturalización de muchos extranjeros vinculados a las naciones del Eje —como alemanes, japoneses e italianos—, a los que no sólo vigiló y concentró en distintas estaciones migratorias, sino que incluso incautó muchas de sus propiedades.

Y aunque en la segunda mitad del siglo XX el Estado mexicano fue moderando lentamente sus posiciones tendientes a lograr el mestizaje biológico y la asimilación de los extranjeros a la sociedad y la cultura nacional, al aceptar paulatinamente el derecho de los otros a su diferencia, siguió abriendo sus fronteras selectivamente a los inmigrantes que buscaran el arraigo en el país o aportaran elementos benéficos al desarrollo nacional, con cierta preferencia por investigadores, científicos y técnicos, o por quienes contaran con ciertos recursos para establecerse como rentistas o inversionistas en el país. De igual forma, el gobierno mexicano ofreció su solidaridad y apoyo a distintos contingentes de perseguidos políticos centro y sudamericanos, que llegaron al país en mayor número durante la década de 1980. Pero sólo hasta 1990 una nueva Ley General de Población incorporó formalmente la figura del refugiado dentro de las categorías migratorias reconocidas por el Estado mexicano, como individuos que huían de sus naciones de origen por motivos de violencia política o social y porque sus vidas corrían algún riesgo.10

Por otro lado, durante las últimas décadas el creciente número de emigrantes mexicanos que enfrentaban y enfrentan diversas trabas, violencia o tratos discriminatorios en Estados Unidos también ha promovido que la política migratoria nacional enfoque su atención en dicho fenómeno y promueva, cuando menos en el discurso oficial, el derecho al libre tránsito de los individuos y un trato más digno y respetuoso de los derechos humanos de los inmigrantes que se trasladan de un país a otro sin documentación en regla. Sin embargo, en los hechos gran parte de las políticas públicas en materia migratoria emprendidas por las últimas administraciones se han dirigido en buena medida a vigilar y limitar el acceso de otros inmigrantes, sobre todo de los trabajadores caribeños o centroamericanos que emplean el territorio mexicano como país de tránsito para intentar ingresar a Estados Unidos. Las noticias sobre su control, aseguramiento y deportación aparecen diariamente en los medios de comunicación, y aunque algunos estudiosos y organizaciones de la sociedad civil se aprestan en el apoyo y la protección de estos inmigrantes, nuevos y viejos discursos de rechazo y animadversión hacia los trabajadores migratorios se vuelven a expresar en contra de aquellos individuos que sólo buscan un mejor destino fuera de su nación de origen, sobre todo por causas de pobreza y explotación.

No obstante, a pesar de los claroscuros y obstáculos que enfrentaron y enfrentan algunos flujos internacionales, puesto que —como ya ha señalado Hans Magnus Enzensberger— “cualquier migración necesariamente desencadena conflictos, independientemente de las causas que la hayan originado, de la intención que la mueva, de su carácter voluntario e involuntario, o de las dimensiones que pueda adoptar”,11 México recibió y aún recibe una muestra significativa de inmigrantes de muy diverso origen. Su estancia en el país, a veces temporal y en otras ocasiones definitiva, también ha sido bien acogida, apreciada e incluso admirada por diversos sectores sociales, a veces por su exitosa integración económica y social, y en ocasiones por su conocida aportación a la ciencia, la cultura y la educación. Muchos extranjeros han conformado sólidas instituciones comunitarias en el país, que no sólo les han permitido interrelacionarse con la sociedad mayor, sino que también han contribuido a la conservación y difusión de muchas de sus tradiciones culturales y étnicas. Así, hoy en día difícilmente podríamos terminar de comprender a México como una nación multicultural y multiétnica sin incorporar en el tejido social de la población nacional los rostros y aportaciones de muchos individuos de origen migratorio llegados al país en décadas precedentes. Más allá de que conocer al “otro”, al “extranjero”, bajo el discurso de la alteridad, obliga necesariamente a cuestionar el valor de lo “propio” y de lo “nacional”, así como “las conquistas y colonizaciones que en su nombre se han llevado a cabo en contra de los otros”, que en más de una ocasión han sido las víctimas o los verdugos pero también nuestros semejantes.12

Por otro lado, en contraste con las naciones que han recibido grandes contingentes migratorios de origen externo, como Estados Unidos, Argentina o Brasil, en México el impacto de las migraciones internacionales, a pesar de su pequeño monto, ha sido ante todo de carácter cualitativo, puesto que muchos extranjeros han participado con especial influencia en muy diversos procesos económicos, políticos y sociales internos. Es tal vez por ello, por su cualidad y no por su número, que su aportación a la cultura y la sociedad nacional ha sido estudiada con especial interés por antropólogos, historiadores, politólogos, demógrafos y sociólogos, con especial énfasis a partir de la década de 1970. Cabe señalar que gran parte de la investigación al respecto se ha concentrado en los grupos que han mostrado mayor relevancia, como podría ser el caso de los españoles, estadounidenses, guatemaltecos, chinos, libaneses, alemanes o italianos. Otros más se han abocado al estudio de ciertas comunidades formadas por inmigrantes que se han distinguido por su herencia cultural, y muy particularmente por su credo religioso independientemente de la nacionalidad de origen, como podría ser el caso de los judíos, los mormones o los menonitas. Algunos más han estudiado el impacto de ciertos flujos migratorios desde una perspectiva regional o han estudiado el peso en distintas áreas de la economía de algunos grupos empresariales de origen externo.

No obstante, y a pesar de que hoy en día contamos con un amplio número de libros, ensayos, artículos e incluso diversas bases de datos y archivos orales que rescatan una parte de la memoria histórica de los inmigrantes en el país, todavía existen múltiples aspectos escasamente atendidos en la historiografía sobre el tema. En este sentido, los artículos que hoy presentamos en este primer volumen de la revista Dimensión Antropológica dedicado a los extranjeros residentes en México, se ocupan de comunidades y aspectos novedosos sobre el fenómeno migratorio en la historia de México, bien apuntalados mediante la consulta de fuentes de primera mano y en sugerentes perspectivas teóricas. El primer ensayo, de Ana María Serna, dedicado a las relaciones entre extranjeros y nacionales en La Huasteca veracruzana, muestra las peculiares relaciones de colaboración y beneficio mutuo establecidas por los representantes de las empresas petroleras estadounidenses y británicas con los habitantes de la región y aun con otros extranjeros, por lo que ofrece una visión poco explorada sobre la actividad de los petroleros durante el periodo revolucionario, basado en gran medida en el rescate de fuentes estadounidenses apenas explotadas. En seguida incorporamos un interesante estudio de Mónika Szente-Varga sobre el devenir de una pequeña comunidad de origen húngaro asentada en México a partir de los años 1920, que cobra especial relevancia porque se trata de un trabajo pionero sobre un flujo prácticamente desconocido en la historiografía mexicana. Los húngaros, si bien muestra ciertos paralelismos con el comportamiento de otros desplazados de Europa central o rechazados en Estados Unidos y aun en México, también muestra su especificidad y plantea la necesidad de conocer un poco más sobre los mecanismos de adaptación e integración creados por las minorías extranjeras que llegaron al país sin contar con el apoyo de instituciones formales de ayuda mutua o los capitales e intereses de una nación poderosa.

Un tercer ensayo, de Sergio Hernández, destaca el conflicto vivido por los japonenses residentes en el país en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Si bien su estudio rebasa las fronteras nacionales, al destacar la persecución de que fueron objeto los inmigrantes japoneses en distintos países del continente americano, y muy particularmente en Estados Unidos, en buena medida también muestra la posición mimética que el Estado mexicano ha tomado en cuanto al trato de algunos extranjeros. La aplicación de medidas discriminatorias y persecutorias hacia los japoneses, bajo la dirección de la política estadounidense, recuerda en buena medida lo arriba señalado por Ferretis, cuando mencionaba que en México los políticos solían adoptar “las modas, las legislaciones y los vicios de otras naciones”. En el mismo sentido, el último ensayo de este volumen, escrito por Guadalupe Rodríguez de Ita, retoma interesantes aspectos de la política migratoria mexicana durante la guerra fría, al referirse a la posición ambigua del gobierno nacional en cuanto al tratamiento de los refugiados y asilados políticos latinoamericanos llegados al país en esos años. La dinámica internacional que generó los movimientos de inmigrantes forzosos, así como la forma en que México asumió, no sin cierta resistencia, los compromisos internacionales en cuanto al trato de asilados y refugiados, siguió reflejando la actitud discrecional que ha caracterizado las políticas públicas en materia migratoria en el país.

Así, este primer volumen, de los dos que dedicaremos a los inmigrantes internacionales llegados a México en los siglos XIX y XX, y que incorpora algunos pasajes de la historia de la compleja relación de los mexicanos con los extranjeros, sus desconfianzas, claroscuros, ambivalencias y múltiples trayectorias, pretende contribuir al estudio y el debate sobre la diversidad étnica y cultural de la población nacional. El análisis académico de ese caleidoscopio de tonalidades y figuras, producto de las migraciones exteriores referido por Ferretis en los años 1930, que sigue observándose en los rostros de los habitantes de México al inicio del siglo XXI, probablemente contribuya a reconocer en el pasado y en la actualidad el derecho de los “otros” por expresarse y conservar su diferencia. Si la historia es “maestra de la vida” y “testigo de su tiempo”, tal vez el estudio y la comprensión de los conflictos entre propios y ajenos en el pasado ayude a consolidar la imagen de una sociedad plural, donde la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural, étnica y aun política no sólo debería ser una regla de buena convivencia social, sino un requisito insoslayable en un mundo en el que, por necesidad o por voluntad, más de 185 millones de individuos viven en un país ajeno al de su nacimiento, cuyos derroteros en más de una ocasión poco han correspondido a las políticas públicas de los estados que han buscado atraer o repeler su flujo.

Sobre la autora
Delia Salazar Anaya
Dirección de Estudios Históricos, INAH.

1. Jorge Ferretis, ¿Necesitamos inmigración?, México, s.e., 1934, p. 9. [↩]
2. Ibidem, p. 16. Si sirve como ejemplo, en abril de 1929, el Ejecutivo prohibió la inmigración de trabajadores que pretendieran llegaran al país “para [realizar] trabajos corporales mediante salario o jornada”, aunque se exceptuó de tal medida a los inmigrantes japoneses, americanos y europeos, mientras que en 1931, la prohibición se extendió a todo tipo de trabajadores extranjeros. Diario Oficial, 27 de abril de 1929, p. 1. El reglamento se emite hasta mediados de año. Diario Oficial, 12 de julio de 1929, p. 1. Diario Oficial, 17 de julio de 1931, p. 2. Cabe señalar que desde 1927 se había restringido el ingreso a la inmigración de negros, indobritánicos, sirios, libaneses, armenios, palestinos, árabes, turcos y chinos. [↩]
3. Gilberto Loyo, La política demográfica de México, México, Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del PNR, Secretaría de Prensa y Propaganda, 1935, p. 28. [↩]
4. Ibidem, p. 359. [↩]
5. Gilberto Loyo apuntala sus ideas sobre los extranjeros inconvenientes en las principales causas que promovieron la expulsión de 370 individuos entre 1924 y 1934; ibidem, cuadros 4, 5 y 6, pp. 355-356 y 360. [↩]
6. Sobre la actividad de estas organizaciones, véase Ricardo Pérez Montfort, “Por la patria y por la raza”, en La derecha secular en el sexenio de Lázaro Cárdenas, México, Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 1993. [↩]
7. Diario Oficial, 29 de agosto de 1939, p. 1. [↩]
8. En 1934, cuando se modificó la Ley de Extranjería y Naturalización, algunos hijos de extranjeros nacidos en México vieron algunas facilidades legales para obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento; sin embargo, también hubo voces en contra de la medida, pues afirmaban que favorecía a los extranjeros; véase Moisés González Navarro, Los extranjeros en México y los mexicanos en el extranjero, México, El Colegio de México, 1994, vol. 3, p. 41. [↩]
9. Delia Salazar Anaya, “¿Espionaje empresarial o indagatoria estatal? Los censos industriales de 1930 y 1940”, en Rosa María Meyer Cosío y Delia Salazar (coords.), Los inmigrantes en el mundo de los negocios, siglos XIX y XX, México, INAH/Plaza y Valdés, 2004, pp. 170-172. [↩]
10. Sobre la política migratoria en la segunda mitad del siglo XX, véase Mónica Palma Mora, “Da la simpatía a la antipatía. La actitud oficial ante la inmigración, 1908-1990”, en Historias, núm. 56, septiembre-diciembre de 2003, pp. 63-76. [↩]
11. Hans Magnus Enzenberger, La gran migración. Treinta y tres acotaciones, Barcelona, Anagrama (Argumentos, 133), 1992, p. 15. [↩]
12. Esther Cohen y Ana María Martínez de la Escalera (coords.), Lecciones de extranjería. Una mirada a la diferencia, México, Siglo XXI/Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM, 2002, p. 8. [↩]