La obra estudia el proceso de reconfiguración del gobierno local de una comunidad indígena, a partir de las disputas entre diversos grupos locales y no locales, pero a la luz de su vinculación con el propio proceso de transformación del Estado mexicano. El gobierno local aparece como un terreno de lucha entre distintos grupos, apoyándose, de manera desigual, en diferentes instituciones de gobierno: el ayuntamiento, los partidos políticos, la Iglesia católica, El cabildo indígena y los barrios, entre otros.
El trabajo se enfoca principalmente en el análisis de dos conflictos ocurridos entre 1988 y 1995: la puesta en práctica de una nueva política de evangelización y el inicio de la competencia partidaria, ante la emergencia en la comunidad de un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Para ello, se aborda de manera general, tanto las políticas de evangelización como la institución religiosa indígena y la organización social existentes en la comunidad antes de estos conflictos, a fin de dar cuenta precisamente de los cambios en el gobierno local.
La importancia de la nueva línea pastoral, a diferencia de las políticas anteriores, fue que generó polaridad entre los miembros de Tarecuato, por la realización de acciones que eran hasta ese entonces desconocidas (1942-1984) por los feligreses. Para algunos representó una nueva manera de ejercer su religiosidad, pero para otros resultó no sólo desconcertante y contraria a su organización religiosa indígena, a sus ceremonias y rituales, llegando incluso a darse enfrentamientos al interior de las familias.
La confrontación se centró fundamentalmente entre el párroco y la mayoría de los miembros del cabildo, la principal institución político-religiosa de la comunidad. Algunas de las acciones que fueron motivo de conflicto, fue el hecho de que el párroco asumió de manera unilateral una serie de facultades que anteriormente habían sido de la exclusividad del cabildo: la de nombrar a las personas para ocupar los cargos religiosos de la comunidad, y la de modificar ciertas prácticas religiosas, como la determinación del número de personas a ocupar cada cargo, sus funciones y las formas de ejercer los rituales.
A esta situación ya de por sí conflictiva vino a sumarse, en ese mismo año de 1988, otro acontecimiento importante que trasladó la disputa político-religiosa a las luchas por los cargos de elección popular de instituciones del Estado nacional, la conformación del Frente Democrático Nacional (FDN), luego transformado en PRD. Con su creación se estableció la competencia entre partidos, dando fin al PRI COMO partido con mayor presencia en la comunidad, dada la pálida participación del PAN.
Al igual que la iniciativa de evangelización, la conformación del PRD generó posiciones encontradas entre los miembros de Tarecuato, se dieron rupturas, alianzas y redefiniciones políticas entre los distintos grupos políticos. Proceso del cual también formaron parte el párroco y un buen número de sus seguidores, realizando acciones de manera abierta a favor del PRI, mientras que la mayoría de los cabildos se aliaron con los líderes promotores del neocardenismo, quienes a su vez les brindaron apoyo ante el conflicto que sostenían con la parroquia.
Por un lado, este vínculo de los cabildos con el nuevo partido los fortaleció y les permitió recuperar en la práctica sus facultades como institución político religiosa indígena. Pero por otro, esta alianza y, en general, la irrupción de la competencia entre partidos, contribuyeron directamente al debilitamiento de uno de los principales sustentos de la organización política de la comunidad indígena: la organización de la participación de la población local en la política de la comunidad según el barrio de residencia, en el que los cabildos eran actores centrales.
Irónicamente, los partidos políticos -muy especialmente el PRD-desplazaron a los barrios como los espacios indígenas de participación política que habían sido clave para los procesos de selección no nada más de cargueros y otros puestos de la organización religiosa indígena, sino también de los candidatos a la titularidad de las dos principales instituciones no indígenas del Estado mexicano con presencia local: la jefatura de tenencia y el comisariado de bienes comunales.
Anteriormente, el proceso de elección consistía en que una vez que terminaba el periodo se avisaba a los cabildos para que ellos junto con los líderes de barrio definieran uno o dos candidatos, los cuales eran presentados a la “junta del pueblo”, instancia que finalmente decidía. Esta organización barrial se ve desdibujada por la estructura partidaria y la voz de los cabildos, aunque importante, es una más en las reuniones, principalmente, de uno de los tres partidos, el PRD.
Sin embargo, con la competencia partidaria también se alentó la participación activa en los procesos electorales de los tarecuatenses en el ayuntamiento, anteriormente las urnas eran llenadas con votos tachados por otros. Su participación redefinió sustancialmente la relación de subordinación político-económica que había prevalecido del ayuntamiento -gobernado por priístas mestizos de la cabecera-, para con la comunidad indígena.
Los cambios se expresaron no sólo en materia presupuestal para la realización de obras que eran prácticamente inexistentes en la comunidad, sino además en la conformación del ayuntamiento, del cual desde la creación del municipio en 1836 nunca habían formado parte. Al principio, algunos de sus miembros se integraron en calidad de regidores, luego síndicos y después de largas disputas al interior del propio PRD, en el cargo de la presidencia municipal (2002-2004).
Sin embargo, su membresía partidaria no ha impedido que algunos grupos políticos cuestionen a los partidos como espacios que monopolizan la representación política y que realicen propuestas que remiten necesariamente a su búsqueda de participación en la redefinición del Estado mexicano. Dichas propuestas consisten en: ejercer de facto un nuevo municipio crear un municipio apegado a la legislación; y una remunicipalización como parte de un proyecto más amplio de autonomía político-territorial indígena.
Estas propuestas entrelazan distintas reformas de carácter electoral, rnunicipal y, en particular, la última, plantea justamente una reforma del Estado, en la que se reconozcan a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos jurídicos con derecho a formar parte de la Nación en tanto colectividades con sus propias formas de gobierno.
Sobre el autor
Octavio González Santana
El Colegio de Michoacán.