El ascenso en la administración virreinal rioplatense del letrado Pedro José Agrelo

Resumen

La actividad de los letrados criollos fue central para la organización político-jurídica del orden hispánico borbónico. El caso en estudio, el ascenso en la administración virreinal rioplatense de Pedro José Agrelo revela las formas en que ésta se producía y la importancia que sus funciones tenían en relación con el orden político local. Su estudio permite profundizar en la comprensión de las dinámicas sociopolíticas de los gobiernos virreinales a finales del siglo XVIII.
Palabras claves: administración borbónica, José Pedro Agrelo, letrados, Río de la Plata, Chuquisaca.


Abstract

The activity of creole attorneys was central to the political-legal organization of the Spanish Bourbon order. The rise of a lawyer, such as the case of Pedro José Agrelo, in River Plate bureaucracy, reveals how the administration was produced and the importance of its functions in relation to local political order. Its study allows us to explore the sociopolitical dynamics of viceregal governments at the end of the eighteenth century.
Keywords: Bourbon administration, José Pedro Agrelo, attorneys, River Plate, Chuquisaca.


La trayectoria política e intelectual de Pedro José Agrelo (1776-1846) se desarrolló en el Río de la Plata mediante una relevante actividad jurídico-política. Tras un rápido ingreso y ascenso en la administración borbónica en el Alto Perú, integró los sectores revolucionarios de Buenos Aires desde principios de 1811. A partir de entonces se desenvolvió como periodista, integrante de la Cámara de Apelaciones, fiscal del juicio contra Martín de Álzaga (1812), miembro de la Logia Lautaro, diputado y presidente de la Asamblea del Año XIII, donde promovió la acuñación de moneda soberana y presentó un proyecto de Constitución. Allegado a Carlos de Alvear, conspiró contra el gobierno de Juan Martín de Pueyrredon, lo que le valió el exilio en Estados Unidos en 1817; allí se vinculó con pensadores federales estadounidenses, colaboró en la caída del Directorio en 1820, redactó la Constitución provincial de Entre Ríos de 1822, fue uno de los primeros catedráticos de la Universidad de Buenos Aires y se convirtió en un referente de las posiciones secularistas luego de la redacción de su Memorial ajustado, con el que intervino en el conflicto generado por la designación papal de un nuevo obispo para Buenos Aires; promovió el cierre del periódico El Restaurador de las Leyes, y debido a su oposición a Juan Manuel de Rosas murió en el exilio en Montevideo, donde colaboraba con la Convención Argentina.

Su importancia en el periodo estudiado se evidencia en las referencias acerca de su figura en investigaciones centrales sobre cuestiones de relevancia para las ciencias sociales, como el accionar del periodismo, las políticas secularistas, la organización jurídico-institucional y la actividad política en general.1 Todas estas producciones señalan su activa y significativa presencia en los acontecimientos clave de la época, pero sin detenerse en la trayectoria del letrado ni en su posición conflictiva ante los cambios en las estructuras jurídico- políticas.

Por ello, el presente trabajo se inscribe dentro del marco general de la investigación sobre su trayectoria político-jurídica, que permite desentrañar las formas en que el letrado en cuestión se vinculó a los sucesivos gobiernos y actuó en función de ellos al dar aportes administrativos y teóricos según las necesidades coyunturales. Este artículo se centrará exclusivamente en la primera parte de aquella cuestión, referida a su formación intelectual junto con su acceso y ascenso en la administración virreinal, lo cual permitirá comprender la complejidad de las dinámicas sociopolíticas de los gobiernos borbónicos a finales del siglo XVIII en el Río de la Plata.

Pese a su participación central en los movimientos políticos del periodo, y a la extensa y compleja red de vínculos sobre los que operaría en su primer posicionamiento social, su estudio ha sido omitido generalmente de la historiografía. Desde su muerte, a mediados del siglo XIX, su persona ha contado con algunas breves reseñas bibliográficas que referían al periodo virreinal.2 La única obra historiográfica sistemática y científica sobre la actividad específica de Agrelo durante el Virreinato la escribió Carlos Correa Luna, y trató sobre las tensiones sufridas en su cargo de subdelegado de Chinchas (Alto Perú) en 1810.3

Ello presenta la necesidad de investigar aquellos años previos a dichos sucesos, a fin de comprender el accionar de Agrelo durante el periodo borbónico. En consecuencia, podrá ahondarse en las características de la formación y el desarrollo de la carrera de un letrado colonial hispánico, antes de las crisis estructurales sufridas a partir de 1810, que alterarían las formas de vinculación con respecto del gobierno. De esa manera se podrá aproximar la comprensión de las prácticas existentes en el desempeño de las funciones administrativas en la región del Río de la Plata, a través del caso particular de Agrelo.4

Esto permanece estrechamente asociado a la concepción vigente en aquel momento, respecto de la justicia como expresión política de la autoridad real y al rol de los letrados como “hombres de saber”, que en la práctica solían permanecer al servicio del orden monárquico. Eran personas formadas y preparadas en un conocimiento erudito para el servicio jurídico o político del sistema borbónico.5 Estas cuestiones pueden verse reflejadas en la cultura política que evidencia la trayectoria de este letrado desde sus años iniciales hasta 1810, inclusive. Un estudio integral del periodo permitirá dilucidar las relaciones políticas, jurídicas y sociales que operaban en el ascenso y posicionamiento en la jerarquía administrativa de un letrado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en el Río de la Plata.

Como letrado operaba en el terreno de la justicia, que en la época era entendida como el mantenimiento del “orden natural”, cuyo garante era el rey, quien actuaba como “supremo juez”. El letrado en su vertiente de juez, fiscal u oidor era un agente real6 que operaba como representante de tal autoridad, por lo que era un actor político con connotación social que se desarrollaba necesariamente bajo la estructura administrativa local. Tenía espacios de libertad para actuar dado el probabilismo predominante y el casuismo legal, por lo que respondía a las circunstancias y poderes intervinientes, siempre respetuoso de la imagen sublime del rey. Esto se daba ante una Monarquía que tendía a su estatización mediante la ampliación de la administración que seguía sustentándose en la concepción jurisdiccional del poder real.7 Ello hace de Agrelo un agente jurídicopolítico que actuaba como portador de esa simbología y potestades delegadas.

Esas condiciones se desarrollaban en relación con las particulares propias del mundo hispánico, el cual puede ser conceptualizado como “Monarquía compuesta”8 o “Monarquía policéntrica”9 en función de la diversidad de polos políticos que se integraban bajo una misma estructura monárquica. Esa dispersión interna del poder daba importancia a las élites locales y a los posicionamientos administrativos de cada región, por lo que es necesario el estudio del quehacer político colonial a través de la amplia red de relaciones interpersonales.10 De esa manera, las redes familiares actuaban como parte de una cultura política que arbitraban los dinamismos del estatus social de las alianzas familiares. Ello lleva a la necesidad de comprender Agrelo en la trama relacional de Buenos Aires y el Alto Perú por donde circuló, para lograr precisar la forma en que ésta operó para facilitar su ascenso en la carrera letrada.11

Por todo lo anterior, el presente trabajo pretende comprender la forma en que Agrelo, un joven de la élite criolla no muy pudiente, logró ascender social y profesionalmente mediante su formación como letrado y su incorporación al sistema jurídico-político, dentro del cual llegó a ocupar el destacado cargo de subdelegado de Chinchas, antes del quiebre institucional de 1810. Se considera que dicho ascenso fue resultado de los vínculos sociales construidos, que le dieron una posición local, la cual le facilitó su ponderación por parte de las autoridades virreinales superiores, que habrían de promoverlo como consecuencia de esa red social que lo sustentaba.

Para abordar la investigación se considerarán las fuentes del periodo, que constan especialmente de narraciones hechas por sus colegas de estudios y actividades letradas, junto con correspondencias y documentación del orden jurídico-administrativo que denotan las condiciones de los espacios a los que accedía. Al no existir conservado un testimonio personal de Agrelo sobre el momento estudiado, toman importancia los dejados por sus allegados como Manuel Moreno y Bernardo de Monteagudo, entre otros, quienes a la vez dotaron a los mismos de una carga simbólica subjetiva y general sobre la situación.12 La confrontación de esta información con correspondencias y con la mencionada documentación jurídico-administrativa permitirá reconstruir las prácticas y las formas en las que se dio el ascenso de Agrelo. Las redes sociales mencionadas serán exploradas sólo en lo relacionado con su promoción en la carrera letrada hasta 1810, omitiéndose para otros trabajos las demás cuestiones derivadas de éstas.

De esa manera, los objetivos específicos del estudio serán: analizar las condiciones de ascenso y posicionamiento social y político en el periodo por parte del letrado en cuestión; comprender el marco de redes y prácticas en el que se desarrolló la formación de Agrelo, y estudiar los vínculos asociativos y de confrontación existentes en la élite local en la que estaba inmerso y que le facilitaron su progreso profesional.

Origen familiar y vínculos sociales de parentesco

Pedro José Agrelo nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1776, el mismo año en que se constituye administrativamente el Virreinato del Río de la Plata con capital en aquella ciudad, que hasta entonces era un puerto seco. Era hijo del mercader y luego escribano público Inocencio Antonio Agrelo (nacido en San Pedro de Orazo, Pontevedra, Galicia, España) y de Francisca Antonia Moreyra, criolla de Buenos Aires. Su familia estaba conformada por varios hermanos, y por vía materna permanecía vinculada a miembros importantes de la élite local. Francisca Moreyra era hija de Rosa Posadas, quien era hermana de Gervasio Antonio Posadas. Por tal motivo, Pedro José Agrelo era sobrino nieto de Gervasio Antonio Posadas y primo político del sobrino segundo de Posadas, Carlos de Alvear. Ambas familias, de gran importancia comercial y administrativa en Buenos Aires. Además, por la otra hermana de Gervasio y de Rosa Posadas, era primo segundo de Domingo French.13

Sin embargo, estos vínculos de la rama matrilineal resultaban lejanos al momento del posicionamiento económico del núcleo familiar en el que nació Agrelo. En sus primeros momentos de vida parecían primar las relaciones societarias de su padre, quien no tenía un apellido de prestigio. El estatus social de un apellido provenía por entonces especialmente de la línea patriarcal, transmitida a los hijos.14

Inocencio Agrelo era un peninsular arribado a Buenos Aires como mercader, aunque posiblemente tuviera una formación notarial originaria en Galicia, dada la posterior autorización del Cabildo de Buenos Aires para el ejercicio del cargo de escribano público y particular.15 Por entonces, un escribano español tenía una posición especial dada su capacidad alfabetizada y el acceso a la información que poseía. Era formado en conocimientos prácticos, por lo que carecía de gran erudición letrada. Sin embargo, su trabajo lo relacionaba con las élites sociales, actuando como una especie de “intermediarios del poder” entre la mayoría iletrada y la nobleza o la burguesía adinerada, tanto desde el ámbito público (concejo municipal, cabildo catedralicio, funcionarios de otros organismos públicos) como en el privado y particular.16

Debido a esas características, Inocencio logró, mediante el tratamiento notarial en convenios particulares, desarrollar un oficio que le permitió vincularse con familias de la élite de la ciudad, aunque mantenía ingresos austeros en comparación con las principales figuras locales. Su cargo fue ejercido desde 1788 en asociación al escribano Francisco Barros, con registro número 7.17 Mientras aguardaba por alcanzar ese nombramiento, su desempeño como mercader lo llevó a ser un agente intermediador en la transacción de los miembros de la élite, lo que le permitió crear lazos y vínculos societarios que le facilitaron su posicionamiento. En aquel proceso inició su relación afectiva con Antonia Moreyra, integrante de la alta sociedad porteña. Sin embargo, su matrimonio fue aparentemente conflictivo. Durante el noviazgo ella quedó embaraza, lo que habría apresurado el casamiento.18 La ceremonia ocurrió el 24 de abril de 1776 en la basílica Nuestra Señora de la Merced, en Buenos Aires, y fue oficiada por Juan Baltasar Maciel.19 Dos meses después nació el primogénito de la familia, quien fue bautizado el 30 de junio como Pedro José León Agrelo y Moreyra.

El casamiento dio —para las prácticas sociales de entonces— un marco legítimo al niño, quien nacía así de forma pública y ante el reconocimiento de la élite local. A su vez, el bautismo era una práctica religiosa que permitía ostentar la ubicación social y la inserción del infante en la estructura social. Por ello, el acta bautismal le daba el marco legal que lo ubicaba entre las castas sociales. Este hecho, a la vez de representar su ingreso simbólico a la comunidad espiritual, permitía establecer relaciones familiares y societarias que daban registro del linaje sanguíneo y “espiritual”. Esto se debía a que los padrinos cumplían una función central en el acompañamiento del crecimiento del infante, tanto en su vida pública como doméstica, lo que permitía integrarlos a la “red familiar”.20

Todo ello quedó especificado en su acta de bautismo, al ser anotado en el libro de “blancos”, donde fue apadrinado por la misma pareja que lo había hecho con el casamiento de sus padres, es decir, Domingo Urien y su esposa María Victoria Basabilbaso, quienes entonces ya tenían como hijo a José Domingo, con quien Pedro José compartió parte de su infancia. Ese parentesco religioso daba un marco de legitimidad y prestigio a la unión concubina y a su descendencia. La familia Urien era reconocida en la ciudad por su actuación en el Cabildo y por la posesión de importantes bienes económicos fruto de sus actividades comerciales. Su amparo al casamiento y al bautismo del infante fue clave para salvaguardar y sostener la reputación de su apellido, a la vez que implicaba el ingreso del joven a la “red familiar” que articulaban estas familias integrantes de la élite capitular.21

La familia Agrelo logró criar a su hijo en un marco social con acceso a recursos básicos. Esto se daba a pesar de los ingresos más austeros de Inocencio, en comparación con la familia de su esposa. A pesar de ello, ambos se mantenían en la condición de “gente decente”; eso significaba —dentro de la sociedad americana— que eran considerados jurídicamente como españoles-criollos, el padre de familia era propietario y poseía voz y voto en un posible Cabildo Abierto de la ciudad en donde residía, a la vez que tenían acceso a la educación y al ejercicio de profesiones vinculadas a la administración estatal o al comercio.22 La condición social quedaba estipulada en el padrón de la ciudad de 1778, donde Pedro José se encontraba registrado con sólo dos años como “español”, al igual que su hermana recién nacida, María Francisca, y su tía de 26 años, Isabel Moreyra, quien vivía en la misma casa. En el mismo padrón quedaban especificados los empleados que trabajaban y vivían en la casa de Inocencio, como la “mulata Josefa” y la “negra Catalina Establos”.23

Pronto, con el nacimiento de los hermanos de Pedro José, se ajustaron los recursos familiares. No se han encontrado documentos que demuestren que por aquellos años existiera un respaldo económico o social de la rama genealógica de los Posadas-Alvear, y según testimonio de Martín Avelino, hijo de Pedro José, la situación económica era endeble. Entre 1778 y 1793 nacieron los hermanos del hijo primogénito: María Francisca, Jacinta, Benita, Marcos Leonardo y José Buenaventura. El incremento de la prole familiar conllevaba el ajuste de los recursos económicos para su sostenimiento.

La formación educativa

A pesar de las dificultades económicas, la familia Agrelo se esforzó en conseguir fondos para sostener la educación de sus hijos, entendida ésta como una pauta cultural que daba posición a la familia y abría la posibilidad de ascenso social. En continuidad con las acciones emprendidas por la mayoría de las familias criollas consideradas como “gente decente”, Pedro J. Agrelo fue inscrito en la única institución educativa de su ciudad natal.

A los diez años de edad, en 1787, ingresó al Real Colegio de San Carlos, donde recibió la fuerte influencia de la perspectiva educativa que ostentaba la Institución. La misma poseía el aval de la Monarquía y por entonces se encontraba bajo la dirección de Carlos José Montero, quien en 1793 sería reemplazado por José Luis Chorroarín. La entidad representó durante siete años su principal espacio de sociabilización, mediante la creación de vínculos con compañeros y profesores, muchos de los cuales serían sostenidos en el tiempo. También adquirió allí las primeras herramientas intelectuales para su formación, constituyendo así el sustrato o acervo sobre el que se desarrollaría la continuidad de su preparación erudita.

El colegio constituía un espacio que nucleaba a las élites políticas y culturales, lo que facilitaba el ascenso de los alumnos mediante la creación de vínculos societarios, además de la formación personal. Fue creado como base de una futura universidad en la ciudad, por lo que buscaba sostener un alto grado de exigencia. Su objetivo era formar letrados y hombres que sirvieran a la vigente autoridad política, la cual tendía a unificar los planes de estudios y darles un marcado carácter regalista a las teorías ético-políticas.24

Estas cuestiones caracterizaban el perfil que la Institución buscaba para que sus alumnos —como Agrelo— adquirieran en función de las necesidades del Estado.25 Las mismas se nucleaban en la formación de letrados —expertos en derecho y sus fundamentos filosóficos— para la renovación y sostenimientos de las estructuras del centralismo administrativo borbónico. En función de ello, se priorizaba la enseñanza de filosofía natural, lógica, derecho, matemáticas, literatura y teología; cuyos conocimientos de carácter normativos se articulaban con la educación basada en las denominadas “siete artes liberales” que le daban al alumno capacidades de retórica y dialéctica.26 Este esquema de multiplicidad de áreas de conocimiento tenía coherencia en la constitución de un hombre erudito que pudiera responder a las necesidades gubernamentales.

A pesar del enfoque que adquiría la Institución y que transmitía a sus alumnos, no estaba facultada para emitir títulos, por lo que su función estaba destinada a preparar a los alumnos para los estudios universitarios. Ello implicaba necesariamente que el joven buscara con posterioridad una universidad exterior a la región en la que pudiera formarse; entre otras, tal podía ser la de Chuquisaca, Córdoba, o en casos muy particulares —como Manuel Belgrano— una de la península.

Si bien el colegio fue fundado por el virrey Juan José Vertiz como un intento de modernizar la educación que antes regían los expulsados jesuitas, la entidad seguía con una estructura definidamente escolástica en su pedagogía.27 En 1787, cuando Agrelo ingresó a la Institución, Montero modificó los planes de estudio. Dio una duración de tres años para los estudios de filosofía y de cuatro para teología. Se flexibilizó las disposiciones filosóficas donde sólo se enseñaba la metafísica tomista. A la vez que se crearon vínculos con la Universidad de Chuquisaca para el reconocimiento de los certificados expedidos por el colegio.28 La primacía de la enseñanza escolástica en la mayoría de las cátedras fue resaltada por compañeros próximos a la generación de Agrelo, como Manuel Moreno, quien manifestó que la formación del colegio seguía “postulados abstractos y autores antiguos” en lugar de acentuar los saberes prácticos que modernizaban los claustros europeos influidos por la Ilustración.29

A pesar de la formación de raíz escolástica que recibió Agrelo, existían en el colegio aportes que buscaban ser modernizadores. Algunos profesores sostenían una integración ecléctica entre los principios escolásticos y las categorías ilustradas que no contradecían los dogmas católicos.30 Entre los profesores que seguían este esfuerzo integrador se encontraba Francisco Sebastini, quien dictó un curso de lógica entre 1791 y 1793. Por ese entonces, Agrelo cumplía 15 años y se inscribió como alumno de la cátedra. El joven estudiante cursó junto con 36 alumnos matriculados y compartió el aula con compañeros de su edad, como Ramón Anchoris y Julián Segundo de Agüero. En las clases, Sebastini manifestó su intención de sostener una teoría lógica que fuera ecléctica, en cuanto integrara los aportes de los grandes pensadores, a fin de evitar la reducción a dogmas.31 Su curso se regía esencialmente por la articulación de conceptos y categorías de la teoría cartesiana con la escolástica tradicional tardo-medieval. Además, aceptaba la integración de autores que citaba con frecuencia, como el ilustrado Christian von Wolf junto con los escolásticos Pedro da Fonseca e Inácio Monteiro, sumadas a las numerosas referencias a René Descartes y Pierre Gassendi.

Al finalizar el curso, Agrelo y Agüero expusieron juntos y de forma pública sus conclusiones el 30 de diciembre de 1791 en la iglesia de San Ignacio, patrono de la Institución. La lección les valió en términos de Sebastini “una merecida aprobación”.32 Esta práctica de exposición pública era usual para los alumnos considerados sobresalientes por parte de sus profesores. Ello evidencia no sólo el prestigio adquirido por Agrelo en sus años de formación escolar, sino la profundidad del conocimiento adquirido. Las clases de Sebastini tuvieron un evidenciado efecto en su formación individual, tanto en lo intelectual como en lo personal, al tener la primera oportunidad registrada de hacer públicas sus ideas y conocimientos. Así, empezaba a demostrar públicamente su capacidad analítica y retórica.

Sin embargo, el joven manifestaba también problemas disciplinarios reflejados en sus reiteradas fugas del colegio; la quinta y última, ocurrida en abril de 1795, llevó al director, Chorroarín, a que informara al virrey sobre el carácter de Agrelo, el cual era considerado “mal morigerado e incorregible, que sólo sirve para perturbar el buen orden que reina, y dar mal ejemplo a sus compañeros”. Por lo que le pedía se le sacara la beca que tenía, pese a los pedidos de Inocencio para que Pedro permaneciera como alumno en carácter de manteísta, pudiendo así estudiar desde su hogar por ser “el único partido que ha podido sacar de su hijo”. El pedido fue rechazado, por lo que el estudiante no sería más aceptado en el colegio.33

En aquel establecimiento, Agrelo había manifestado la intención de cursar la carrera eclesiástica. Esta cuestión evidencia la perspectiva generalizada de las familias de recursos medios. Al tener muchos hermanos y ser hijo de un escribano que carecía de grandes ingresos, sus posibilidades de ascenso social quedaban vinculadas al desarrollo de su capacidad erudita como funcionario del Estado y a los vínculos que pudiera hacer. En esta perspectiva, las instituciones eclesiásticas representaban canales de participación de las familias locales en los espacios de actividad pública, lo que facilitaba una forma de ascenso social y de mantenimiento del estatus.

Como espacio de prestigio y legitimación, la carrera eclesiástica era promovida y ponderada. Eso se debe a que por entonces la Iglesia permanecía estrechamente vinculada con la sociedad, sin la existencia de un proceso secular que diferenciara con claridad los límites de lo privado y lo religioso.34 Ante tal integración en la cosmovisión social, se comprendían las intenciones —a veces personales y a veces familiares— de que un joven que evidenciaba cierta capacidad, accediera a la carrera eclesiástica y ascendiera en sus jerarquías. Eso permitía reposicionar con prestigio la portación de su apellido y alcanzar espacios que de otra manera le serían vedados o de difícil alcance. En ocasiones, esta cuestión venía asociada a una verdadera vocación personal. En aquellos casos donde esa vocación no estaba arraigada, solía producirse el alejamiento de ella en la medida en que el actor en cuestión adquiriera por otro medio la posición social buscada.

Esto último parece ser lo producido en Agrelo, quien desde sus primeros estudios manifestaba una intencionalidad de ascenso social, respaldado en su capacidad y sujeto a una circunstancial carrera eclesiástica. Su familia superó varios problemas económicos mientras él cursaba sus primeros estudios en el colegio. Para sus últimos años de formación la situación familiar ya había mejorado. La ponderación adquirida por algunos docentes —en su mayoría clericales—, pese a los problemas disciplinarios y la revocación de su beca, le permitió contar con su respaldo para solicitar una beca en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, con el objetivo de doctorarse en derecho e iniciar la carrera eclesiástica.

Mientras permanecía en el colegio y en vísperas de su finalización, durante su último año hizo donativos a la Corona, como símbolo de lealtad y sujeción ante su intención de continuar sus estudios para incorporarse al cuerpo administrativo de la Monarquía; sus aportaciones se sumaron a las de su colega de curso, Julián Segundo de Agüero, y no hay registros de otros compañeros que las hubieran hecho.35 Esto representaba una diferencia económica sustanciosa con respecto de la mayoría de los egresados que aspiraban a continuar sus estudios y que carecían de recursos para hacerlo. A su vez, marcaba las mejoras en la condición financiera de su núcleo familiar. Tras el incidente de su fuga, en 1795, dejó el colegio y partió hacia el norte del Virreinato para ingresar a la universidad con el aval de las autoridades de San Carlos y parte de los ahorros conseguidos por su familia en el último tiempo.

Por entonces, Chuquisaca representaba el eje político y cultural del Alto Perú, su universidad poseía notable prestigio y era un referente para la continuidad de los estudios por parte de muchos hombres de Buenos Aires. La reorientación atlántica del Alto Perú, luego de su incorporación al Virreinato del Río de la Plata en 1776, se evidenció en el incremento de los contingentes de estudiantes rioplatenses, ya fuera desde Salta o desde Buenos Aires. La diversidad de los alumnos residentes hizo de Charcas una ciudad activa y cosmopolita, que favorecía el intercambio cultural y permitía rearticular lazos sociales con la élite altoperuana.36

La universidad contaba con el aval papal (expresado en el título de Pontificia), lo que le daba jerarquía en todo el orbe cristiano, mientras que el título de Real indicaba la autorización recibida por el monarca, lo que la convertía en una de las de mayor prestigio de la Corona española y la única —junto con la de México— que portaba esta distinción en América. La carrera de Derecho a la que ingresó Agrelo integraba tanto el romano (o civil) como el canónico. Recientemente se habían articulado además los contenidos propios de la jurisprudencia española bajo el nombre de “derecho real”. Los títulos que se podían alcanzar en esta carrera eran el de bachiller (habilitaba para ejercer la profesión), el de licenciado (autorizado para enseñar) y el de doctor, el cual suponía la mayor autoridad intelectual.37 Este último grado permitía el acceso a puestos claves dentro de las jerarquías administrativas y de ejercicio jurídico de las instituciones monárquicas.

En sus cátedras, Agrelo profundizó en los conocimientos de filosofía, derecho, matemática y teología. Muchas de sus clases consistieron en comentarios de textos y autores, además de su obligatoriedad a participar de las “disputas” públicas, que actuaban como ejercicios donde los alumnos demostraban las aptitudes desarrolladas y donde la capacidad retórica se articulaba con el conocimiento técnico e intelectual adquirido.

Bajo estos parámetros, Agrelo se formó como letrado durante los diez años que estudió en la Institución y en los que mantenía su residencia en la ciudad de Charcas. Compartió aulas con Mariano Moreno y Antonio Sanz, junto a quienes se recibió de bachiller en Derecho en 1801.38 Con uno o dos años de diferencia coincidió en los espacios universitarios con otros alumnos de trayectoria compartida como Pedro Miguel Aráoz, Pedro Medrano, Manuel Felipe Molina, José Ignacio Gorriti, Teodoro Sánchez de Bustamante, Manuel Antonio Castro y Andrés Pacheco y Melo entre otros.39 Esta cuestión demuestra los vínculos adquiridos por Agrelo, contactos más o menos personales con futuros letrados de actuación contemporánea a él y con quienes compartiría instituciones o se enfrentaría políticamente.

Recibido de bachiller, continuó su formación para alcanzar el grado de doctor. Para ello, durante sus últimos años de estudio llevó a cabo las prácticas forenses que le permitieron adentrarse en el funcionamiento efectivo del aparato jurídico hispanoamericano. Las mismas se hacían en la Real Academia Carolina de Prácticas Juristas. Para ingresar allí debió contar con la recomendación de sus docentes. En junio de 1800, poco antes de recibirse de bachiller, el educador José Sosa y Márquez envío una carta al director de la Academia donde mencionaba la calidad intelectual de Agrelo, sus altas notas y su agradable personalidad, por lo que sugería su aceptación ante la esperanza de que continuara sosteniendo sus altas calificaciones.40

Aceptado en 1801, luego de aprobar un exigente ingreso, fue asiduo asistente a la Academia, donde desarrolló cursos teóricos-prácticos. Allí, la universidad y la política confluían en un ámbito de encuentro, socialización y debate entre las élites políticas y los hombres de saber. La Academia convocaba y enfrentaba tanto a graduados como a estudiantes y a funcionarios de la Audiencia, para reflexionar y discutir sobre cuestiones vinculadas tanto con las doctrinas jurídicas como con los asuntos públicos.41 Debido a ello era un espacio privilegiado para el ingreso a la vida político-administrativa del régimen borbónico por parte de los futuros egresados.

La impronta escolástica y memorística de los años anteriores quedaba entonces relegada ante la imposición de prácticas y actuaciones que le daban experiencia retórica y de desenvolvimiento social a los alumnos.42 En 1804, tras dar su audiencia pública, consistente en la disertación final de sus estudios, Agrelo recibió los títulos de doctor en Teología y en Derecho. Para acceder a ellos debió refrendar un juramento sostenido en la defensa tanto del principio de Justicia como de Fidelidad. Ello planteaba que los doctores egresados debían, en su oficio, mantener el equilibrio entre el cumplimiento de las leyes y la fidelidad a las órdenes del monarca.43 Lo que traslucía la concepción del ejercicio de la justicia como forma de ejecutar la voluntad real, siendo el rey el garante de la justicia en sus territorios y el letrado un agente de su accionar.

Casamiento y reposicionamiento social

En su estadía como estudiante adquirió importantes contactos y vínculos que le abrirían nuevos horizontes. Como ensayo de su posible carrera clerical, predicó un sermón que fue ponderado por el exoidor y entonces agente fiscal de la Real Audiencia, José Calvimontes, quién pertenecía a una familia de la élite altoperuana. Él le ofreció y garantizó respaldo económico y social. Asociado personalmente al fiscal, Agrelo fue adquiriendo prestigio como su asesor y ayudante, a la vez que completaba sus prácticas profesionales. La estrecha relación construida entre ambos respondía a la lógica de “patronazgo”, mediante la cual un hombre de mayor jerarquía asociaba a su cargo y figura a otra persona de menor condición social, garantizándole así su inmersión dentro de estructuras sociales y estatales que de otra manera le serían negadas o de difícil acceso.

Esta asociación era importante al tratarse no sólo de alguien de la élite social de Chuquisaca, sino de un fiscal, que como tal poseía funciones administrativas y judiciales, lo que lo hacía gozar de gran predicamento social. Su formación erudita se reflejaba en sus dictámenes, en los que debía describir la aplicación razonada de los hechos investigados y aconsejando una solución que en ocasiones pretendía ser más universal que causal.44 La participación del estudiante Agrelo en este tipo de cuestiones le dio una especial experiencia formativa. Ello fue determinante para que desistiera de iniciar la carrera eclesiástica y se mantuviera como abogado integrante de la fiscalía de la Audiencia.45 Aquel vínculo fue finalmente sellado con el matrimonio entre Agrelo —ya de 27 años de edad— y la hija de Calvimontes, Isabel, quien estaba por cumplir 13 años. Según algunos relatos, el enlace habría sido organizado de forma sorpresiva a fin de sortear públicamente el impedimento moral que poseía Agrelo, dado un aparente compromiso previo de nupcias con otra mujer de mayor edad, pero de menor condición social y de prestigio familiar.46 Aquella perspectiva matrimonial estaba fuertemente condicionada por la posición de la familia Calvimontes y la conveniencia societaria del joven letrado, que aspiraba a progresar profesionalmente. Una unión de este estilo le garantizaba el ingreso a una nueva red de vínculos sociopolíticos y de agentes familiares que le podrían ser de gran ayuda.

El casamiento se produjo en la iglesia de Santo Domingo, en Chuquisaca, el 6 de septiembre de 1803, a un año de que Agrelo se recibiera de doctor en Derecho y Teología.47 Mediante estas vinculaciones se afianzaba en las estructuras administrativas del Estado desde el área laica y civil. A su vez, lograba formar parte de una familia de la élite local y posicionarse dentro de las redes sociales que articulaban a sus miembros dentro de un sistema de “sociedad cerrada” compuesta por “tramas de relaciones” que caracterizaba a las élites virreinales.48 Agrelo adquiría así una legitimidad social dentro de la élite local, pudiendo entonces contar con aliados o personas vinculadas a dicha familia que ocupaban otros cargos estratégicos en la región. Sus lazos de socialización producían finalmente sus efectos políticos al posicionarlo dentro de la estructura de gobierno.

No hay documentación ni referencias acerca del vínculo mantenido con su familia residente en Buenos Aires, pero sí se evidencia que simultáneamente a sus estudios universitarios, su familia sanguínea progresaba económica y socialmente. Su padre, Inocencio, solicitó el 14 de junio de 1799 el título de “escribano de número”, el cual consiguió el 1 de agosto de ese año por nombramiento del Cabildo de Buenos Aires, quien lo designó en reemplazo del fallecido José García Echaburu y con el consentimiento del virrey recientemente investido, Gabriel de Áviles y del Fierro.49 Para acceder a este cargo se debió pagar un monto de 4 000 pesos, lo que evidenciaba los recursos acumulados por la familia, a la vez de su prestigio para contar con el aval del virrey junto al voto general de los cabildantes. La adquisición de prestigio le facilitó que el Cabildo lo nombrara escribano de la Institución desde el 24 de diciembre de 1801 hasta el 14 de noviembre de 1804. Mediante este cargo, además de intervenir en convenios particulares, quedó encargado de llevar el libro de acuerdos del Cabildo, tanto de las resoluciones políticas como de las sentencias judiciales, a la vez que debía controlar el registro del libro de asiento de los depósitos que se hicieran.50

Su progreso social y económico lo llevó a tomar un préstamo de trigo para invertir en la siembra del posito de Buenos Aires el 1 de agosto de 1805.51 Su vinculación con las familias criollas de Buenos Aires llevó a Inocencio a figurar en el listado de Voluntarios de Infantería de Patricios confeccionado en 1806 luego de la Reconquista de Buenos Aires, que con el grado de teniente quedaba bajo las disposiciones de Cornelio Saavedra.52 Paralelamente a ello, la trama relacional establecida por Pedro Agrelo incluía compañeros de estudios que tendrían relevancia significativa en su futuro y serían ejes clave del posicionamiento político y administrativo de este actor social. Caso singular e importante fue su amistad con Mariano Moreno, con quien se observa un vínculo más estrecho que con sus demás compañeros.

Con dos años de diferencia, Agrelo y Moreno habían cursado en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y luego se trasladaron a la Universidad de Chuquisaca para estudiar teología. Allí ambos desistieron de la vida eclesiástica para recibirse en derecho y continuar la carrera letrada.53 Compañeros de estudios, se recibieron juntos de doctores54 y conservaban una estrecha amistad cimentada en las relaciones establecidas durante su estadía en Chuquisaca. Los vínculos eran tales que Agrelo fue uno de los testigos en el casamiento de Moreno con Guadalupe Cuenca, celebrado en Charcas el 20 de mayo de 1804, poco tiempo después de las nupcias de aquél con Calvimontes.55 La boda, celebrada por el deán Matías de Terrazas, contó con Juan Antonio Medina y Manuel José Antequera como testigos junto con Agrelo. Esta cuestión es significativa en la trama relacional ya que Terrazas había sido profesor de filosofía de ambos letrados en la Universidad y, como secretario del arzobispo Josep Antonio de San Alberto, facilitaba habitaciones para aquellos becarios que provenían de lejos para estudiar en la Institución.56 El deán contaba con una de las bibliotecas más amplias de Charcas, la cual frecuentaban Moreno junto con Agrelo y Medina, entre otros jóvenes doctorandos, que concurrían a su casa para poder leer las “novedades editoriales” que poseía.57

Esto permite evidenciar una estrecha red relacional entre los jóvenes estudiantes y sus profesores. Del análisis de las trayectorias de ambos amigos se desprenden las facilidades obtenidas por Agrelo para acceder a cargos de asesoría letrada, al igual que la confluencia de contenidos formativos. Por aquellos años circulaban entre ellos los mismos textos y autores. La relación intelectual era tal que Moreno, Agrelo y Medina integraban una tertulia destinada al estudio de las novedades intelectuales europeas y a su aplicación práctica en la crítica del sistema virreinal,58 aunque esto no debe ser interpretado como una vocación independentista, sino como una expresión propia del marco reformista del régimen borbónico al que los estudiantes aspiraban a ingresar y ser parte del sistema de renovación institucional y jurídica.59 Esa interacción se convertía en dificultad en la medida en que la formación de estos letrados se alejaba de los lineamientos estipulados por la Monarquía en función de los conocimientos y principios que deseaba inculcar en quienes serían sus futuros funcionarios. La circulación intelectual los enriquecía, pero debían buscar los medios sociales y políticos para desarrollar su profesión en el seno de la administración virreinal.

Por su parte, Agrelo había logrado integrarse a la familia Calvimontes y sus redes, lo que le dio garantías profesionales y le permitió buscar cargos de asesoría letrada en el Alto Perú, mientras que colegas suyos tuvieron problemas políticos por su desempeño local y optaron por alejarse de allí. Así fue el caso de Moreno, quien tras los inconvenientes sufridos por su tesis crítica al sistema mitayo y su actitud en la defensa de indios durante su residencia en el estudio de Agustín Gascón, decidió en 1805 regresar con su familia a Buenos Aires y se incorporó como asesor letrado del Cabildo, donde ya actuaba Inocencio Agrelo.

Lejos de aquellos problemas, Pedro J. Agrelo permaneció en el Alto Perú para continuar su carrera letrada en asociación directa con su suegro. Al poco tiempo de haberse recibido, estableció su residencia en la ciudad de Tupiza, en donde adquirió una importante clientela.

Asesoría y conflictos en el Alto Perú

Gracias a los vínculos familiares y al prestigio adquirido en su carrera, Agrelo mantuvo el puesto de abogado de las Reales Audiencias —adquirido por influencia de su suegro— y consiguió convertirse en asesor de la subdelegación de Chinchas, cuyo pueblo capital era Tupiza. Trabajó bajo las órdenes y se asoció con el gobierno del Juez Real Subdelegado local, el coronel Benito José Goyena, quien además conservaba los cargos de jefe de Regimientos de Caballería de Milicias del partido de Atacama y de Alcalde Mayor de Minas y Registros de Chinchas.60 Este partido consistía en una “subdelegación de cuatro”, lo que significaba que como división de la Intendencia de Potosí se encontraba en una zona con importante cantidad de población indígena. Debido a ello, este tipo de autoridad tenía una gran potestad en su jurisdicción territorial y asumía en su partido el ejercicio de las cuatro facultades de los intendentes, las cuales eran: gobierno, justicia, guerra y hacienda. Estas prerrogativas se veían reflejadas en la denominación del subdelegado como “juez territorial”, presente en los documentos de la época.61

Esto respondía a la lógica predominante de fusión de las categorías jurídicas con la actividad política. En la Monarquía hispana del siglo XVIII, la justicia era entendida como parte central de la administración, por lo que era una “función gubernamental esencialmente política”.62 Ello se sostenía en la concepción jurisdiccional del poder, jerarquizada en la figura simbólica del rey, representante del orden social y garante de la justicia en sus territorios. De esa manera, todo funcionario respondía al rey y cumplía en el ejercicio de sus funciones —especialmente las vinculadas al conocimiento del derecho— el rol político asignado.63 De allí se deriva que un letrado o jurisconsulto estuviera preparado para actuar en un gobierno de este tipo y que sus funciones, aunque fueran de simple consulta, tuvieran permanentemente implicancias políticas.

En consecuencia, la asesoría letrada de Agrelo al subdelegado le permitía quedar asociado directamente a la toma de decisiones de gobierno en la región. El ejercicio de su profesión era una forma de participación política dentro de las estructuras administrativas de la Monarquía borbónica. Esto simbolizaba un paso importante en su ascenso social. A la vez que la edad avanzada de Goyena lo llevaba a buscar un mayor respaldo en su cuerpo asesor, de forma tal que Agrelo adquiría entonces una presencia e influencia notoria en la toma de decisiones. En los documentos de gobierno de la Subdelegación no se encontraron referencias a otros asesores letrados, lo que podría representar la posición de Agrelo como segundo en la toma de decisiones, sin competencia con otros letrados. Además de ellos, solamente aparecen menciones al escribano de la Subdelegación, Juan de Acevedo y Calero, de jerarquía notoriamente inferior.

Sin embargo, la estrecha vinculación con Goyena lo llevó a verse involucrado en eventos políticos que pondrían en juego su carrera. En 1809 se desató una crisis significativa en el Alto Perú: el levantamiento de los oidores de la Real Audiencia de Chuquisaca y el arresto de su presidente e intendente local, Ramón García de León y Pizarro, desataron una situación que colocaba en juicio la legitimidad de las autoridades políticas de la región. El 27 de mayo de ese año, a dos días del levantamiento de la Audiencia, ésta designó en misión a Potosí a uno de sus colaboradores. El enviado era Bernardo de Monteagudo, por entonces de 19 años, colega de universidad de Agrelo aunque unos años menor, quien actuaba con una posición decidida a favor de los sublevados. Si bien no se ha hallado documentación
que confirme que ambos ya se conocían antes de 1809, se desprende de los documentos una identidad intelectual común por provenir de la misma cuna universitaria.64

Monteagudo fue comisionado para interceptar la correspondencia proveniente de Buenos Aires y que antes de llegar a Chuquisaca pasaba por Potosí. Al dirigirse allí fue en primera instancia arrestado por una partida que respondía al intendente Francisco de Paula Sanz, pero éste ordenó su libertad y lo autorizó a proseguir con su recado.65 Siguiendo las instrucciones recibidas, fue a Tupiza y se entrevistó con Goyena, a quien informó de su encargo. Sin embargo, éste inmediatamente ordenó su arresto en su propia casa y lo mantuvo bajo permanente custodia al adjudicar “no haber recibido notificación oficial de alguna autoridad que asegurara la legalidad de la autoridad de la nueva Audiencia”.66

Monteagudo fue interrogado en todo momento por Goyena y Agrelo, quien actuó permanentemente en ejercicio de su cargo como asesor del gobierno, lo que señala las facultades políticas alcanzadas por el letrado. El interrogatorio efectuado al detenido expresa la intención de las autoridades de Tupiza por comprender las características del movimiento político ocurrido en Charcas. Al momento de preguntarle si consideraba que el subdelegado acataría las órdenes de la Audiencia sublevada, Monteagudo respondió que había escuchado una conversación entre el oidor José Agustín Ozós y el fiscal Miguel López, donde se aseguraba el convencimiento de que Goyena las aceptaría pese a su fidelidad con Sanz, ya que “tiene talento y tiene que perder”, a lo que agregó que la Audiencia esperaba recibir noticias de que revoluciones similares ocurrían en Buenos Aires y Lima.67 Estas palabras representaban una advertencia a Goyena y Agrelo, al señalar la conveniencia política de que aceptaran al nuevo gobierno a cambio de conservar sus cargos. En igual carácter fueron las referencias alusivas a la intervención del chancle Terrazas, cuya apelación podría haber intimidado a Agrelo al tratarse de uno de sus principales profesores —con quien mantenía vínculos próximos—, que actuaba junto con varios compañeros universitarios involucrados en el movimiento. Del mismo carácter fueron las palabras de Monteagudo referidas a la posible actividad de Manuel Antonio Castro —también compañero de estudios— en comisión similar a la suya, ante lo cual Agrelo habría asegurado que “lo arrestaría en un[a] cárcel pública”.

En este punto, las extorciones fueron mutuas. El asesor letrado le habría dicho al iniciar un nuevo interrogatorio que “por esta declaración puede ser que el virrey le dé algún premio”, de forma tal que Agrelo esperaba recibir de Monteagudo los nombres de sus posibles aliados en Buenos Aires, apelando a un viable perdón y reconocimiento de las máximas autoridades políticas hacia su persona, si cumplía con aquella cuestión.68

En estas conversaciones, el asesor letrado aseveró que aquella subdelegación tenía la decisión de “no obedecer orden alguna de la Real Audiencia de Charcas en ninguna materia”. Lo que indicaba la negación absoluta de la legitimidad de la Institución y, en consecuencia, la de cualquier título que se portase emanado de ella. En ese sentido, se evidencia un Agrelo definidamente “legalista” y respetuoso de la jerarquía y el procedimiento debido en la lógica absolutista del gobierno borbónico al que pertenecía.

Monteagudo continuó detenido por nueve días. En ese tiempo la Audiencia remitió a Goyena un testimonio de Sanz fechado el 29 de mayo donde se autorizaba a Monteagudo a permanecer en el territorio y a cumplir con su misión. En consecuencia, fue finalmente liberado, aunque debió regresar a Charcas sin haber logrado su recado. Allí, Monteagudo expresó un claro repudio hacia la persona de Agrelo, a quien responsabilizó del maltrato recibido y de las “capciosas preguntas” planteadas en su interrogatorio. Aseguró que su colega universitario se burlaba de él y de las autoridades charqueñas, a la vez que le negó “todo recurso de defensa” y “el uso de pluma y papel bajo amenaza”.69 La actitud “escandalosa” del asesor letrado es especialmente resaltada por Monteagudo, al margen del accionar del subdelegado.

Esa tensión se explica en la medida en que se observa que Agrelo, por entonces, formaba parte central del gobierno de Tupiza y la subdelegación de Chinchas. Su posición, al igual que la de su superior, respondía a mantener el orden existente y a evitar un quiebre en las relaciones de poder efectivo. El hecho de mantener correspondencia directa con el virrey y no siempre con el intendente —quien era la autoridad inmediatamente superior— demuestra la apelación al poder superior para que éste respaldara a la subdelegación, aunque ello conllevara complicaciones para el mando del intendente. Se evidencia entonces la prioridad de conservar el ejercicio del poder local, al margen de la crisis institucional externa y superior. Posición que era sostenida por los vínculos personales y familiares logrados por Agrelo en la región.

Por otra parte, Monteagudo era un recién egresado, carente de relaciones personales fuertes y apenas aspirante a ascender políticamente. Su inserción radical dentro del movimiento podría significarle entonces el acceso a espacios de poder y decisiones que de otra forma le sería mucho más difícil conquistar. Una posición que Agrelo ya había alcanzado. Todo esto, al margen del pensamiento político que ambos letrados pudieran tener, y en el cual podrían haber coincidido, o al menos lo harían más adelante. Más allá de ello, por entonces existía una incisión esencial entre las coyunturas políticas y de ejercicio del poder que tenían entonces ambos letrados.

La situación de inestabilidad e incertidumbre se expandió por todas las subdelegaciones próximas. Goyena y Agrelo escribieron al virrey Liniers en Buenos Aires que “se justifiquen en todo tiempo los procedimientos de esta Subdelegación, fundados sobre el convencimiento a que todo ello la conducía de la positiva independencia a que se aspiraba en la Ciudad de la Plata”. Ambos funcionarios adjudicaban su convencimiento de que los hombres de Chuquisaca pretendían una ruptura del orden político y aseguraban haber actuado en “defensa del orden político existente”,70 del cual ellos formaban parte con posición jerárquica. Acusaban a los revolucionarios y a sus agentes en Buenos Aires de promover la “independencia”, en cuanto segregación política del gobierno centralizado.

El 16 de julio de 1809 ambos manifestaron a las autoridades de Buenos Aires el rechazo total de la subdelegación respecto del movimiento de la Audiencia. Se le informa al virrey que no sólo no aceptaron las “imposiciones de la Charcas sublevada”, sino que el intendente de Potosí, Sanz, había finalmente rechazado el movimiento luego de una dubitación inicial.71 Goyena acentuaba la denuncia de las expresiones que predominaban en la prédica política de los sublevados charqueños. Entre éstas, expresaba su alarma por la referencia a “la pérdida de España y el rey”, la exhortación a los indios a tomar las armas para conseguir su libertad, la abolición de los tributos indígenas y la creación de un nuevo poder político con “gente natural”.72 Las palabras del subdelegado no pueden ser consideras al margen de la posición de su asesor letrado.

Tras la liberación de Monteagudo, Goyena y Agrelo permanecieron expectantes de las novedades políticas, aunque habían evidenciado una posición clara de apoyo a la continuidad del orden existente, lo cual significaba la seguridad del ejercicio de sus propios cargos.

Finalmente, la renovación de autoridades virreinales facilitó la clarificación de la situación. El nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, apoyó decididamente la contención del movimiento de Chuquisaca, al igual que sus emulaciones en La Paz. Sanz manifestó por entonces una posición decidida en apoyo a la orden del virrey y solicitó a las subdelegaciones de Potosí el envío de tropas, hecho que Chinchas cumplió sin objeción. El movimiento fue eliminado gracias a las fuerzas enviadas por Sanz, las dirigidas por el nuevo intendente de Chuquisaca, Vicente Nieto, más el apoyo de Goyeneche y el Virreinato del Perú. Los castigos a los sublevados fueron severos: muchos fueron ejecutados, otros deportados y encarcelados.

De esa manera, la subdelegación de Chinchas permaneció con buena aceptación por parte de las nuevas autoridades virreinales, que evidenció la fidelidad que recibían de parte del cuerpo de gobierno de aquel partido.

El acceso interino a la subdelegación

Tras los sucesos de Chuquisaca, las estructuras de poder en el Alto Perú quedaron reconstruidas. El acatamiento a la autoridad del virrey Cisneros no estaba en cuestionamiento. La población sublevada se encontraba por entonces aplacada y en un relativo orden. En este panorama, el 5 de marzo de 1810 murió Goyena, por lo que quedó vacante su cargo. Fue entonces cuando Agrelo apeló a sus vínculos societarios y a la posición que había adquirido; su perfil de hombre formado como doctor en Derecho, sus contactos familiares y sus años como asesor del subdelegado le permitían aspirar a ser el sucesor del funcionario fallecido. Con el consentimiento de Sanz, Agrelo asumió como subdelegado interino.73

Sin embargo, su cargo no era definitivo, ya que el intendente había dispuesto nombrar a Lorenzo Bazo y Villanueva como subdelegado permanente. Esta cuestión podría implicar la falta de confianza que Sanz tenía hacia el letrado, fundamentada especialmente en su accionar independiente a su persona durante 1809. En consecuencia, Agrelo ejercería el cargo sólo hasta que el nuevo funcionario pudiera viajar a Tupiza para hacerse cargo de sus funciones. Sin embargo, según la correspondencia recibida por Anastasio Echevarría, Agrelo habría ofrecido la suma de 12 000 pesos a Bazo para permanecer en su puesto y evitar su relevo. La situación de que Bazo jamás decidiera emprender viaje a Tupiza podría validar aquellas acusaciones. En los hechos, Agrelo permanecía a cargo de la subdelegación.74

De esa manera, Agrelo alcanzaba la cúspide de la escala social de la localidad, asumiendo roles fundamentales en la administración de la justicia y el gobierno en general. Entre sus objetivos estuvo presente mejorar la recaudación del tributo, del cual 2 % correspondía a su sueldo particular. Así, había logrado constituirse en un letrado, ponderado por su formación, con consentimiento de las autoridades políticas para ocupar cargos de trascendencia administrativa en la localidad donde vivía y que le permitían incrementar legalmente su fortuna. Contaba con el prestigio de su familia política y con las ponderaciones personales adquiridas. Su profesión y trabajo dependían de las estructuras estatales en las que había logrado ingresar. Sin embargo, aquella situación de estabilidad cambió drásticamente por los sucesos políticos que, iniciados en España en 1808, acabarían por eclosionar en el Río de la Plata en mayo de 1810, sólo dos meses después de su ascenso como subdelegado.

La desarticulación del orden existente

La crisis de legitimación del gobierno central español, iniciada con la Farsa de Bayona en 1808 y agravada con la caída de la Junta Central en 1810, generó una situación de acefalia política que dio causa y fundamento a los procesos revolucionarios americanos. Ello significó el colapso de las estructuras tradicionales de gobierno y la búsqueda de reconfiguración de los esquemas de poder, redefiniendo las dinámicas estatales y los vínculos interpersonales desarrollados bajo ellas.

Ante la existente “Monarquía policéntrica”, la debilitación del poder central facilitó el fortalecimiento de los poderes locales, cuyas sus élites buscaron redefinirse y reubicarse. Ello implicó en muchas ocasiones el desarrollo de conflictos en los que, bajo un marco político-ideológico, yacía una rivalidad y lucha de poder por los reposicionamientos locales.

En esa dinámica, y en continuidad con las prácticas políticas de la época virreinal, los vínculos familiares y sociales fueron los ejes de las redefiniciones de posiciones dentro de la colapsante situación. En esta fragmentación del poder, las ciudades fueron espacios clave desde donde las élites locales se reposicionaron y reorganizaron los vínculos de poder mediante la ocupación de cargos por parte de
figuras que hasta entonces permanecían sojuzgadas.75 A su vez, ello propició la emergencia de nuevas prácticas políticas en sectores que hasta el momento tenían una participación menos directa. La política surgió como necesidad en un centro de poder autónomo —como lo era Buenos Aires y cada una de las villas importantes del Virreinato— y quedó controlado por un grupo de hombres que debieron tomar espacios de decisiones que hasta el momento les eran vedados.76 Así como surgió una élite letrada, hubo sectores medios y bajos que actuaron activamente en el proceso que se iniciaba.

Esta situación traumática de cambio en las estructuras de poder y en las instituciones que las regulaban se vio reflejada en Tupiza, donde Agrelo había alcanzado uno de los principales cargos de prestigio. Al igual que en la mayor parte de los territorios virreinales, las noticias de la Revolución de Mayo causaron asombro e incertidumbre en sus pobladores. Agrelo fue víctima de esa inestabilidad.77 Debido a las relaciones mantenidas hasta entonces y su ascenso social, el entonces juez real de Tupiza tenía fuertes vínculos con funcionarios españoles peninsulares directamente asociados a la autoridad monárquica. Ello quedaba evidenciado en la correspondencia que él aseguraba mantener con Sanz, quien le habría solicitado permanecer en la región ante “el estado de ansiedad existente”.

A pesar de esa solicitud, Agrelo aseguraba que Sanz sospechaba de “su condición de porteño” y confesaba que desde entonces había manifestado una “ambigua conducta sobre todo”.78 Es posible que el intendente no creyera que el letrado fuera un hombre de su confianza, pero buscaba sostener la influencia sobre su persona al respaldarse en su jerarquía y en el antecedente antirrevolucionario con que se había desempeñado su subordinado en 1809. En ambas circunstancias, el letrado parecía preocupado por permanecer en la facción que atribuía en su consenso la mayor autoridad legítima.

Resulta lógico entonces que Agrelo actuara bajo las órdenes de Sanz en Tupiza, al desempeñarse como un agente destinado a evitar que la difusión de las noticias de los sucesos de Buenos Aires alterara la región. La sospecha de esa situación parece haber existido en el nuevo gobierno revolucionario, ya que al momento de remitir las proclamas políticas anunciando los sucesos, éstas le fueron enviadas a Gabriel Antonio de Hevia y Pando, quien era un peninsular vinculado a las sociedades económicas españolas. Hevia era un referente de las ideas fisiocráticas, lector y defensor de los postulados de Melchor Gaspar de Jovellanos, mantenía estrechos vínculos con Manuel Belgrano e Hipólito Vieytes, con quienes colaboraba asiduamente en el Correo de Comercio. Esta relación parece haber primado más que su origen peninsular, en contraste con el carácter porteño y universitario charqueño del entonces subdelegado.

Asentado en Tupiza, Hevia especulaba ocupar un cargo político de relevancia dada las conexiones que mantenía con el nuevo gobierno de Buenos Aires. La Junta Central manifestó más confianza en él que en Agrelo al momento de remitir las noticias, a pesar de los vínculos que aquél tenía con Moreno. En la correspondencia mantenida con Echevarría, Hevia acusaba a Agrelo de ser un “pillo que juega a dos manos”, ya que adulaba a la Junta en la correspondencia mantenida con ella, mientras que evitaba que sus bandos circularan en la región. El tono de Hevia adquirió mayor dureza al asegurar que Sanz empezó a perseguirlo tras enterarse mediante Agrelo, que él era el receptor de los bandos de la Junta. Por tal motivo lo adjetivizó en carta a Echevarría de “pícaro chismoso, indigno de llamarse porteño”, a la vez que aseguraba que “Este Agrelito titiritero político, que no sé lo que le habrá dicho de mi [a Sanz]”.79

El cambio de autoridad facilitó el reposicionamiento de Hevia, quien fue el referente de la expedición militar enviada por la Junta bajo la dirección de Antonio González Balcarce y la comisión de Juan José Castelli. Su marcha se dirigía hacia el Alto Perú luego del fusilamiento de Santiago de Liniers y el gobernador Gutiérrez de la Concha, lo que representaba la gravedad que alcanzaba la situación política. La desconfianza hacia la situación en Tupiza quedaba sugerida en el bando redactado por Balcarce al ingresar al norte, donde ponderaba la colaboración de regiones como Salta o Tarija, pero omitía alusión a aquella ciudad.80

Las sospechas sobre Agrelo no sólo llegaban por la correspondencia de Hevia, sino que el propio Balcarce se hizo eco de aquella cuestión. El subdelegado llegó a ser acusado de despachar información al general realista Córdoba y a Sanz. A pesar de ello, no figuraba entre los “posibles enemigos” que Isidoro Alberti (hermano del vocal de la Junta Manuel Alberti) mencionaba. En correspondencia con su hermano, éste sostenía que el subdelegado de Tupiza “está dispuesto a sostener la sagrada causa de la patria (…) como lo ha hecho hasta aquí aunque de un modo indirecto y oculto en cuanto lo han permitido las circunstancias”.81

La situación se hacía más inestable a medida que el ejército revolucionario se aproximaba, él mismo recibió el 17 de agosto la orden de la Junta de avanzar hacia el norte y establecer como cuartel general la ciudad de Tupiza.82 Ante la situación, Sanz organizó las fuerzas militares de la región, en las que no faltaron las de Chinchas. Mientras Sanz permanecía controlando el poder político en Potosí, el mariscal Nieto resguardó sus fuerzas en Tupiza, mientras el general José de Córdova y Rojas salió al encuentro de Balcarce. El 9 de octubre, las autoridades realistas dispusieron que Nieto retirara el destacamento de soldados que tenía guarnecido en Tupiza, lo que dejaba la ciudad libre para la ocupación pacífica de los revolucionarios.

De esa manera, el partido de Chinchas quedaba desprovisto de fuerzas ante el avance de la expedición revolucionaria. Ante esa situación y luego de haber aceptado la presencia de las fuerzas realistas en su territorio, Agrelo buscó clarificar su ambivalente posición. Se definió como partidario de la Revolución y rompió definitivamente con las autoridades realistas del Alto Perú. Mediante un bando escrito el 16 de octubre —el mismo día en que Balcarce escribía a la Junta refiriendo la actitud sospechosa del subdelegado—, reconoció la legitimidad de la Junta de Buenos Aires, a la que se subordinó, a la vez que separaba la subdelegación de Chinchas de la jurisdicción de Potosí en lo político y de Charcas en lo judicial.83 Sin embargo, la situación no convenció a las autoridades revolucionarias, cuyo avance militar se fortalecía.

Los movimientos militares determinaban un nuevo contexto político. Tras una primera victoria en Cotagaita, el general Córdova fue derrotado en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810. Al día siguiente se iniciaron actividades en el Cabildo de Potosí, que forzarían la renuncia del intendente y su detención. Córdova y Nieto retrocedieron hacia Potosí, dejando sin protección militar a Chichas. Para fortalecer la presencia política de la expedición, Balcarce decidió —a los dos días de Suipacha— ingresar con sus fuerzas a Tupiza y convertir la ciudad en su cuartel general.84

Establecido en la ciudad, Balcarce escribía a la Junta que la actividad del subdelegado antes de su llegada y durante la presencia de las tropas enemigas había sido “criminal”, apelando al delito de “traición” y “desobediencia a la autoridad”, epítetos ya aplicados contra los fusilados en Cabeza de Tigre. También sostenía su convencimiento de que las donaciones entregadas por Agrelo al momento de su ingreso a la ciudad —que constarían de 300 pesos para las tropas y 300 para el gobierno— serían producto del “miedo” por su anterior desempeño. El general detalla lo que Hevia le habría descrito respecto del accionar del subdelegado, especificando su apoyo con recursos a las tropas de Sanz y el ejercicio de presiones a los pobladores para satisfacer los pedidos del intendente.85

En consecuencia, Balcarce pedía a la Junta autorización para proceder de similar manera que como ocurriera en el caso del sacerdote Mariano de la Torre y Vera, cuyos bienes habían sido confiscados luego de su huida junto a las tropas realistas. El general adjudicaba que Agrelo había empacado para emprender camino junto a las fuerzas de Sanz cuando fue sorprendido por el personal enviado desde Buenos Aires.86 Así, las autoridades de la expedición revolucionaria decidieron el desplazamiento de Agrelo de sus cargos en la región y su reemplazo por Hevia, según sugerencia de Balcarce.

De esa manera, se redefinían los vínculos políticos mediante una reconfiguración de las estructuras estatales. Como letrado directamente asociado a la actividad estatal, Agrelo buscaba sostener su posición ante los drásticos cambios producidos y la poca precisión sobre los lineamientos del nuevo gobierno. Aquel intento de equilibro terminó de definirse ante la incursión de la expedición militar,87 aunque la acción discursiva de Hevia mediante sus contactos personales con el gobierno de Buenos Aires le permitieron adquirir los cargos pretendidos y garantizar el desplazamiento de su figura antagónica en la región.

Agrelo fue arrestado y sus bienes confiscados. A pesar de haber protagonizado una breve fuga, recibió la indulgencia de Balcarce, quien había expresado a Echevarría la conveniencia de utilizarlo para la causa revolucionaria y disimular los supuestos actos realistas cometidos hasta entonces. A pesar de ello, Agrelo optó por exiliarse de Tupiza junto con su familia. Decidió partir con todos los bienes posibles, perdiendo en confiscación sus propiedades.

Es significativo que Agrelo decidiera reunirse con el comisionado Castelli antes de emprender su viaje. Posiblemente haya conseguido del vocal de la Junta un salvoconducto para llegar a Buenos Aires y contar con el apoyo del nuevo gobierno. Agrelo partió con su familia junto a Inocencio Alberti, mientras que Hevia permanecía en su nuevo cargo, que desempeñaría por varios años. Agrelo expresó erróneamente en sus memorias que, mientras viajaba hacia la capital, se produjo la batalla de Suipacha, la cual consolidaba provisoriamente el poder revolucionario en el Alto Perú hasta el Desaguadero, y según sus palabras: “los pueblos todos convulsionados contra las autoridades realistas se apresuraban a prestar su obediencia a la nueva junta y allanar al ejército vencedor todo los medios necesarios para consumar la obra principada”.88 Era, por ende, un cambio sustancial en la coyuntura de la región con respecto de lo ocurrido un año atrás; sin embargo, la batalla detonante de la nueva situación había ocurrido el 9 de noviembre, antes de su arresto y deportación. La alteración de las fechas en sus escritos memorísticos posiblemente respondiera a un intento discursivo de Agrelo por desvincular su cambio de actitud del avance militar revolucionario.

Llegado a Buenos Aires, buscó tener el respaldo de Mariano Moreno, apelando a su amistad de juventud sellada con su nombramiento como testigo del casamiento de Moreno con María Guadalupe Cuenca. Mientras esto se producía, su suegro José Calvimonte se reposicionaba en la estructura administrativa del Alto Perú al ingresar nuevamente a la Audiencia de Charcas junto con Lorenzo Fernández de Córdoba. Pese a que ambos tenían reputación de realista, sus contactos con Buenos Aires les permitían adecuarse a los nuevos tiempos políticos.89

Ante tal panorama de inestabilidad, Agrelo fijó su residencia en Buenos Aires sin ocupación estable y participó de las reuniones organizadas por el grupo allegado al secretario de la Junta. Los encuentros en el Café de Marco y en la propia casa de Moreno90 generaron nuevos espacios de sociabilidad política que Agrelo supo aprovechar. El letrado exaltaría años después que el ex secretario le habría dado la garantía de que el gobierno confiaba en su actitud revolucionaria. Según sus memorias, Moreno deseaba proponerlo como gobernador en alguna de las intendencias del norte, posiblemente de La Paz, pero la intención habría quedado trunca con la creación de la Junta Grande y la consecuente renuncia y alejamiento del secretario del gobierno. No obstante, ante las perspectivas de continuar con su carrera dentro de las estructuras del nuevo gobierno, el letrado habría respondido que “la paz es lo que vengo buscando, pero no en gobiernos, sino en mi casa”.91 Dichas palabras señalaban la gravedad de los efectos de su destierro y sus intenciones de conseguir un espacio que le fuera propicio y estable. La amistad con Moreno parecía garantizarle ello, aunque él mismo estaba preparándose para partir a misión diplomática para Londres.

Por ese mismo momento, en el mes de febrero, Agrelo recibió la notificación de la Intendencia de Potosí del nombramiento de Hevia y Pando como su reemplazo y se le pedía comparecer ante su Cabildo. De inmediato buscó la protección del presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, quien le habría garantizado su apoyo debido al “desconocimiento” que en Buenos Aires se tenía sobre su accionar y conducta,92 lo que le habría dado la tranquilidad necesaria de que podía tener en su ciudad natal el espacio deseado para su profesión y familia. Agrelo permanecería desde entonces como un letrado formado y con experiencia de gobierno, que apelaba a una “exaltada” manifestación de su promoción de la causa revolucionaria, que le permitiera borrar las sospechas que lo habían deportado del norte. Si bien buscó regresar al ejercicio de la abogacía, su participación en las reuniones políticas evidenciaba su intención de ocupar un nuevo cargo dentro de la estructura estatal, esta vez bajo los discontinuos gobiernos revolucionarios que se irían sucediendo. La sociabilidad política que reconstruiría en Buenos Aires le permitía poder hacerlo con notoria brevedad.

Consideraciones finales

De la indagación sobre las vinculaciones sociales de Agrelo en el periodo estudiado, se desprende la creación de lazos establecidos inicialmente mediante su formación intelectual para la adquisición del título universitario. Los mismos cambiarían, convirtiéndose en vínculos familiares para lograr su ascenso en la administración borbónica.

Mediante las conexiones sociales se observa cómo logró relacionarse con grupos letrados y docentes de Buenos Aires, a pesar de sus problemas de carácter. Gracias a ellos pudo trasladarse a Chuquisaca, donde consiguió integrarse la élite local debido especialmente a la unión matrimonial contraída con la hija de un importante funcionario de la región, que conllevaba una vasta red de vínculos profesionales. Asociado a su familia política y apoyándose en sus trabajos intelectuales, adquirió un estatus que le permitió ser un jurista de renombre local. Gracias a la red social y profesional adquirida logró ser designado por el rey como subdelegado de Chinchas.

Esta dinámica estudiada es consecuencia de la forma de defensa de intereses familiares y de los entramados y prácticas del poder en donde logró incorporarse Agrelo. En este caso, la “Monarquía policéntrica” se expresó en la forma en que la autoridad central designó y ascendió al letrado en cuestión, como efecto de su posicionamiento en la élite local y al apoyo de ciertos referentes jurídicos de la región. Los factores personales —tanto la personalidad como las capacidades intelectuales— del letrado adquirieron prestigio debido a esa red social y familiar que lo sustentó y fortaleció ante la consideración de las autoridades centrales de la administración borbónica que tomaron las decisiones favorables para su ascenso. Su
ingreso a las estructuras de poder virreinales lo llevó a actuar en defensa de tales, aunque esto implicara su oposición a colegas universitarios y a principios estudiados de los que podía ser portador. Esa actitud le permitió fortalecer la confianza de sus superiores, y mediante el clientelismo profesional y la asociación personal logró adquirir el cargo de subdelegado de Chinchas, gracias al cual pudo ser un letrado de relevante posición política antes del quiebre que generaría la Revolución de 1810.

Acervos consultados

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Sobre el autor
Ariel Alberto Eiris
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Universidad
Católica Argentina (UCA) y Universidad del Salvador (Usal), Argentina.


Citas

  1. Entre las obras que tratan, desde diversas perspectivas, aspectos disímiles del periodo histórico en cuestión y que contienen consideraciones sobre el accionar de Agrelo, se destacan las referidas a la historia jurídica y política. Entre todas ellas se pueden mencionar como referencia a Ricardo Levene, Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno, 1921; Emilio Ravignani, Historia constitucional de la República Argentina, vol. 2, 1927; Guillermo Furlong, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la Plata, 1536-1810, 1952; Víctor Tau Anzoátegui, Formación del Estado Federal Argentino, 1829-1852: la intervención del gobierno de Buenos Aires en los asuntos nacionales, 1965; Ricardo Zorraquín Becú, Historia del derecho argentino, t. II (1810-1969), 1966; Tulio Halperín Donghi, Revolución y guerra: formación de una élite dirigente en la Argentina criolla, 1972; Natalio R. Botana, La libertad política y su historia, 1991; José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica: el lenguaje político en los tiempos de las independencias, 2004; Miguel Ángel de Marco, Historia del periodismo argentino, 2006; Marcela Ternavasio, Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata (1810-1816), 2007; Noemí Goldman y Alejandra Pasino, “Opinión pública”, en Noemí Goldman (ed.), Lenguaje y revolución: conceptos políticos clave en el Río de la Plata, 1780-1850, 2008. []
  2. Antonio Zinny, Estudios biográficos, 1958, pp. 73 y ss.; Martín Agrelo, Rasgos biográficos del señor doctor D. Pedro José Agrelo, 1864; Clemente L. Fregeiro, Vidas de argentinos ilustres, 1879. []
  3. Véase Carlos Correa Luna, La iniciación revolucionaria: el caso del doctor Agrelo, 1915. []
  4. Para ello, la investigación se apoya en las contribuciones de la microhistoria, rama que reposicionó al individuo como objeto de estudio, a fin de comprender su época junto con las tensiones entre el actor social y las estructuras existentes. Ejemplos de estas cuestiones metodológicas son: Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos: el cosmos, según un molinero del siglo XVI, 1999; Jacques Revel, “Microanálisis y construcción de lo social”, en Un momento historiográfico. Trece ensayos de historia social, 2005, pp. 45-46, y Paula Bruno, “Biografía e historia. Reflexiones y perspectivas”, Anuario IEHS, núm. 27, 2012, pp. 155-162. []
  5. Es necesario precisar las connotaciones del concepto de “letrado”, el cual refería tanto al alfabetizado como “al que trabaja con las letras” mediante un desempeño intelectual en su sentido amplio. El letrado queda entonces asociado con el concepto de intelectual solamente en cuanto “experto en el manejo de los recursos simbólicos”; es decir, persona especializada en el uso de sus capacidades intelectuales al momento de estudiar la realidad y elaborar representaciones y explicaciones que dieran sentido a sus percepciones. Es entonces un hacedor de cultura escrita. Véase Jorge Myers, “El letrado patriota: los hombres de las letras hispanoamericanos en la encrucijada del colapso del Imperio español en América”, en Carlos Altamirano (comp.), Historia de los intelectuales en América Latina, vol. I, 2008, pp. 121-144. []
  6. Entendemos por “agente” a todo ser humano que provee de significación a su conducta mediante su re-flexibilidad. Ser un agente es tener poder y la capacidad de actuar de modo de influir en el mundo. En este caso específico se trata de un agente cuya autoridad deriva de la disposición del rey. Cfr. Silvia C. Mallo, “La diversidad, la pertenencia y la identidad en el espacio del Virreinato del Río de la Plata en la transición del siglo XVIII al XIX”, en Arrigo Amadori y Mariano Di Pasquale (coords.), Construcciones identitarias en el Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, 2013, p. 26. []
  7. Vid. Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en antiguo régimen: la tradición jurisdiccional”, en Carlos Garriga y Marta Lorente Sariñena, Cádiz 1812. La constitución jurisdiccional, 2007, p. 20. []
  8. La clasificación sigue la conceptualización realizada inicialmente por Helmut G. Koenigsberger y desarrollada por John Elliot. Véase John Elliot, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), 2006. []
  9. Vid. Pedro Cardim et al. (eds.), Polycentric Monarchies. How did Early Modern Spain and Portugal Archieve and Maintain a Global Hegemony?, 2012. []
  10. Javier Gil Pujol, “Notas sobre el estudio del poder como nueva valoración de la historia política”, Pedralbes. Revista d’Historia Moderna, núm. 3, 1983, p. 65; y Pilar Ponce Leiva y Arrigo Amadori, “Redes sociales y ejercicio del poder en la América hispana: consideraciones teóricas y propuestas de análisis”, Revista Complutense de Historia de América, núm. 34, 2008. []
  11. Para analizar este aspecto tomaremos la categoría analítica de “sociabilidad” en articulación con la “red” de relaciones sociales establecidas por el actor en cuestión. Se entenderá por “sociabilidad” a las prácticas sociales que ponen en relación un grupo de individuos que efectivamente participan de ellas y apunta a analizar el papel que pueden tener esos vínculos; la “red” será asumida como las relaciones sostenidas en determinados espacios de interacción social. Vid. Pilar González Bernaldo, “La ‘sociabilidad’ y la historia política”, en E. Pani y A. Salmerón (coords.), Conceptuar lo que se ve. François-Xavier Guerra, historiador. Homenaje, 2004, pp. 419-460. []
  12. La carga legitimadora responde a las necesidades políticas del actor en cuestión al momento de escribir sus memorias, por lo que puede presentar tergiversaciones u omisiones de situaciones no deseadas por el autor. Cfr. Adolfo Prieto, La literatura autobiográfica argentina, 1962. []
  13. La hermana de Gervasio y de Rosa Posadas era Juana Josefa Posadas; ella se casó con Domingo María French. Juntos fueron padres de Domingo French, quien por ende era primo segundo de Agrelo. A su vez, la madre de Gervasio Posadas era María Antonia Dávila Fernández de Agüero, hermana de Bernarda Josefa Antonia, quien era la madre de María Josefa Eulalia Balbastro Dávila, madre de Carlos de Alvear; ergo, Gervasio Posadas era tío segundo de Carlos de Alvear, quien a la vez era primo político de Agrelo. Vid. Hugo Fernández de Burzaco y Barrios, Aportes biogenealógicos para un padrón de habitantes del Río de la Plata, vols. 1 y 4, 1986. []
  14. En lo relativo al prestigio de un apellido, primaba el concepto de “honor” como principio organizador y jerarquizador de las legitimidades sociales. En ese sentido, el honor permanecía vinculado tanto al linaje como a las cualidades morales de sus integrantes. Véase Julián Pitt Rivers y John Peristiany (eds.), Honor y gracia, 1992. []
  15. En el padrón de Buenos Aires de 1778, cuando Pedro José tenía sólo dos años, su padre Inocencio, entonces de 30 años, figuraba como “cabeza de familia” y se encontraba registrado como “mercader”, lo que denota que no habría actuado como notario hasta la autorización del Cabildo en 1788 como escribano particular. Vid. Universidad de Buenos Aires-Facultad de Filosofía y Letras (UBA-FFL), Documentos para la historia argentina, t. 11, 1911, p. 583. []
  16. Para la formación y funciones de un escribano peninsular del siglo XVIII consultar: Miguel A. Extremera Extremera, “Los escribanos de Castilla en la Edad Moderna. Nuevas líneas de Investigación”, Chronica Nova, núm. 28, 2001, pp. 159-184. Por el estatus del escribano entre los grupos letrados y administrativos reales, vid. Francisco José Aranda Pérez (coord.), Letrados, juristas y burócratas en la España moderna, 2005. En lo referido al concepto de “intermediario del poder”, vid. Juan Luis Castellano (ed.), Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia una nueva historia institucional, 1996. []
  17. Vicente Osvaldo Cutolo, “Escribanos porteños del siglo XVIII”, Revista Notarial, núm. 720, 1970, p. 917. []
  18. El embarazo previo al matrimonio no era motivo de contrariedad legal. Sí representaba un problema social en cuanto a la “imagen pública” vinculada a su moralidad y “honor”, que se tuviera sobre la pareja y que repercutía en la construcción de la sociabilidad futura del infante. Al respecto, vid. Ann Twinam, Vidas públicas, secretos privados: género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial, 2009. []
  19. Acta perteneciente a los registros parroquiales, 1737-1977, digitalizada en el sitio FamilySearch. []
  20. Cfr. Louisa S. Hoberman y Susan M. Socolow, Ciudades y sociedad en Latinoamérica colonial, 1993. []
  21. La familia Basabilbaso competía por entonces con otras familias como los Álzaga por la primacía en el Cabildo. Estas disputas se producían a raíz del accionar “corporativo” y familiar que las redes constituían en la cultura política local. Estas redes eran sanguíneas, políticas o religiosas como en el caso de Agrelo. Los Basabilbaso también permanecían asociados a otra familia de prestigio local, como los Lezica, con quienes Agrelo tendría especial relación. Estas familias integraban la “élite capitular”, entendida como la élite local que se distinguía por su ocupación de funciones clave en el Cabildo y la administración local. Vid. Laura Cristina del Valle, Los hijos del poder. De la élite capitular a la Revolución de Mayo: Buenos Aires 1776-1810, 2014, pp. 14-15 y 47. []
  22. El concepto de época de “gente decente” refería a aquellos que con mayores o menores ingresos tenían la posibilidad de acceder a espacios y funciones vinculadas al Estado, en oposición al “plebeyo” o los sectores bajos que no lograban incorporarse a dicho sector salvo que pudieran crear vínculos sanguíneos que le permitieran una adaptación cultural. Para estas categorías vid. Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, 2007, p. 53. []
  23. UBA-FFL, Documentos para la historia argentina, t. 11, 1911, p. 583. []
  24. Celina Ana Lértora Mendoza, La enseñanza de la filosofía en tiempos de la Colonia: análisis de recursos manuscritos, 1979, p. 21. []
  25. Se utiliza el concepto de “Estado” en coherencia con la definición del diccionario de la Real Academia Española, que en 1780 lo definía, entre otras acepciones, como “el dominio de un rey”. Esto refiere a lo que los tratadistas del momento mencionaban también como “cuerpo político”; es decir, la organización institucional y jurídicamente estratificada de un conjunto social que excede las redes de parentesco. En adelante se denominará al Estado, en este sentido contemporáneo, al periodo estudiado, no se utilizará la definición actual que lo entiende como un aparato de gobierno abstracto, impersonal y objeto de lealtad, como una instancia centralizadora única y absoluta del poder político, y como una fuente de obligaciones claramente explicitadas. Al respecto, nos basamos en las especificaciones conceptuales realizadas en: Bartolomé Clavero, Tantas personas como estados. Por una antropología política de la historia europea, 1986; y Alejandro Cañeque, “Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la historia política de Nueva España”, Historia Mexicana, vol. LI, núm. 1, julio-septiembre de 2001, pp. 10. En los aspectos generales fuera del ámbito hispánico se utilizan las definiciones y salvedades señaladas en Norberto Bobbio, Estado, gobierno y sociedad: por una teoría general de la política, 2003. []
  26. Oscar Mazín, “Gente de saber en los virreinatos de Hispanoamérica (siglos XVI al XVIII)”, en Carlos Altamirano (comp.), Historia de los intelectuales en América Latina, vol. I, “La ciudad letrada, de la Conquista al modernismo”, Jorge Myers (ed. del volumen), 2008, p. 55. []
  27. Cfr. Tulio Halperín Donghi, Historia de la Universidad de Buenos Aires, 1962. []
  28. Antonino Salvadores, “Real Colegio de San Carlos”, en Ricardo Levene (dir.), Historia de la Nación Argentina, 1940, p. 141. []
  29. Manuel Moreno, Vida y memorias de Mariano Moreno, 2001, p. 18. []
  30. Este equilibro inestable fue definido por José Carlos Chiaramonte como “Ilustración católica”. Vid. José Carlos Chiaramonte, La ilustración en el Río de la Plata. Cultura eclesiástica y cultura laica durante el Virreinato, 2007, p. 91. []
  31. Celina Ana Lértora Mendoza, op. cit., p. 260. Según Furlong, las actividades de Sebastini eran únicamente de carácter pedagógico y filosófico, siendo una persona que nunca tomó posición política pública y siempre se mantuvo al margen de los cambios de gobiernos. A pesar de esta cuestión, sus enseñanzas podían tener amplias consecuencias en las concepciones de sus alumnos, como el hecho de negar la aceptación de cualquier dogmatismo. Vid. Guillermo Furlong, op. cit., 1952, p. 427. []
  32. Juan María Gutiérrez, Origen y desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires: noticias históricas, 1915, p. 67. []
  33. UBA-FFL, Documentos para la historia argentina, t. 18, pp. 374-375. []
  34. Roberto Di Stefano, El púlpito y la plaza: clero, sociedad y política de la Monarquía católica a la República rosista, 2004, p. 43. []
  35. Los donativos de P. J. Agrelo a “Su Majestad” fueron realizados el 20 de febrero y el 12 de julio de 1793, registrado en el libro 60, fs. 166 y 10v respectivamente. Esos mismos días se produjeron las dos donaciones de Agüero, registradas de igual manera. Archivo General de la Nación (en adelante AGN), sala IX, leg. 8-7-12, ff. 166 y 10v. []
  36. Cfr. Clément Thibaud, La Academia Carolina y la independencia de América. Los abogados de Chuquisaca (1776-1809), 2010. []
  37. Eduardo Martiré y Víctor Tau Anzoátegui, Manual de historia de las instituciones argentinas, 2012, p. 244. []
  38. Agrelo obtuvo este título el 2 de junio con registro 285, mientras que Moreno lo haría el 1 de septiembre, y Sanz, el 2 de enero de 1801. Registro de egresados en cánones reproducidos en Valentín Abecia, Historia de Chuquisaca, con una monografía contemporánea, 1939, p. 356. []
  39. Ibidem, pp. 350-358. []
  40. Archivo del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, Proyecto Patrimonio Histórico, Colecciones digitales, Colección de documentos de Vicente Anastasio de Echevarría (1749-1877), f. 226. []
  41. Esteban de Gori, “La Universidad de Charcas. Teoría y acción política”, Revista Historia de la Educación Latinoamericana, vol. 14, 2010, pp. 174. Este tipo de debates e intervenciones políticas era producido por letrados que criticaban la estructura administrativa desde el mismo gobierno al que pertenecían, pero lo realizaban con una estructura discursiva donde la búsqueda de reforma era siempre en beneficio del buen gobierno del rey. En esta línea se destacó Victorián de Villava, como fiscal de la Audiencia de Charcas y director de la Academia Carolina, quien impartió una fuerte influencia de la crítica reformista ilustrada en la Institución hasta su muerte, en 1802. Han sido notorios los trabajos que ahondaron en sus ascendientes, entre los que se destacan: Ricardo Levene, “Vida y escritos de Victorián de Villava”, Publicación del Instituto de Investigaciones Históricas, núm. 95, 1946; y José María Portillo Valdés (comp.), La vida atlántica de Victorián de Villava, 2009. []
  42. Guillermo Francovich, El pensamiento universitario de Charcas y otros ensayos, 1948, p. 46. []
  43. Esteban de Gori, op. cit., p. 176. []
  44. Eduardo Martiré y Víctor Tau Anzoátegui, op. cit., p. 95. []
  45. Así lo aseveraba su hijo, Martín Agrelo, en la biografía escrita de su padre. Cfr. Martín Agrelo, op. cit., p. 9. []
  46. Los “casamientos de sorpresa” permitían sortear los impedimentos creados por la Real Pragmática de 1776 en lo referido a la nulidad de compromisos previos. Para esta cuestión y en lo referido a la información sobre la posible mujer comprometida con Agrelo, vid. Daisy Ripodas Ardanaz, El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica, 1977, p. 218. []
  47. Acta matrimonial, Santo Domingo, Sucre-Chuquisaca, Bolivia, referencia; FHL microfilm 636043, digitalizada en el sitio FamilySearch. []
  48. Este concepto fue desarrollado por Bernard Lavallé, en referencia a las redes constituidas por los miembros de grupos familiares de las élites locales que permitían construir vínculos y asociaciones de poder mediante alianzas familiares entre quienes ocupaban cargos estratégicos. Consultar Bernard Lavallé, El mercader y el marqués. Las luchas de poder en el Cuzco (1700-1730), 1988. []
  49. La solicitud se encuentra en AGN, sala IX, leg. 8-7-12, f. 166. La resolución del Cabildo se describe en: AGN, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie III, t. IX, libros LIVLVII, años 1796-1800, 1925, p. 464. []
  50. Su desempeño allí puede seguirse en: AGN, Sala IX, leg.: Cabildo de Buenos Aires, 1801-1803. []
  51. UBA-FFL, Documentos para la historia argentina, t. 4, 1911, p. 375. Al respecto de esta práctica comercial, véase Antonio F. Galarza, “Propiedad privada, abasto y regulación del comercio y la circulación de mercancías en la campaña de Buenos Aires: desde fines de la Colonia al gobierno de Martín Rodríguez”, Temas de Historia Argentina y Americana, núm. 20, 2012, pp. 65-102. []
  52. UBA-FFL, Documentos para la historia argentina, t. 12, 1911, p. 320. []
  53. Cfr. Martín Agrelo, op. cit., p. 19. []
  54. Agrelo recibió el título de doctor el 1 de diciembre de 1804, con número de registro 361 en los cuadros de doctores en teología, cánones y juristas egresados de la universidad. El día anterior Moreno había obtenido el suyo con número 360. Valentín Abecia, op. cit., p. 357. []
  55. Vid. Enrique Williams Álzaga, Cartas que nunca llegaron. María Guadalupe Cuenca y la muerte de Mariano Moreno, 1967, p. 35. []
  56. Así fue el caso de Moreno, pero es posible que lo haya hecho con otros compañeros de estudios de Agrelo o con él mismo. Cfr. Manuel Moreno, op. cit., pp. 47 y 58. []
  57. Además de las lecturas clásicas de jesuitas como Suárez y Mariana, la biblioteca contaba con autores más contemporáneos y controversiales como: François Fénelon; Benito Jerónimo Feijóo; Georges Leclerc, conde de Buffon; Guillaume-Thomas Raynal, Pedro Rodríguez de Campomanes y José Cadalso, entre tantos otros. Al respecto, véase Gabriel René Moreno, Últimos días coloniales en el Alto Perú, vol. 2, 2003, p. 35 y Jorge Siles Salinas, Historia de la independencia de Bolivia, 2009, p. 92. []
  58. Manuel Moreno recordaría que los tres amigos contaban con textos manuscritos hispánicos, como obras de Garcilaso de la Vega, además de publicaciones que circulaban en algunos casos en la clandestinidad, como las obras de Henri François d’Aguesseau, Montesquieu, Locke, Bacon, Filangieri y Jovellanos, que actuaban como “sus guías y modelos”. Vid. Mariano Moreno, Colección de arengas en el foro, y escritos del doctor Mariano Moreno, abogado de Buenos Aires y secretario del primer gobierno en la revolución de aquel estado, 1836, pp. 39 y 41. Un análisis de ello se encuentra en Noemí Goldman, Mariano Moreno. De reformista a insurgente, 2016, pp. 53-54. []
  59. Al respecto de esta cuestión, consultar: Tulio Halperín Donghi, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850, 1985. []
  60. Goyena había sido subdelegado de Atacama, donde se destacó por el control de la producción monopólica de cobre que luego era consumida en Potosí. Desde el 29 de diciembre de 1804 estaba propuesto para suplir al subdelegado de Chinchas, que por entonces era Francisco Javier Carvallo. Tras la muerte de aquel, fue aprobado en Aranjuez el 4 de junio de 1805 el nombramiento efectivo de Goyena. El cambio de Subdelegación se debió a la buena ponderación que ganó entre sus superiores. Todo esto evidencia la experiencia de Goyena y sus conocimientos técnicos sobre el gobierno y las dificultades de la región. Al respecto de su actividad de control económico en Atacama, vid. Guillermo Mira Delli-Zotti, “El Real Banco de San Carlos de Potosí y la minería altoperuana colonial”, en Julio Sánchez Gómez, Guillermo Mira Delli-Zotti y Rafael Dobado, La savia del Imperio. Tres estudios de economía colonial, 1997, p. 377. Sobre la reconocida trayectoria de Goyena a cargo del gobierno de subdelegaciones, vid. Edberto O. Acevedo, Las intendencias altoperaunas en el Virreinato del Río de la Plata, 1992, p. 158. []
  61. Para ampliar esta cuestión, cfr. José María Mariluz Urquijo (dir.), Estudios sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, 1995. []
  62. Magdalena Candioti, “Los jueces de la Revolución: pertenencia social, trayectorias políticas y saberes expertos en los encargados de hacer justicia en Buenos Aires (1810-1830)”, en Mónica Alabart, María Alejandra Fernández y Mariana Pérez, Buenos Aires, una sociedad que se transforma. Entre la Colonia y la Revolución de Mayo, 2011, p. 288. La justificación teológica de esta cosmovisión y sus consecuencias en la administración monárquica hispana se pueden ver en Antonio Manuel Hespanha, “Justiça e administraçao entre o antigo regime e a revoluçao”, en Bartolomé Clavero Salvador et al. (dirs.), Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales, 1990, p. 137. []
  63. En este tipo de categorías —de raíces medievales—, el rey era concebido como un “supremo juez”, a diferencia de otras tesis absolutistas, como la de Jean Bodin, según la cual el rey es ante todo un “supremo legislador”. Al respecto de estas características jurisdiccionalistas del poder y la concepción del ejercicio de la justicia como acción política representativa de las prerrogativas reales, vid. Antonio Aninno, “Revoluciones hispanoamericanas. Problemas y definiciones”, en Pilar González Bernaldo (comp.), Independencias iberoamericanas. Nuevos problemas e interpretaciones, 2015, p. 41. []
  64. Se debe considerar, además, la conexión existente. Monteagudo mantenía correspondencia con otro egresado de Chuquisaca: José Antonio Medina, quien también colaboraba con la Revolución de la Audiencia. Medina fue, junto con Agrelo, testigo en el casamiento de Moreno. Cartas reproducidas en Adolfo Durán, Apéndice a los documentos inéditos publicados en la obra de Gabriel Rene Moreno, 1909. []
  65. Oficio reproducido en José Vázquez Machicado, “Relaciones documentales: la última palabra sobre la nacionalidad de Bernardo de Monteagudo”, Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, año XIV, núms. 67-68, 1936, p. 51. []
  66. En el texto Diálogo entre un americano del norte y un ciudadano de las provincias unidas…, publicado en Buenos Aires en 1818 y adjudicado a Julián Álvarez, se menciona que Agrelo dispuso que Monteagudo fuera engrillado y “se le diera un tratamiento peor que a un asesino”. Esta cuestión no fue mencionada por Monteagudo en sus testimonios, por lo que no se puede confirmar que ocurriera el hecho, ante la posibilidad de que la expresión sea un ataque de Álvarez contra Agrelo en la coyuntura política de aquel año. Vid. Diálogo entre un americano del Norte y un ciudadano de las Provincias Unidas de Sud-América sobre el libelo publicado en Baltimore por los proscriptos Agrelo, Moreno y Pazos, 1818. []
  67. José Vázquez Machicado, op. cit, p. 42. []
  68. Ibidem, p. 59. []
  69. Ibidem, p. 58. []
  70. Ibidem, p. 39. []
  71. Apud Edberto O. Acevedo, op. cit., p. 534. []
  72. Vid. Mariano de Vedia y Mitre, La vida de Monteagudo, 1950, pp. 88. Estas cuestiones denunciadas por Goyena son similares a las divulgadas en el panfleto Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, adjudicado a Monteagudo. []
  73. Carlos Correa Luna, op. cit., p. 8. []
  74. Ibidem, pp. 8-9. []
  75. José Carlos Chiaramonte, op. cit., 2007, p. 121. []
  76. Tulio Halperín Donghi, op. cit., 1972, p. 9. []
  77. Es de considerar que su padre, Inocencio Agrelo, al igual que otros gallegos residentes en Buenos Aires, no participó del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Se desconoce si se debe a que no fueron invitados o a que desistieron de asistir. Vid. Xosé R. Barreiro Fernández, “Los gallegos de Buenos Aires y su participación en el proceso de Independencia de Argentina (1810)”, Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, vol. 24, 2012, p. 312. []
  78. Cfr. Carlos Correa Luna, op. cit., p., 11. []
  79. Carta de Gabriel Hevia y Pando a Anastasio Echevarría, julio de 1810, apud Carlos Correa Luna, op. cit., p. 11. []
  80. Ibidem, p. 16. []
  81. Ibidem, p. 20. []
  82. Orden reproducida en AGN, Periodo de la Independencia 1810, t. I, Adolfo P. Carranza (dir.), 1894, pp. 128-129. []
  83. Carlos Correa Luna, op. cit., p. 17. []
  84. La situación del movimiento militar se analiza en Juan Carlos Bassi, “La expedición libertadora al Alto Perú”, en Ricardo Levene (dir.), Historia de la nación argentina, t. V, 1939, p. 164. El movimiento político que desarticuló la autoridad de Sanz se estudia en Ricardo Caillet-Bois, “La Revolución en el Virreinato”, ibidem, pp. 141-142. []
  85. Carta de Antonio González Balcarce a la Junta de Gobierno, Tupiza, 16 de octubre de 1810, reproducido en Biblioteca de Mayo. Colección de obras y documentos para la historia argentina, t. XVIII, 1960, pp. 16582 y 16583. []
  86. Ibidem, p. 16583. []
  87. La misma situación sufrió el letrado criollo José Manuel García, compañero de estudios de Agrelo. Desde 1809 actuaba como subdelegado de Cayanta. Su actitud de ambivalencia reprodujo el accionar de Agrelo, por lo que también fue arrestado y deportado al momento en que Balcarce se hizo cargo de la región. Poco después, ya en Buenos Aires, se incorporaría a las filas revolucionarias e integraría facciones radicales. Sobre su detención y destitución Vid. AGN, Periodo de la Independencia. 1810, t. II, 1894, p. 96. []
  88. Pedro José Agrelo, “Autobiografía”, en Biblioteca de Mayo. Colección de obras y documentos para la historia argentina, t. II, 1960, p. 1297. []
  89. Fabio Wasserman, Juan José Castelli. De súbdito de la Corona a líder revolucionario, 2011, p. 148. []
  90. Carlos Ibarguren denominó a las reuniones privadas que se hacían en la casa de Moreno como el “Club”, el cual sería la base de la posterior Sociedad Patriótica. Vid. Carlos Ibarguren, Las sociedades literarias y la Revolución argentina: 1800-1825, 1937, p. 46. []
  91. Pedro José Agrelo, op. cit., p. 1299. []
  92. Idem. []

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