Ma. Elena Morales Anduaga y Francisco J. Zamora Quintana, (coords.), Patrimonio histórico y cultural de México. IV Semana Cultural de la Dirección de Etnología y Antropología Social, México, INAH, 2001.

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DA2402Este libro recoge los trabajos presentados en la IV Semana Cultural de la Dirección de Etnología y Antropología Social, realizada del 17 al 21 de octubre de 1994; en ella participaron arqueólogos, antropólogos físicos y sociales, historiadores y arquitectos.

Pese al tiempo transcurrido para que las memorias de este encuentro sean, por fin, un libro, destaca su actualidad y vigencia en la discusión contemporánea en torno al patrimonio cultural en México, y las dificultades para su preservación, investigación y difusión, y para hacer de él un elemento clave, no sólo para los museos, sino para el desarrollo humano y con identidad de nuestro país.

Un grupo de autores -Ana Rosas Mantecón, Leonel Durán y José Luis Perea González-, asume en este libro la tarea de reflexionar sobre la concepción de patrimonio cultural que debería regir los proyectos y las acciones culturales. Resalta en ellos su punto de partida, ya que consideran el patrimonio cultural como una construcción histórica y social. En esa medida, el patrimonio cultural, debe ser visto como producto de complejos procesos sociales en los que se definen, seleccionan, investigan, conservan y difunden ciertos bienes culturales, en detrimento de otros, para configurar lo que en un momento dado, y para ciertos sectores, es, o debe ser el patrimonio cultural. Estos procesos están asociados a la existencia de los estados nacionales, a los grupos hegemónicos, a los diversos sectores sociales en pugna, y al poder.

Precisamente, se parte del principio de que una concepción actual del patrimonio cultural debe anular los puntos de vista esencialistas y debe contribuir a comprender los conflictos y las tensiones sociales en torno al patrimonio cultural. Todo ello con el fin de proponer definiciones y acciones culturales en las que se propicie una mayor participación de la sociedad en las tareas de definición, protección y difusión del patrimonio cultural, así como una verdadera coordinación de las instituciones y dependencias nacionales, estatales y municipales.

Elisa Villalpando, Antonio Machuca, Amalia Cardos, Marcia Castro Leal y Roberto Cervantes, presentan casos significativos en los que la ausencia de participación social en el diseño de programas turísticos, en la decisión sobre el uso de sitios arqueológicos, e inclusive sobre las excavaciones arqueológicas, han conducido a situaciones conflictivas con la población local y regional, e incluso han favorecido procesos de depredación ecológica y destrucción cultural. En dichos casos, ha prevalecido un manejo centralista, arbitrario, abusivo y discrecional del patrimonio cultural, en un contexto de creciente mundialización y comercialización del patrimonio cultural, y en la que mucho tienen que ver situaciones geopolíticas específicas.

A autores como Nelly M. Robles, Jack Corbett, Jesús Cristóbal Valdés y Alicia Zapata, en cambio, les toca analizar las dificultades que se presentan cuando esa participación social -a las que tantas veces se recurre como solución para la democratización de la conservación, los usos y los usufructos del patrimonio cultural-, adquiere un rostro definido y encarna en actores sociales con intereses económicos e incluso simbólicos, que se contraponen muchas veces a lo estipulado por la legislación federal, y que incluso van en demérito del propio patrimonio cultural. Y es frente a los grupos de interés, ya sean éstos autoridades estatales o municipales, comerciantes, saqueadores, asociaciones vinculadas a las iglesias, e incluso instituciones nacionales que apoyan el turismo irracional, que la legislación y el INAH parecen insuficientes e ineficientes para resolver adecuadamente los problemas que enfrenta la práctica cotidiana de conservación del patrimonio cultural.

El relato optimista, respecto a la importancia de la participación social para conservar el patrimonio cultural, lo presentan Guadalupe Goncen, Teresa Morales, Cuauhtémoc Camarena, Margarita Carball, María Flores, María de Jesús Sánchez y Jesús Cristóbal Valdés. Exponen importantes experiencias de recuperación de bienes culturales e incluso de formación de museos, comunitarios y de sitio, en los que fue primordial el interés y la actuación de la sociedad civil. En dichas experiencias, subsiste la coincidencia y el trabajo común, en torno a un objetivo de conservación y difusión, que fue construido mediante el diálogo y el trabajo intenso de todos los involucrados.

Con aportaciones puntuales, Lina Odena Güemes, Beatriz Barba de Piña Chán, Rosa Spada y Samuel Villela, reflexionan sobre determinados tipos de patrimonio cultural, mostrando la riqueza e importancia de cada uno de ellos; mientras que Carlos Vázquez Olvera, nos narra la experiencia del Museo Nacional de Historia, a través de sus directores.

Las deficiencias de la concepción vigente de patrimonio, las exponen Ma. Teresa Pavía Miller, Francisco J. Zamora y Eva Leticia Brito, quienes señalan la necesidad de incorporar y ampliar dicha concepción sobre el patrimonio, para modificar incluso algunas técnicas de conservación, que privilegian ciertas fases, en detrimento de la investigación y la permanencia de ciertos bienes culturales. La propuesta de Zamora de que se incluya dentro del concepto de patrimonio cultural el de “paisaje cultural”, y que como parte de él pueda considerase una planta como el maguey, contribuye en la importante discusión sobre el patrimonio natural, genético y de conocimiento que tienen los pueblos, y que hoy está en peligro por los procesos de globalización y de apropiación desigual e injusta de la riqueza del mundo.

Por su parte, Aura Marina Arriola, Ma. Sara Molinari, Íñigo Aguilar, Silvia Ortíz, Reina A. Cedillo, y Carmen Lechuga, nos presentan un amplio abanico de casos en los que puede advertirse la diversidad de aspectos y problemáticas relacionados con el patrimonio cultural.

Desde el punto de vista de la legislación, José Roberto Gallegos Téllez y Marcia Castro-Leal, nos presentan casos históricos en los que es posible advertir las dificultades y los litigios que se enfrentan cuando se trata de delimitar sitios arqueológicos, e incluso definir quiénes y desde qué ámbitos institucionales debe darse el proceso de excavación, exposición y conservación de bienes arqueológicos. En ellos, nuevamente, se evidencian las dificultades para encontrar puntos de acuerdo entre intereses personales, locales, regionales y nacionales, encarnados en esos casos, en propietarios de predios, en un gobierno estatal y un poder federal, que se disputan el uso y el usufructo del patrimonio cultural.

Como una aportación a la discusión de la legislación vigente, Julio César Olivé se encarga de recordarnos los asuntos que han quedado pendientes para facilitar la aplicación de la Ley Federal de Monumentos, al tiempo que retoma varias de sus propuestas para mejorar su aplicación, ya que él no considera necesario reformular la ley actual. En este punto discute el programa de gobierno que en su momento propuso Ernesto Zedillo sobre abrir la discusión de dicha ley, además de que invita a discutir acerca del patrimonio intangible, que adquiere especial relevancia luego de las reformas al articulo 4º de la Constitución y del levantamiento zapatista.

Augusto Urteaga, por su parte, muestra las reformas a la Constitución del estado de Chihuahua, como un caso específico de cómo se ha buscado adecuar la legislación de una entidad federativa, para atender los reclamos de un grupo indígena, después de las reformas al artículo 4º y el 1° de enero de 1994.

Hasta aquí el contenido del libro.

No obstante, como un texto es valioso, no sólo por lo que textualmente contiene sino por las ideas y discusiones que suscita. Vale la pena indicar por lo menos una de las reflexiones o conclusiones que provoca esta obra, y que gira en torno a la participación social y la temida -y a la vez constantemente demandada- descentralización.

Una vez leídos los 26 trabajos, parece, o debería parecer claro, que el inicio para cualquier cambio debería ser el reconocimiento de la pluralidad de agentes e intereses que intervienen -en relación con la selección, investigación, conservación, difusión y usufructuo del patrimonio cultural-, a fin de establecer los procedimientos adecuados para alcanzar consensos básicos en torno a él. De modo que antes de proceder a procesos radicales de cambio, como pueden ser la descentralización y la apertura indiscriminada a una participación social planteada en abstracto, debería reconocerse la posibilidad de conflictos y desencuentros entre diferentes sectores de la sociedad, para poder establecer las vías y los procedimientos legales para dirimirlos. Legal e institucionalmente, deberían abrirse los canales adecuados para que tales grupos puedan expresarse, puedan confrontarse y también puedan llegar a acuerdos fundamentales.

En efecto, una concepción y una práctica en torno al patrimonio cultural, que no reconoce que su definición es un hecho histórico, que discursivamente se dice que es un bien de todos, producto de todos y responsabilidad de todos, no ayuda para brindar soluciones a los muchos conflictos que hemos visto que se desatan en torno al patrimonio cultural, ya que por la vía de los hechos es claro que éste se define y usufructúa a la luz de intereses específicos y por grupos de interés también particulares (grupos económicos, religiosos, políticos o académicos).

Sólo una concepción que acepte como principio que la configuración del patrimonio cultural es un campo en el que se confrontan sujetos sociales con intereses en ocasiones contradictorios podrá establecer las vías institucionales para legislar y normar la participación de todos, en el conjunto de ámbitos relacionados con el patrimonio: desde su producción y usufructo hasta su conservación y difusión.

Con ese marco, la agenda de discusiones tendría que ocuparse de asuntos como los siguientes:

1) Cuáles tendrían que ser las funciones, atribuciones, responsabilidades y límites de la participación de los gobiernos, la iniciativa privada y la sociedad civil en todos los aspectos concernientes al patrimonio cultural nacional.

2) A través de qué nuevo tipo de instituciones, leyes y mecanismos tendría que procurarse el cuidado y la vigilancia del patrimonio cultural, para que en ello participaran también, de forma responsable y organizada y con todos sus rostros, la llamada sociedad civil. O cómo podrían fortalecerse, modificarse o adecuarse las actuales para lograr esa misma situación.

3) Cuáles tendrían que ser las instituciones, organismos y procedimientos para formar recursos humanos y sensibilizar a amplios sectores de la población sobre el valor de bienes culturales, que no les son propios de manera directa, pero que han sido creados y que son de importancia para otros sectores de la población.

4) Cuáles son, o cuáles deberían ser, los medios institucionales para que los diversos grupos sociales puedan expresar sus concepciones, inquietudes e intereses respecto a los bienes culturales que consideran que son, o que deberían ser parte del patrimonio cultural.

5) Qué instancia, o instancias legales, deben fortalecerse, establecerse, normarse y legislarse, para dirimir controversias y conflictos de intereses entre las partes.

6) Qué formas de organización social, deben fortalecerse o crearse, para que la sociedad pueda ejercer actividades de vigilancia, y control (por ejemplo lo que algunas veces se llama contraloría social) sobre la puesta en marcha de políticas y acciones sobre el patrimonio cultural, ya sea que dichos bienes patrimoniales estén bajo el resguardo del Estado, la iniciativa privada, o de ciertos grupos de la sociedad civil.

7) Y finalmente, qué tipo de sanciones se contemplan, y quiénes tendrían que dictarlas y ejercerlas, en caso de violaciones a las leyes, instituciones y acuerdos establecidos.

Me parece que sólo una discusión de este tipo podría aportar los elementos para avanzar en la controversia en torno a la necesidad, las atribuciones y los límites de descentralización, así como de la necesidad, las atribuciones y los límites de la participación social en sus acciones en torno al patrimonio cultural nacional.

Para finalizar, sólo queda señalar que esta obra, por la diversidad de temas y problemas que trata, deberá ser leída por todos aquellos interesados en el complejo tema del patrimonio cultural.

Autora: Maya Lorena Pérez Ruiz, Dirección de Etnología y Antropología Social/INAH.

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