Muriel Laurent, Contrabando, poder y color en los albores de la República. Nueva Granada, 1822-1824, Bogotá, Universidad de los Andes, 2014.

Para citar este artículo

DA67R01En los procesos independentistas que llevaron a cabo las colonias españolas en América destacan numerosas similitudes. La más notoria es que en la mayoría de ellas las sublevaciones fueron encabezadas por las élites criollas locales, y las razones de ello se han ido analizando a profundidad por los historiadores en cada caso. Otra similitud manifiesta es que ese llamamiento criollo no hubiese tenido ninguna repercusión sin la participación activa y la adhesión política de los estratos étnicos nativos de cada región. Una tercera similitud, aunque de otro orden, es el hecho de que esos levantamientos sociales encontraron una plataforma de expresión en la naciente prensa escrita, que estimuló el debate y fungió como vehículo de confrontación política, todo ello en un amplio espacio geográfico que iba del virreinato de la Nueva España al del Perú, pasando por el del Río de la Plata y el de la Nueva Granada, en una sorprendente coincidencia temporal.

Así entonces, no extraña que en la independencia de Colombia estén presentes varias similitudes expresadas en distintas escalas: el movimiento armado fue encabezado por sus élites criollas con el apoyo de la mayoritaria población mulata y negra y combatió a las fuerzas realistas, al tiempo que llevó y debatió en la prensa escrita los basamentos políticos en disputa. Con la consumación de la independencia, acompañada de la aparente consagración de las ideas y postulados del pensamiento liberal triunfante, la antigua colonia se erigió en república en la que todos sus habitantes podían detentar los mismos derechos y obligaciones ciudadanos. Pero si bien el cambio social se percibe dramático, era imposible borrar de un plumazo estructuras y ejercicios de poder que durante 300 años respondieron a una lógica imperial.

Mestizos, mulatos y negros —en el espacio del territorio colombiano— fueron para esa lógica imperial la única y necesaria fuerza de trabajo y no había razón para considerarlos de otra manera en el nuevo contexto, excepto que ahora eran incorporados como protagonistas legitimadores del nuevo poder. Ciertamente, con el advenimiento de la nueva república esos estratos étnicos pasaron a la categoría de ciudadanos; sin embargo, ese título no incidió lo suficiente en su secular condición de subordinados, pues en realidad no había quién los sustituyera. Pero se pretendió aminorar las condiciones materiales de su desempeño y se abrieron oportunidades de ascenso social impensables en el antiguo régimen. En Colombia, al igual que en México o el Perú, surgieron personajes que aprovecharon los resquicios normativos del nuevo orden político para mejorar su condición social. Benito Juárez no se explica sin esa apertura. No obstante, viejos hábitos y usos coloniales no desaparecieron y mostraron su violencia cuando los antiguos vasallos, ahora nuevos actores políticos, tocaron reclamantes a las puertas del poder republicano. Aquí terminan las similitudes y se abren los espacios de singularidad.

En el libro que se comenta, Muriel Laurent se ubica en el contexto de la naciente república colombiana, e ilustra, en un extenso y bien documentado estudio de caso, el por momentos endeble andamiaje que sustentaba esa apertura política. El marco de esta historia es la villa de Mompox, que figuraba a inicios del siglo XIX como puerto de escala sobre el cauce del río Magdalena. Su ubicación, a orillas del río y a medio camino fluvial entre Santa Marta y Cartagena, facilitaba el ingreso del comercio de diversos géneros europeos provenientes de Jamaica que se realizaba con las importantes ciudades de Antioquia, Medellín y Bogotá de tierra adentro. Del periodo colonial heredó esta condición, pero también prácticas comerciales llevadas por la corrupción de los funcionarios aduanales, quienes actuaban en simulada connivencia con las oligarquías comerciales locales y de las ciudades mencionadas. En ese periodo había en Mompox cerca de siete mil habitantes, de los cuales 7 % eran blancos y el resto negros, mulatos y mestizos. En 1821, la joven República de Colombia se hallaba consolidada y regida por la Constitución de Cúcuta; no obstante, seguía latente la amenaza de invasión del ejército español. La necesidad de contar con fuerzas militares que le permitieran enfrentar dicho desafío llevaba al gobierno colombiano a poner especial atención en la recaudación de las rentas, con el fin de disponer de los medios económicos para montar y mantener un ejército defensor del territorio nacional. Al llegarle informes de cobros irregulares en los impuestos en la aduana de Mompox, el gobierno tomó cartas en el asunto y mandó a un funcionario a poner orden.

El escenario está listo para recibir al enviado del gobierno en calidad de comisionado, el protagonista central es un mulato llamado Remigio Márquez. A lo largo de siete capítulos Muriel Laurent analiza, en una paciente labor de filigrana documental, los pormenores de la actuación de Márquez, así como los efectos y consecuencias que se desprendieron de ello. A través de porfiadas pesquisas, de corte hermenéutico, Laurent va mostrando la forma en la que emergen —en el centro de un núcleo social que se dice republicano— añejas prácticas discriminatorias que toman cruda forma cuando va en juego la pérdida de seculares prerrogativas económicas y sociales. Márquez, hijo de padres artesanos de condición parda y oriundo de Cartagena, arribaba a Mompox —designado previamente como senador de la República, próximo a tomar cargo del mismo— con la encomienda de poner al descubierto los fraudes al fisco que, al parecer, cometían los comerciantes mayoristas de Antioquia y Bogotá al declarar menores cantidades o distintos géneros respecto de los asentados en las guías de traslado. El comisionado, poseedor de conocimientos autodidactas de medicina y cirugía, tomó en serio su trabajo y al detectar la primera anomalía actuó con todo rigor: retuvo en Mompox un voluminoso cargamento de géneros propiedad de comerciantes prominentes de Antioquia y Bogotá. Los comerciantes afectados reaccionaron rápidamente firmando una representación dirigida al comisionado quejándose de los daños a su patrimonio debido a la retención de las mercancías; no conformes con esa acción, uno de ellos, Antonio Nariño y Ortega, presumiblemente viola el resguardo aduanal y el comisionado Márquez decide reducirlo a prisión.

Poner a un comerciante en la cárcel no debiera ser en realidad motivo suficiente de escándalo público, si bien tales acciones tampoco fueron comunes en el periodo estudiado, pero que el funcionario responsable de tal disposición fuese mulato y el afectado blanco era inusual y motivo suficiente para inocular un tinte potencial de conflicto racial. Además, el comerciante apresado era hijo de Antonio Nariño y Álvarez (1765-1823) precursor de la Independencia de Colombia, criollo ilustrado, quien destacó como comerciante, intelectual, librero e impresor, y mantuvo una activa tertulia política en la que se leían y debatían autores franceses. Uno de sus pecados fue traducir al español e imprimir en su imprenta, en 1793, la Declaración de los derechos del hombre; esto, sumado a otras actividades políticas, le ganó la animadversión del gobierno español, que procedió a embargarle sus bienes, además de haberlo desterrado por diez años. A su regreso a Nueva Granada, y después de varias vicisitudes, encabeza en 1813 la Campaña del Sur contra los realistas, es derrotado y desterrado de nueva cuenta; retorna en 1821 para ser nombrado vicepresidente de la República, cargo en el que comienza a verse envuelto en las luchas entre federalistas y centralistas.

Según refiere Laurent, el papel e influencia política de Nariño padre tendría un peso relevante en el conflicto con tintes raciales que enfrentaría más adelante el comisionado Márquez. Mientras, Nariño hijo acude al padre en demanda de auxilio, quien maniobra para que sea liberado. No obstante, Márquez descubre un fraude por vía de otro comerciante y procede a incautar en Mompox buena parte del cargamento. Si el humillante encarcelamiento de Nariño y Ortega dio pauta para que este último reaccionara escribiendo airadas representaciones de protesta, el decomiso de los bultos —que afectaba a varios comerciantes de Antioquia y Bogotá— abrió las puertas para una confrontación directa de éstos con Márquez.

Sin duda, uno de los aprendizajes políticos de mayor relevancia que adquirieron las sociedades americanas liberadas de la tutela española fue el de posesionarse de la cultura impresa. Aun considerando sus dramáticas limitaciones de penetración en sociedades mayoritariamente analfabetas, la prensa operó —hasta el momento en que los gobiernos de mediados del XIX comenzaron a limitar o suprimir la libertad de expresión— como plataforma de amplia difusión y debate de las ideas, pero también como vehículo de confrontación partidista, colectivo o individual, donde el folleto tuvo un papel destacado. En el capítulo tercero del libro Muriel Laurent nos muestra un ejemplo de tal uso en el contexto del conflicto con el comisionado Márquez; el minucioso análisis que hace de los impresos relacionados con el caso permite apreciar el componente de la disputa y de la forma en que es abordada tanto en la prensa como a través de folletos. En realidad, es sobre todo en la prensa donde los enemigos de Márquez lo atacan para cuestionar tanto su nombramiento como su actuación al frente de la aduana de Mompox, y es en las planas de la misma en que responden sus defensores. No obstante, el asunto se ubica en un momento en que aparentemente la prensa y el folleto cumplen una función similar, pero en la práctica no es del todo así. En esos años formativos, el folleto empieza a disponer de mayor penetración entre el público lector, debido —entre otras cosas— a su menor formato, que facilitaba su circulación de mano en mano y estaba menos sujeto al mecanismo de la suscripción; es decir, se le podía adquirir en las alacenas o más comúnmente en la calle con los vendedores ambulantes, y además no estaba sujeto a una aparición periódica, como solía suceder con la prensa.

Es precisamente a Nariño y Ortega, hijo de librero, impresor y político ilustrado, a quien no escapan estas circunstancias y el que lleva al folleto la disputa con Márquez. Desea que sean conocidas y ampliamente divulgadas sus acusaciones al comisionado y publica un folleto para describirlas en detalle. Su impreso implica a otros actores y lo ubica en las diferencias entre centralistas y federalistas, con lo cual provoca reacciones de defensa a favor de Márquez, en una dinámica en que comienzan a tomar cuerpo las diferencias personales y a filtrarse muy sutilmente elementos cercanos a las étnicas. Cuando esto sucede, Laurent indica otro vuelco que adquiere la disputa, pues en forma gradual deja de ventilarse en la prensa para refugiarse en los libelos manuscritos. Las razones que motivan este giro las ubica Laurent como parte del propio rumbo que va tomando el destino de Márquez. Las acusaciones de que fue objeto pareciesen actuar a su favor, ya que a los pocos meses de los hechos referidos es nombrado comandante militar interino de Mompox y juez político del mismo cantón. En ese espacio, sin embargo, se dan una serie de sustracciones a los bultos de los géneros incautados en los meses anteriores. El robo da pauta a sus enemigos—ahora los notables de Mompox relacionados con los comerciantes mayoristas de la disputa inicial— para emprender nuevas acciones en su contra e intentar su destitución. En forma paralela, las tropas españolas toman la provincia de Santa Marta y por ello Márquez, como comandante militar, debe alistar las fuerzas de Mompox para hacer frente a esa amenaza en caso necesario. De nuevo, el contexto fue aprovechado por sus enemigos para acusarlo de que en una arenga dirigida a sus tropas había pronunciado palabras que invitaban a la guerra entre pardos y blancos. Márquez se defendió gestionando certificaciones y constancias documentales que las refutaban, pero sus enemigos no buscaban ya esclarecer los hechos o que se castigase la arbitrariedad en que hubiese incurrido en el desempeño de sus responsabilidades como comisionado —y después comandante militar—, sino la venganza por los ultrajes a su condición de segmento privilegiado. En las paredes de Mompox comenzaron a aparecer pasquines anónimos en los que se acusaba a Márquez de promover un gobierno de pardos.

En ningún momento se pudo esclarecer la autoría de los pasquines, pero Laurent opina que todos los elementos señalaban como responsables a los integrantes de la facción de notables de Mompox quienes, con el fin de profundizar el descrédito de Márquez, más adelante urdieron una simulada agresión con pistola a uno de sus miembros, culpando al senador y urgiendo a las autoridades a expulsarlo de la localidad. El complot contra Márquez, acompañado de la suposición de que la presencia del mismo en la ciudad implicaba serios riesgos de un levantamiento de la población mulata —amenaza que traía a cuento la rebelión de negros en Haití—, atemorizó a las autoridades y por ello ordenaron su salida de Mompox, dándole un plazo perentorio para dirigirse cuanto antes a Bogotá y asumir ahí sus responsabilidades como senador. La autora no únicamente señala que Nariño y Ortega nunca cejó en su intento por vengarse de la prisión sufrida en Mompox, también asegura, con base en el análisis de la documentación consultada, que él y su padre fueron los responsables de mover los hilos del complot momposino —con un trasfondo racial como motivación de choque—, así como los promotores de las acusaciones sobre Márquez vertidas en el Senado y por cuya causa se le abrió proceso.

Márquez no era, ni con mucho, un lisiado mental como promocionaban sus acusadores; todo lo contrario, Laurent lo descubre como aplicado lector de los tratados de Benjamin Constant; provisto de ese bagaje dispuso llevar a cabo su defensa proveyéndose de todos los documentos favorables a su actuación y ofreciendo los argumentos exculpatorios para todas y cada una de las acusaciones de que fue objeto: su esfuerzo rindió frutos. En el último capítulo la autora analiza uno de los conceptos que campea con insistencia tanto en la defensa que lleva a cabo Márquez de las acusaciones de que era objeto como en el proceso que de ella llevó a cabo en el Congreso la comisión señalada para el caso: el honor. En su examen del sentido que tuvo el concepto en el periodo estudiado, fija su interés sobre el tránsito que tuvo el mismo del periodo colonial a la naciente etapa republicana. En sus conclusiones, Laurent destaca el importante papel que tuvo la prensa en todo el proceso: “La cultura escrita adquiría un significado cultural y político gracias al ambiente de libertad de expresión recién conseguido. Los abusos de poder, o lo que se consideraba como tal, podían ser ventilados ante una opinión ansiosa de participar en la vida pública, ante un público letrado interesado en consolidar una República en la que la arbitrariedad de los poderosos no debía tener cabida” (p. 409).

Asimismo, no desdeña el poderoso significado social y político que adquirió la habilidad con la Márquez llevó a cabo la defensa de los ataques de que fue objeto, sobre todo en lo relativo al supuesto intento de estimular una revuelta mulata, circunscribiendo en el marco constitucional su actuación pública. No obstante, reconoce que el episodio no se tradujo necesariamente en ventajas de posibilidad social amplia para las etnias mulatas. Es cierto que las cosas no podían variar de manera radical tan sólo a partir de postulados constitucionales. Por lo pronto, con el libro de Muriel Laurent nos llegan ráfagas frescas de acuciosa historiografía desde la academia colombiana.

Autor: Arturo Soberón Mora, DEH-INAH.

Los comentarios están cerrados.