El conflicto armado en Chiapas que irrumpió en el espectro político en las primeras horas de 1994 como una “anomalía”, como un desafío incalificable, como la presentación tangible del estupor que dominaba en forma latente la expectación y la vida del país, reveló de manera inusual y elocuente la particular trama de tensiones del régimen político mexicano. La significación del conflicto, abrupta e incalculable, ha sido también densa, elusiva y equívoca: hizo evidente la exacerbación y la lenta fermentación de una revuelta imperceptible y difusa, de una experiencia de confinamiento, de doblegamiento cuyos contornos exceden los del conflicto mismo; señaló los umbrales de un tiempo y una etapa políticos y emergió de las fracturas de una cultura que se ha forjado y alimentado a lo largo de toda su historia de la negación violenta de la presencia indígena, de su exclusión y la transformación de su carne en mero monumento; el régimen actual de las instituciones nacionales ha incitado formas capilares y ubicuas de la exclusión de fervores étnicos, pero incluso de prácticas económicas -producción agrícola, técnicas artesanales-, formas de propiedad, de culto, de ejercicio político y jurídico.

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