¿Vagos, traidores o desmotivados? Deserciones militares de sectores populares en Tucumán durante la primera mitad del siglo XIX

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Esta investigación analiza las deserciones de los sectores populares, miembros en su mayoría de las tropas de las milicias y el ejército de línea durante la primera mitad del siglo XIX en Tucumán. Partimos de la premisa que los sectores populares, pese a su heterogeneidad, compartieron un grado de subordinación con respecto a las elites y recibieron diferentes denominaciones de acuerdo con el tiempo y el espacio estudiado.1 Al mismo tiempo, se constituyeron en miembros activos de los cuerpos militares formados por los gobiernos locales y extra locales, o por líderes políticos o militares, y fueron convocados en momentos conflictivos en los que se hizo necesario incrementar el número de tropas.

El presente trabajo forma parte de mi tesis doctoral, la cual analiza la militarización de sectores populares en la primera mitad del siglo XIX en el espacio tucumano y su interrelación con el rioplatense. El estudio abarca periodos históricos y coyunturas políticas diferentes, que señalan una manera distinta en la relación entre sectores dirigentes y populares, entre jefes y subordinados, así como las políticas de negociación, acuerdos y concesiones llevados a cabo por estos grupos. Se analiza la manera en que los sectores populares intervinieron activamente en el proceso de militarización generado a partir de la Revolución de Mayo de 1810, dejando su impronta en los procesos políticos dentro del orden colonial-estamental aún vigente.2

La historiografía política de los últimos años estudió la cuestión de las milicias y ejércitos como vías de expresión de amplios sectores de la sociedad, considerándola una temática fundamental para el análisis de las respuestas o interpretaciones que los actores tenían sobre lo político.3 Por medio de dichas vías, diversos sectores sociales quedaban implicados en contiendas políticas, se informaban de los sucesos ocurridos y se involucraban —tanto física como emocionalmente— en las batallas.4

En este contexto histórico, los sectores populares intervinieron en el espacio público gracias al proceso de militarización generado a raíz del cambio político.5 Es decir, participaron de ciertas esferas de acción, promovidos por los grupos de poder, por medio de promesas basadas en concesiones otorgadas a causa de la urgente necesidad el reclutamiento. El estudio de los incentivos otorgados a las tropas ha comenzado a ser objeto de reciente indagación para explicar la adhesión de sectores populares a las milicias y ejércitos. En este sentido, los estudios de Sara Mata y Gustavo Paz, para el caso del noroeste argentino, proporcionan indicios sobre las concesiones otorgadas a las milicias por el general Güemes en Salta y Jujuy durante la época revolucionaria, prestando especial atención a los fueros militares y retribuciones materiales concedidas por dicho líder a sus “gauchos”.6 Para Buenos Aires, Raúl Fradkin investiga las motivaciones económicas, morales y políticas que habrían llevado a los sectores populares a adherirse a ciertas facciones políticas o a permanecer dentro del ejército. Para este autor, la “negociación de la obediencia” estuvo presente en las relaciones y frecuentes tensiones entre oficiales y tropas e implicó una suerte de reclamo de “derechos” considerados justos por parte de los grupos plebeyos, cada vez que no fueran respetados por los grupos dirigentes.7

Los sectores populares tuvieron una participación dentro del proceso político revolucionario mucho más visible de lo que frecuentemente suponemos, pues fueron los encargados de la lucha directa con el enemigo español en las numerosas batallas. Pese a ello, la mayoría ocupó cargos dentro de la tropa o en la sub-oficialidad en el ejército de línea o las milicias.8

En relación con la temática de la deserción, podemos comprender la misma como una forma de resistencia y toma de posicionamiento frente a las exigencias militares. La omisión o incumplimiento de las normas establecidas por las autoridades civiles y militares en el contexto jurídico, social y político del siglo XIX, implicaba una incitación al desorden, a la “inmoralidad” y a la “vagancia”, vicios que las elites decimonónicas deseaban erradicar, creando tipos de control social para hacer frente a las tareas incumplidas.9 En el ámbito militar, resistirse a las autoridades significaba el incumplimiento a las normas, la inobediencia, la falta de respeto a las jerarquías militares, las deserciones, las fugas, los motines o la participación en movimientos conspirativos.10

Del mismo modo en que se efectuaron concesiones como vía de estímulo para conseguir un mayor reclutamiento y disminuir el grado de deserción,11 también se aplicaron castigos ante el incumplimiento de las tareas destinadas: la degradación dentro del rango militar, el pago de multas, la prisión, la pena de muerte o la exhibición pública del castigo sentenciado.

¿Cuáles fueron las políticas frente a las deserciones implementadas por los sucesivos gobiernos de la primera mitad del siglo XIX en Tucumán? ¿Qué tipo de reacciones asumieron los sectores confinados a estas duras obligaciones militares y qué tipos de resistencias llegaron a elaborar?12

Apoyándonos en las listas de regimientos, cartas, decretos, anuncios y partes de gobiernos de la Sección Administrativa del Archivo de Tucumán, en los documentos pertenecientes al Archivo Nicolás Avellaneda y en el Archivo General de la Nación, fue posible el análisis de los casos de deserción en los diferentes periodos políticos analizados. En ellos se reglamentaron sanciones y penas para reprimir dichos delitos, aunque también, en ciertas ocasiones, se concedieron indultos a condición del retorno al servicio de armas.

En los juicios encontrados se evidencian claras diferencias en los roles asumidos por los miembros de la jerarquía militar. Hemos hallado a oficiales actuando como testigos de causas por injurias, robos cometidos u otros delitos considerados menores —entre ellos la deserción—.13 Para el caso de suboficiales y soldados, si bien también puede encontrárselos como testigos de causas, es usual hallarlos como delincuentes comunes.14

En cuanto a los sectores populares, los encontramos involucrados en una multiplicidad de delitos por injurias, robos, asesinatos, o deserciones —estas últimas con pena no sólo a los imputados, sino también a los “ocultadores de desertores”.

Durante la guerra por la independencia, don Manuel Belgrano denunciaba al gobierno de Buenos Aires “el escándalo de la deserción” dentro del Ejército Auxiliar del Perú y proponía castigos para los delincuentes y posibles ocultadores, como el pago de multas o la remisión de parientes más cercanos al servicio de armas.15 Así, encontramos al sargento Justo Godoy acusando a un vecino de la localidad de La Ramada, por “ocultador de desertores” y haber acogido en su casa salteadores que habían causado perjuicios en dicho lugar. Por esta acusación, el implicado fue puesto en prisión por más de seis días en un calabozo con barra de grillos.16

Las deserciones

La deserción se define como “el desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tenía interpuesta”.17

En los expedientes judiciales hemos advertido que sus portadas aluden frecuentemente a delitos comunes, como robos, injurias o asesinatos. Dentro de estos delitos, las denuncias por deserción constituían un agravante más a la causa y un factor de desprestigio y deslegitimación de la persona inculpada.18

Durante todo el periodo analizado se hace referencia a la captura de desertores, a los costos de mantenimiento de los mismos, al reenganche, al embargo de bienes propios o de sus familias y, en ocasiones, a la concesión de indultos a cambio de la promesa de enlistarse nuevamente.

Si nos remitimos a la Real Cédula de 1760 promulgada por Carlos III, la deserción era concebida como un grave delito, que merecía la pena de muerte por armas o la pérdida de todo privilegio. No obstante, al mismo tiempo se concedían indultos a aquellos miembros de milicias regladas y del ejército regular “que se presentaran nuevamente en el término de tres meses”.19

La deserción ya tenía su impronta en Tucumán desde la época de la colonia entre los soldados de línea y los milicianos, sobre todo porque no veían en la institución militar una motivación o posibilidad de ascenso social. Para el caso de los milicianos, la participación en las milicias representaba una carga que intentaban eludir siempre que fuera posible. El rechazo de los milicianos a cumplir con dichas obligaciones, inherentes a su condición, podemos constatarla con la sublevación de Tupac Amaru de 1781 en el Alto Perú. Una vez iniciada la rebelión, el virrey mandó pedir el envío de cien milicianos de Tucumán para que contribuyeran, junto con otros de otras provincias, a la represión del movimiento. Sin embargo, los tucumanos se sublevaron, desertaron y finalmente fueron puestos en prisión:20 “[…] Ha tenido suceso algunas bajas voces que se han esparcido, de que la gente de esta ciudad, dificulta la salida, y que por ello ha resuelto camine el Ayudante de aquel gobierno, Don Agustín López y Aráoz […] con las convenientes instrucciones, para que solicite la más breve marcha de la gente y ayude al gobernador a ponerlos en el mayor arreglo con todos los demás […]21

Las invasiones inglesas a Buenos Aires tampoco generaron un verdadero estímulo en los milicianos de Tucumán enviados a socorrer la capital virreinal, pues muchos desertaron de las filas destinadas a tal servicio:

[…] Por 173 individuos que a principios de Junio del presente año se agregaron al batallón de arribeños de mi mando, de la gente […] con el más distinguido patriotismo […] para socorro de esta capital […] sólo han quedado 86, una considerable merma es producida de la seguida deserción que ha hecho esta gente, pues según resulta de las listas de revista hasta la fecha se encuentran 40 desertores, que con 11 filiados en el nuevo Regimiento del Río de la Plata, y 36 entre muertos y excluidos por inútiles, componen el número de 87 […] y lo sensible es que lo verifican después que se ha tomado el cuerpo tanto trabajo en su instrucción (y vestuario).22

Luego de la batalla de Tucumán de 1812, se produjo una verdadera motivación por parte de la población para participar en la causa revolucionaria. La presencia del Ejército del Perú en la provincia consumió muchos aportes de “vecinos y demás habitantes”, necesarios para el reclutamiento de personas para los regimientos, como para la provisión de alimentos, vestuarios, caballadas y sueldos para las tropas. Además, los jefes del Ejército Auxiliar, el general don Manuel Belgrano y el gobernador intendente y jefe de las milicias provinciales, don Bernabé Aráoz, exhortaban continuamente a la población a contribuir económica y militarmente, debido a la urgencia de los acontecimientos y a los riesgos de las elites locales de perder sus bienes patrimoniales.23

Durante toda la etapa revolucionaria en Tucumán se observó una gran atención a los requerimientos de la ciudad de Buenos Aires, aunque también una preocupación por asuntos locales surgidos con la coyuntura de la guerra en el frente norte.

Las fuentes evidencian deserciones sucedidas en distintos regimientos, a causa de las exigencias militares y la necesidad constante de traslado siguiendo al Ejército Auxiliar del Perú. Sin embargo, no se han encontrado demasiadas normativas referentes a la deserción: las quejas pertenecen a los mismos jefes y oficiales sobre todo del ejército. Las deserciones registradas en los documentos propios del Ejército Auxiliar del Perú pertenecen a distintos regimientos destinados a las diferentes localidades de las provincias del norte, y corresponden en su gran mayoría a la tropa del ejército de línea y no a las milicias, como ocurría durante la época colonial. Es decir, con esta tendencia parecería incrementarse el compromiso con la actividad miliciana y con los privilegios o concesiones derivados de su participación.

Se hacía referencia a la necesidad de construir un cuartel en la ciudad para desertores,24 costearlos y remitirlos nuevamente al ejército. Debido a su costosa manutención, muchas veces se los indultaba con la promesa de retornar al ejército.25

A la hora de dimensionar el grado de deserción, nos hemos encontrado con una primera dificultad: los pies de lista de los diferentes regimientos muestran el número de desertores y en ocasiones, los reenganchados. Muchos de los que desertaban eran reincorporados a los diferentes regimientos, aunque no todas las listas detallan este aspecto. Además, algunos regimientos se encuentran registrados en la Sección Administrativa y otros en la Sección Guardia Nacional del Archivo Histórico de Tucumán.26

En cuanto a la población reclutada, gran parte de la población masculina —sobre todo la comprendida entre los 16 a 50 años— debía formar parte de las milicias si contaban con un domicilio fijo. Si no alcanzaban a cumplir con este requisito, la reglamentación estipulaba su integración al servicio de línea. En la práctica, muchos integrantes de los sectores populares llegaron a ocupar cargos en las tropas milicianas a causa de la urgente necesidad de reclutamiento.27 De esta forma, la mayoría de los sectores populares pasaban a integrar las tropas de línea o milicianas y eran sometidos a duras exigencias, contando con un salario no siempre pagado.

La escasa alusión al tema de la deserción en los documentos del Archivo Histórico de Tucumán, sobre todo de las décadas revolucionaria y de 1820, nos insta a pensar no en la inexistencia de esta temática, que tanto hacía referencia jefes como Manuel Belgrano, José de San Martín, José Rondeau, Gregorio Aráoz de La Madrid u oficiales como el coronel Zelaya,28 sino en la implementación de eficaces políticas conciliatorias por parte de las elites locales y extra-locales, basadas en el reacomodamiento de los desertores en el ejército y las milicias, el pago a término, la desaprensión,29 la concesión de indultos y la aplicación de castigos efectivos, como servir en el ejército regular en el último rango militar, el simple soldado de línea.30 Además, contaba como motivo para la no deserción, la identificación con la causa de la guerra como la defensa de las familias y los bienes materiales propios.31

En 1812, Belgrano notificaba al gobierno porteño que la deserción en el Ejército Auxiliar del Perú “era escandalosa y que no se conocía el interés por la causa de la Patria”. Para levantar el espíritu de las tropas debía “exhortarlas a la constancia, la subordinación y el respeto de los pueblos”.32 Según sus palabras, de 1500 hombres integrantes del ejército, la mitad estaba enfermo, el armamento era miserable y el dinero escaso. En mayo de ese mismo año sólo contaba con una fuerza de 1 225 hombres en las tropas, constituyendo la deserción un tema alarmante.33

Ante esta situación, Belgrano propuso un reglamento de reclutamiento que remitió a todos los gobernadores de las intendencias de Córdoba y Salta, tendiente a aumentar las fuerzas del ejército y crear elementos de reserva. Se formaron listas de jóvenes de 18 a 25 años y sólo se exoneraron a los sostenes de familia o quienes pudieran presentar dos personeros enteramente vestidos. Asimismo, disponía severas penas para los que no acudiesen al llamamiento o a los que desertaran. Dicho reglamento no pudo finalmente implementarse, a causa de ser considerado “demasiado rígido” por el gobierno de Buenos Aires.34 Sin embargo, el jefe del Ejército Auxiliar del Perú siguió incitando en los bandos, desde Salta y Jujuy, a enviar reclutas, armamentos y provisiones para Tucumán.

En 1813, Belgrano ya afirmaba que la deserción había disminuido considerablemente, y que ello se debía principalmente “al contento y la alegría de la tropa y el espíritu que la anima contra los enemigos de la patria”, al mismo tiempo que señalaba como causa esencial de este cambio de actitud “el estar bien pagas”, o al menos tenerlas en consideración “de cuando en cuando”. Estos móviles, según su criterio, eran esenciales para lograr la obediencia y el respeto a los oficiales.35

A finales de la década, Belgrano ratificaba esta misma posición:

[…] Cuando yo he dicho a V.A. que es mejor no tener gente reunida que tenerlas impagadas […] Señor, yo nunca he exigido el total haber del soldado pero si con que darle una triste buena cuenta […] aun no se han tomado las medidas para evitar los medios violentos, ni exponer a la casualidad la subsistencia de los ejércitos, corremos de una parte a otra sin saber si es capaz una provincia de mantenernos, o cual fuerza podrá tener sin causar perjuicio a los habitadores de ella.36

En cuanto a la retención y manutención de desertores, Antonio Luis Beruti planteaba al gobierno de Buenos Aires la posibilidad de mantenerlos y emplearlos en servicio útil, como también disponer de la facultad para indultarlos o reincorporarlos a las filas del ejército. Afirmaba que “ya estaban indultados y presentados desde Marzo a los oficiales de Dragones, guarneciendo la ciudad. Que estando sucios y despreciables, los vistió y pagó”.37

En las décadas de 1830, 1840 y comienzos de 1850 aumentó considerable y significativamente el tema de la deserción. Esta afirmación puede comprobarse si atendemos a la numerosa normativa referida a esta temática, la aplicación de castigos y a la falta de consensos y acuerdos de las elites con la población destinada a las filas del ejército de línea y de las milicias. Los decretos sobre deserción encontrados datan de 1808, 1810 y luego recién con mayor frecuencia durante los años 1837, 1840, 1852, 1853 y 1854.38

A partir de la década de 1830 la deserción se volvió un problema constante y de difícil solución. Estos años señalaron la conformación y posterior consolidación del régimen rosista en Buenos Aires y en el caso de Tucumán, tuvo su repercusión en las estrategias políticas implementadas por parte de los gobernantes locales para adecuarse a la experiencia política rosista sobre la base de las exigencias militares, las políticas de reclutamiento y las actitudes frente a las deserciones.39

La necesidad de un brazo armado fuerte en la provincia, que pudiese garantizar la estabilidad tan añorada en los años anteriores, provocó un afanoso reclutamiento y la imposición de duras sanciones a los que escaparan de ellas. Éste fue el caso de un tamborcito llamado Pedro Díaz, de doce o trece años de edad, que había desertado del cuerpo de cívicos de Santiago del Estero y escapado a Tucumán. El mismo era buscado insistentemente para ser reincorporado a las milicias.40

Los embargos de bienes a los desertores y sus familias se volvieron medidas frecuentes en los años 1837 y 1838, durante la guerra liderada por Heredia contra el gobernante de la Confederación Peruano-Boliviana, el “tirano Andrés de Santa Cruz”. Los desertores remitidos al gobernador Heredia para su juzgamiento no sólo provenían de Tucumán, sino también de las provincias vecinas de Salta y Jujuy, es decir, de aquellas donde se hallaba el ejército en su marcha hacia el vecino país.41

El gobierno de la Coalición del Norte se instauró en 1838, luego del asesinato del gobierno tucumano Alejandro Heredia. Básicamente se constituyó en una alianza de las provincias del norte con el territorio rioplatense, en su lucha contra el “tirano” Rosas y concentró las fuerzas militares existentes para conseguir un reclutamiento efectivo. Tal razón habría llevado a este gobierno a conceder indultos y ofrecer “socorros semanales” a la oficialidad y las tropas para alcanzar su objetivo. A finales de 1838 el gobernador Bernabé Piedrabuena, integrante de la Coalición del Norte, dispuso un indulto a todos los desertores del Ejército Argentino de Operaciones, debido a la necesidad de reclutamiento para la liga de las provincias del norte en contra de Rosas:

[…] 1° Todos los individuos que hubieren desertado del regimiento de Coraceros del Orden, o de la Compañía de Infantería de la división de operaciones de la Provincia y se presentaren ante el Gobierno a sus respectivos cuerpos, o ante alguno de los Jefes militares de la Campaña, dentro del término […] de 8 días no sufrirán pena alguna […] Piedrabuena.42

Asimismo, la protección de los jefes a los miembros de sus tropas también posibilitaba una vía de escape a los castigos por deserción:

El Comandante del Regimiento de Dragones de la Guardia […] que el reclamo del soldado Pedro Avendaño no le parece justo, como también la fianza de 200 azotes que recibió acá por el Mayor Don N. Reyes en razón de que este soldado no pertenecía al cuerpo de Coraceros, porque en su primera deserción antes de haber hecho campaña alguna, disfrutó del indulto que hubo, por haberse presentado a su tiempo, y después ha continuado con el servicio del regimiento con la mayor puntualidad, haciendo todas las campañas, y se ha ofrecido como igualmente en la acción de Caustiné […] Juan Ramírez.43

Sin embargo, la identificación con la causa de la coalición no habría generado demasiadas adhesiones, expresadas en las frecuentes deserciones. Junto a estas concesiones, continuaron aplicándose severas penas para los continuos desertores, como el pago de multas, los castigos o la obligación de servir como soldados rasos dentro del ejército de línea.44

Luego de la experiencia de la coalición no hemos hallado otro decreto de indulto a desertores, sino que se intensificaron más aún los castigos, persecuciones, embargos de bienes a éstos y sus familias, así como sanciones a los jefes que intentaron protegerlos. La persecución de desertores se extendió no sólo a la tropa, también hacia los oficiales.

El gobierno de Celedonio Gutiérrez —instaurado en la provincia desde 1841— coincidió con la etapa de consolidación del poder de Rosas en la Confederación Argentina. La política hacia los desertores se mantuvo, pues se persiguió, se aprisionó y se embargaron los bienes de todos los que se fugaron de las filas del ejército y sobre todo de las milicias, donde se han registrado el mayor porcentaje de desertores.45

Con la derrota de Gutiérrez en 1852, muchos soldados pertenecientes a las localidades de Monteros y Simoca aún seguían a su líder:

[…] Con motivo de haber tenido muchos desertores del Escuadrón de Simoca, he despachado al Comandante Ávila […] proceda a la reunión de gente de ese departamento y venga a incorporárseme […] he recibido parte que del escuadrón de Robles de Monteros se han desertado 30 hombres […] despaché a Monteros un Capitán para que reuniese algunos desertores y algunos otros que se quedaron […]46

En vista del proceso de organización nacional experimentado luego de la caída de Rosas, en 1852 los desertores de las filas de caudillos locales no sólo fueron incorporados a las filas de la Guardia Nacional, sino también sirvieron como delatores de sus antiguos jefes, perseguidos ahora por el gobierno de turno —como los casos del general Gutiérrez, exgobernador de Tucumán y el general Ibarra, de Santiago.47

Los estudios sobre las diversas formas de control de la población campesina rioplatense han señalado la relevancia de las exigencias militares, en razón de que ellas explican en gran parte las disposiciones legales que fueron poniéndose en práctica desde mediados del siglo XVIII hasta el largo ciclo de expansión de la frontera que termina en 1880, con la llamada “conquista del desierto”.48

¿Qué reacciones tuvieron los sectores populares ante estas cargas militares impuestas? ¿Pudieron llegar a excusarse de tales exigencias o encontrar un justificativo para la desobediencia y eludir el castigo de la deserción?

Durante la guerra que llevó a cabo el gobernador Alejandro Heredia contra la Confederación Peruano-Boliviana, entre los años 1837 y 1838, se inició un juicio por deserción a un soldado del Batallón “Libertad”. Según sus declaraciones, las causas de su deserción se debían a la invitación de un compañero a una sublevación, al mal pago y los malos tratos proporcionados a la tropa por parte de jefes y oficiales, y sus deseos de volver a su tierra.49

[El soldado Ibáñez] […] desertó por invitación del granadero A. Olea quien le contó que iban esa noche a desertar a pesar de que los coraceros argentinos le había dicho a Olea que esperasen un día más hasta que les diesen caballos: que de La Tablada se habían de volver, sublevándose y que entonces los sacarían en ancas sin cuidado porque los cuerpos estaban convocados para irse a sus tierras pues tenían recelo de irse para arriba por los muchos trabajos que habían de pasar y porque no les pagaban […]

Durante la declaración, también se le preguntó al soldado si conocía que la deserción constituía un delito penado por la ley y las órdenes generales del ejército. El soldado respondió: “[…] Sabía la pena que correspondía por la deserción, que a unos se castiga y a otros se fusila; pero que algunos también merecen la piedad del General: que le han leído las LL. Penales, que no se acuerda haber oído las órdenes Generales del Ejército […] que ha hecho servicio de soldado en su Batallón”.

Es decir, ante el conocimiento de las penas establecidas para el delito de deserción, siempre estaba la posibilidad de protección del jefe como de dispensa al castigo, como también la “supuesta ignorancia” de las órdenes emanadas por el general. La obligación de los jefes y oficiales era remitir parte al gobierno del paradero de los desertores para su posterior aprehensión y reclutamiento —para lo cual se premiaba el cumplimiento de tales peticiones—. Sin embargo, frecuentemente los mismos jefes protegían a sus subordinados desertores, actitud que era denunciada y sancionada por los gobiernos de turno:

[…] Considerando que los individuos que componen los cuerpos del ejército, dependen directamente de la Nación Argentina, y no de los partidos que quieran interrumpir el orden establecido S. E. ordena […] El que fuese seducido por algún ciudadano para corromper el orden bien establecido del Ejército […] y no delatase al reductor, será pasado por las armas. 3° Todo individuo que cumpliere con el anterior artículo, será premiado con $200. 4° Esta orden será leía a la tropa por sus respectivos comandantes todos los domingos durante un mes.50

Reflexiones finales

Las concesiones otorgadas por los gobiernos locales o extra-locales tuvieron la finalidad de impulsar la participación de diversos sectores sociales en las sucesivas guerras acontecidas durante el siglo XIX en Tucumán, y afectaron también a otros espacios del territorio rioplatense. Estas motivaciones se tornaron más frecuentes durante el periodo revolucionario, debido a urgencias ante la guerra con el español y fueron otorgadas por el gobierno local de turno —en este caso, el del gobernador intendente Bernabé Aráoz—, por el gobierno central residente en Buenos Aires y los respectivos jefes del Ejército Auxiliar dependiente de aquél, en especial el general Manuel Belgrano.

La gran cantidad de pedidos de retiros, licencias por enfermedades, o inutilidad, demuestra el conocimiento de las normativas vigentes desde la Colonia sobre este tipo de consideraciones y concesiones. Aquellos que peticionaron licencias y retiros —ya sea los miembros de la jerarquía militar, como las madres o viudas de los implicados— se dirigían a las autoridades gubernativas y del ejército o las milicias, en atención a sus derechos contemplados en las normativas.

Para los otros periodos analizados, las concesiones mencionadas disminuyeron notablemente, sobre todo durante las décadas de 1830 a 1850. Pese a ello éstas continuaron implementándose toda vez que fue necesario el reclutamiento, no sólo por la vía institucional sino también por medio de promesas y “seducciones”51 realizadas por los jefes militares hacia sus subordinados.

La movilización de gente necesaria para los ejércitos y la militarización generada a raíz de los cambios políticos iniciados con la Revolución de Mayo y sus consecuencias en las demás provincias, creó otros espacios de comunicación entre los diversos sectores sociales, posibilitando el conocimiento mutuo, la convivencia entre oficiales y tropa —como dentro de estas mismas— y, en ocasiones lazos de solidaridad entre individuos que debían someterse a situaciones similares.52

En cuanto a las resistencias, hemos concebido a las deserciones como una forma de expresión de su negativa frente al reclutamiento forzoso y al enganche. Según las fuentes analizadas, se registró un porcentaje mayor de deserciones durante las décadas de 1830, 1840 y 1850. En este periodo las concesiones y motivaciones implementadas en el ámbito institucional dejaron paso a políticas de reclutamiento basadas en la progresiva diferenciación de sectores sociales integrantes de las tropas de las milicias y el ejército —la “gente decente” y la “gente común”—, a la paulatina identificación de las milicias con la ciudadanía53 y a las estrategias elaboradas desde los ámbitos de poder, si no escasas, por lo menos poco eficientes en la cooptación de gente necesaria para la guerra.

En definitiva, las concesiones implementadas desde los ámbitos institucionales y de poder, tuvieron íntima relación y repercusión en las resistencias ofrecidas por los grupos sometidos a tales reclutamientos, en tanto permitieron el conocimiento y la consiguiente exigencia de una efectiva implementación de las normativas vigentes por parte de los sectores sociales menos favorecidos. Estas peticiones o exigencias resultarían difíciles de erradicar al interior de la cultura política de estos sectores sociales y serían reclamadas toda vez que lo creyeran conveniente.

Archivos

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Archivo Histórico de Tucumán, Sección Judicial del Crimen, cajas 15-23 y
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Actas Capitulares, Tucumán. Traducción de Samuel Díaz. Archivo Histórico de Tucumán.
Archivo Histórico del Museo Provincial Dr. Nicolás Avellaneda, documentos inéditos.
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Zamora, Romina, “Fuego en las montañas. 1781. La participación de la plebe en Tucumán en las sublevaciones andinas”, en Contrastes, núm. 13, 2004-2007, pp. 9-35.

Autora: Marisa Davio, Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), Tucumán, Argentina. Becaria posdoctoral CONICET. Doctora en Ciencias Sociales (IDES-Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires). Integrante del Proyecto “Representación, identidad y transformaciones. Desde perspectivas vigentes en la Ciencias humanas”, y de “Entre el Antiguo Régimen y las revoluciones iberoamericanas: representaciones sociales e imaginarios políticos. Tucumán y la región, 1750-1850”, PIP 02616 CONICET, ambos dirigidos por la doctora Cristina del Carmen López (ISES-CONICET-Universidad Nacional de Tucumán).

  1. Según los postulados de Luis Alberto Romero, nos estaríamos refiriendo a “sectores populares”, reconociendo diferentes terminologías que para ellos han utilizado los actores contemporáneos y que denotan una condición de subordinación con respecto a las elites: “plebe”, “bajo pueblo”, “vulgo”. Véase Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, Sectores populares, cultura y política, 1995, pp. 23-44. []
  2. Marisa Davio, “Sectores populares militares militarizados en la cultura política tucumana. 1812- 1854”, tesis doctoral, IDES-Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2010. []
  3. Sobre la diferencia entre la política y lo político, véase Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político. Lección inaugural en el College de France, 2003. []
  4. Para el análisis de las milicias dentro de la construcción de los liderazgos y la ciudadanía, véase Hilda Sábato, Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina, 1998; para el caso de Tucumán, Flavia Macías, “Armas, milicias y comandantes.
    La configuración del Poder ejecutivo y el Ejército provincial en la primera mitad del siglo XIX”, en línea [http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/macias1.pdf], consultada el 14 de agosto de 2008; Roberto Schmit, Ruina y resurrección en tiempos de guerra. Sociedad, economía y poder en el Oriente entrerriano posrevolucionario. 1810-1852, 2004; para el caso venezolano, Veronique Hebrard estudió el cambio en la noción de ciudadano-soldado a soldadociudadano, sobre la base de los conflictos planteados por las elites por la concesión de la ciudadanía a todos los hombres en armas, en reconocimiento de su entrega a la defensa de la patria. Veronique Hebrard, “¿Patricio o soldado? ¿Qué uniforme para el ciudadano? El hombre en armas en la construcción de la Nación (Venezuela, Primera mitad del siglo XIX)”, en línea [http:// revistadeindias.revistas.csic.es/index.php/revistadeindias/article/viewArticle/ 476], consultada el 10 de abril de 2008. []
  5. En cuanto a los estudios referidos a la participación de la plebe en el proceso de militarización en el contexto rioplatense, véase Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, 1972; Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires entre la Revolución y el rosismo. 1810-1829, 2007. Para Salta y Jujuy, Sara Mata y Gustavo Paz investigaron la temática referida a la intervención de la plebe, así como la temática de los fueros militares concedidos a los gauchos milicianos durante el periodo de gobierno del general Güemes. Sara Mata de López, “Tierra en armas: Salta en la Revolución”, en Persistencias y cambios: Salta y el noa (1770-1840), 1999, pp. 149-176; Sara Mata de López, “La guerra de Independencia en Salta y la emergencia de nuevas relaciones de poder”, en andes, núm. 13, 2002, pp. 113-144; Sara Mata, Los gauchos de Güemes, 2007; Gustavo Paz, “Reordenando la campaña: Salta y Jujuy en la década de 1820”, en Raúl Fradkin (comp.), ¿Y el pueblo dónde está? Contribuciones para una historia política popular de la Revolución de Independencia en el Río de la Plata, 2008, pp. 209-222. Sobre la situación de los esclavos durante el periodo revolucionario en Mendoza y los pedidos de reclutamiento para conseguir la libertad luego de su participación en la guerra, véase Beatriz Bragoni, “Esclavos, libertos y soldados. La cultura política plebeya en Cuyo durante la Revolución”, en Raúl Fradkin (comp.), op. cit., pp. 107-150. []
  6. Entre ellas señalan los pagos efectivos, ascensos dentro del rango militar, reconocimientos y privilegios, como los fueros. Sara Mata de López “Tierra en armas…”, ed. cit.; “La guerra de Independencia en Salta…”, ed. cit.; “Conflicto social, militarización y poder en Salta durante el Gobierno de Martín Miguel de Güemes”, en Fabián Herrero, Revolución. Políticas e ideas en el Río de la Plata durante la década de 1810, 2004; Gustavo Paz, “El orden es el desorden. Guerra y movilización campesina en la campaña de Jujuy. 1815-1821”, en Raúl Fradkin y Jorge Gelman (comps.), Desafíos al Orden. Política y sociedades rurales durante la Revolución de Independencia, 2008, pp. 62-83; Beatriz Bragoni, “Guerreros virtuosos, soldados a sueldo de reclutamiento militar durante el desarrollo de la guerra de independencia”, en Dimensión Antropológica, núm. 35, 2005, pp. 24-58. []
  7. Raúl Fradkin, “La conspiración de los sargentos. Tensiones políticas y sociales en la frontera de Buenos Aires y Santa Fe en 1816”, en Beatriz Bragoni y Sara Mata (comps.), Entre la Colonia y la República. Insurgencias, rebeliones y cultura política en América del Sur, 2008, pp. 169-192. []
  8. Esta misma situación fue señalada por Orestes Cansanello y Gabriel Di Meglio para el caso de Buenos Aires. Véase Oreste Carlos Cansanello, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. Buenos Aires. 1810-1852, 2003; Gabriel Di Meglio, ¡Viva el bajo pueblo!…, ed. cit. []
  9. Para ello impusieron una serie de mecanismos tendientes a mantener el control sobre los sectores sociales considerados sospechosos, “vagos” o “mal entretenidos”. Al respecto, Raúl Fradkin, Juan Carlos Garavaglia, Ricardo Salvatore, y para el caso de Tucumán, Paula Parolo, han realizado estudios sobre la temática. []
  10. De acuerdo con los postulados de James Scott, existen varios tipos de “resistencias ocultas” que recurren a formas indirectas de expresión: el chisme, el rumor, los cuentos populares o el refunfuño. Ellas conforman la llamada “infrapolítica”, responsable de construir los cimientos de las posteriores acciones políticas más complejas e institucionalizadas. Para nuestro estudio, resulta sugestivo el estudio de las “formas de resistencias ocultas” manifestadas implícitamente en las acciones de los sectores populares y el descontento con sus superiores, como el rescate de las respuestas ofrecidas por los miembros de la tropa, para el análisis de su participación e identificación con los propósitos políticos de las elites. Véase James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, 2000, pp. 218-237. []
  11. Las concesiones y motivaciones a las cuales hacemos referencia fueron los premios, condecoraciones, licencias, retiros, fueros, posibles ascensos y pagos a miembros de la jerarquía militar, por su participación en las milicias o el ejército de línea. []
  12. Al respecto, Paula Parolo ha proporcionado algunos indicios sobre la política asumida frente a la deserción durante la primera mitad del siglo XIX en Tucumán. Según sus análisis, las clases populares resistían frente a los abusos de los sectores dominantes. Aprovechando los intersticios entre las políticas de control social y las irregularidades en su aplicación, indios, negros, libertos, pobres y jornaleros desafiaron al sistema y desacataron órdenes, huyeron de sus lugares de trabajo evadieron la justicia y desertaron de las filas del ejército. Recurrieron a la justicia que, aunque multirreferencial, constituyó el último recurso al que los grupos subordinados pudieron apelar para satisfacer algunas de las necesidades de supervivencia o para resarcir parte de los daños y abusos de las que eran víctimas. Paula Parolo, Ni súplicas ni ruegos. Las estrategias de subsistencia de los sectores populares en la primera mitad del siglo XIX, 2008, pp. 263-264. []
  13. Marisa Davio, “Militarización y sectores populares. Roles de suboficiales y soldados en los procesos judiciales. Tucumán. 1810-1820”, en V Jornadas Espacio, Memoria e Identidad, 4-6 de octubre de 2006. []
  14. Los expedientes judiciales resultan un óptimo recurso a la hora de conocer las opiniones o expresiones de los sectores populares y su intervención dentro del ámbito militar y la sociedad en general. Además, constituye un importante medio destinado al conocimiento de los sectores más bajos dentro de la escala social, ya que ellos siempre han presentado mayor dificultad para eludir el aparato judicial. []
  15. Tucumán, 8 de noviembre de 1817. Archivo Histórico de Tucumán, en adelante AHT, Sección Judicial Crimen (SJC), caja 17, exp. 7, f. 14. []
  16. AHT, SJC, año 1819, exp. 22, ff. 1-2. []
  17. Diccionario de la Lengua Española, 1992, p. 712. []
  18. Incluso hay autores que consideraron el tema de la “deserción” de la primera mitad del siglo XIX como una forma de marginación, asociándola al robo y a los delitos contra la moral. Aníbal Arcondo, Notas para el estudio del trabajo compulsivo en la región de Córdoba, 1973, cit. en Sonia Tell, Córdoba rural. Una sociedad campesina (1750-1850), 2008, p. 393. []
  19. Real Cédula de Carlos III, año 1760, título IV: Penas al soldado desertor, en Carlos III: Tropas de la Casa Real, 1988, p. 26. En 1815 el teniente gobernador Bernabé Aráoz seguía aplicando el mismo reglamento dispuesto en la Colonia para juzgar a los soldados desertores. Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Sala X, Sección Gobierno, Tucumán, 1815, 5-10-3. []
  20. Romina Zamora analiza esta sublevación y la repercusión que tuvo en el espacio tucumano, permitiendo el afloramiento aún más profundo de diversas conflictividades sociales, tensiones e inestabilidades intrínsecas al orden colonial. Romina Zamora, “Fuego en las montañas. 1781. La participación de la plebe en Tucumán en las sublevaciones andinas”, en Contrastes, núm. 13, 2004-2007, pp. 9-35. []
  21. Actas Capitulares (trad. de Samuel Díaz), vol. 10, año 1781. []
  22. AHT, Sección Administrativa (SA), año 1807, vol. 18, f. 510. []
  23. En Salta, ciudad cabecera de la Intendencia del Tucumán, la fidelidad a la causa de España, manifestada por miembros de la elite y probablemente también de otros sectores sociales, fue alentada por los éxitos del ejército del rey y por las intensas relaciones familiares y comerciales que los vinculaban con los realistas del Alto Perú. Como consecuencia de la ocupación y resistencia ofrecida a las fuerzas realistas acantonadas en la ciudad, creció el poder de los jefes de milicias y se generalizó la insurrección y la movilización de la población rural, fortaleciéndose el poder de Martín Miguel de Güemes, uno de los jefes locales que hostigó al ejército realista canalizando la resistencia de campesinos y propietarios rurales del Valle de Lerma. Martín Güemes y José Apolinario Saravia habían sido designados por José de San Martín a principios de 1814, como jefes de vanguardia del Ejército Auxiliar del Norte. Sara Mata de López, “Salta y la guerra de independencia en los Andes meridionales”, en Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, núm. 41, 2004, pp. 223-246. []
  24. AGN, Sala X, Sección Gobierno Tucumán, año 1812, 5-10-1. []
  25. En 1815, Bernabé Aráoz decretó un indulto a desertores con promesa de volver a las filas de ejército. AGN, Sala X, Sección Gobierno Tucumán, año 1815, 5-10-3. []
  26. Para la década de 1810, puede estimarse que el índice de la deserción habría sido la respuesta del diez por ciento de los enrolados en las filas del Ejército Auxiliar del Perú. Paula Parolo, Ni súplicas ni ruegos, ed. cit., p. 245. []
  27. Marisa Davio, “Sectores populares…, ed. cit. []
  28. “Después que la experiencia (con sumo dolor mío) me ha hecho conocer que era infundada la confianza que tenía en todos los individuos de tropa que componen el Regimiento de Dragones de la Nación, que tengo el honor de mandar, porque algunos cobardes han desertado en mi marcha, sin otro motivo que ir sujetos a la disciplina militar y a las incomodidades que son indispensables, y que me han visto y verán sujetarme a ellas […] En esta virtud declaro que cualquier individuo que desertase de esta división y fuere aprendido, sufrirá irremisiblemente la pena de muerte, sin más fórmula de proceso ni causa, que la deposición verbal del Comandante de su Compañía, y dos individuos más que acrediten haberla consumado” […]. Cornelio Zelaya. Bando sobre disciplina en el Regimiento de Dragones expedido “en el lugar de los Medinas”, 7 de febrero de 1819, Archivo Histórico del Museo Provincial Dr. Nicolás Avellaneda, Tucumán. []
  29. Francisco Fernández de la Cruz al director supremo sobre los desertores, que según oficio de éste se ordena desaprenderlos: esto lo ha difundido entre los jueces civiles y militares de la campaña para que lo hagan efectivo. AGN, Sala X, Gobierno de Tucumán, año 1814, 5-10-2. []
  30. Por ejemplo, el caso de deserción del cabo de la 1° Compañía del Regimiento de Caballería, Juan José Orellana, quien por delito de deserción quedó relegado al servicio de cuatro años en la clase de soldado de la misma compañía, o los soldados del Regimiento Nº 3, José Córdoba, Esteban Pisavi y Juan Eusebio Herrera, el primero condenado a muerte y los demás sometidos a juicio para recibir 200 palos y sufrir un año de condena en el servicio del mismo. AGN, Sala X, Ejército Auxiliar del Perú, año 1814, 3-10-9 y año 1815, 4-1-2. []
  31. En Buenos Aires, durante la década de 1810, la deserción era un problema constante y los motivos principales eran los malos tratos proporcionados a las tropas, la falta de pago, el estado de “pobreza” o la obligación de seguir a un ejército hacia territorios muy lejanos del lugar de residencia. Gabriel Di Meglio, “Soldados de la Revolución. Las tropas porteñas en la guerra de la Independencia (1810-20)”, en Anuario IEHS, núm. 18, 2003, pp. 49-51. []
  32. Archivo Capitular de Jujuy, 1913, citado en Mario Belgrano, Belgrano, 1927, p. 118. []
  33. Guerra, 1812, leg. núm. 11. []
  34. Mario Belgrano, op. cit., p. 127. []
  35. A diferencia de las tropas realistas, “que luego que les faltan con la asignación diaria, me consta que no le guardan respeto a los oficiales”. Tucumán, 21 de enero de 1813. Documentos del Archivo de Belgrano, t. IV, 1914, p. 344. []
  36. AGN, 1819, citado en Mario Belgrano, op. cit., p. 309. []
  37. AGN, Sala X, Sección Gobierno Tucumán, año 1813, 5-10-1. []
  38. Sobre captura y mantenimiento de desertores, véase AHT, SA, año 1808, vol. 19, f. 612, y año 1810, vol. 20, f. 32; sobre indultos a desertores, año 1831, vol. 37, ff. 51-52; año 1837, vol. 49, f. 136, y año 1838, vol. 53, f. 97; sobre castigos a abrigadores y ocultadores de desertores, año 1837, vol. 46, f. 270; sobre reenvío de desertores al ejército, año 1837, vol.46, f. 26 y año 1852, vol. 73, f. 449; sobre obligación de los jefes militares de entregar desertores al gobierno, año 1840, vol. 55, ff. 202 y 374, y año 1841, vol. 56, ff. 128 y 140. []
  39. A partir de 1832 y hasta su asesinato en 1838, Alejandro Heredia gobernó la primera magistratura en Tucumán. Durante su mandato, restableció el orden institucional en la provincia y en el ámbito militar, reglamentó las milicias de la ciudad y la campaña. Asimismo, planteó una nueva estrategia de reclutamiento militar basada en la diferenciación cada vez más pronunciada entre la “gente decente” —integrante de la oficialidad y tropas milicianas— y la “gente común” —integrante de las tropas del ejército de línea—. Esta nueva organización militar supuso que los integrantes de las tropas milicianas pudieran gozar de ciertas prerrogativas y consideraciones, ajenas a la “gente común”. Marisa Davio, “Sectores populares…”, ed. cit. []
  40. AHT, SA, año 1833, vol. 41, f. 343. []
  41. AHT, SA, año 1837, vol. 46, ff. 26, 346, 416; año 1837, vol. 49, ff. 65, 89, 104, 111, 193; año 1838, vol. 51, ff. 160, 184, 211, 435. []
  42. Sobre la formación del Escuadrón 7 de Abril, perteneciente al ejército del general La Madrid, AHT, SA, f. 202. []
  43. AHT, SA, 1840, vol. 55, f. 369. []
  44. AHT, SA, 1841, vol. 56, f. 114. []
  45. La mayor cantidad de deserciones durante este periodo provienen de las milicias, en especial de la Escolta del Gobernador. AHT, SA, año 1841, vol. 56, ff. 407, 446; año 1844, vol. 60, ff. 121, 146, 191; año 1846, vol. 64, ff. 246, 474; año 1847, vol. 65, ff. 119, 224, 339, 363, 379, 425; año 1849, vol. 68, f. 293; año 1849, vol. 69, f. 352; año 1850, vol. 70, f. 442; año 1852, vol. 73, f. 65. []
  46. El Oficial Segundo Roca al gobernador Espinosa, en AHT, SA, año 1852, vol. 73, f. 449. []
  47. AHT, SA, año 1853, vol. 75, ff. 17, 40; vol. 75, ff. 361, 393. []
  48. Raúl Fradkin, María Elena Barral, E. Alonso y G. Perri, “Los vagos del mundo rioplatense. La construcción histórica de una figura delictiva (1730-1830)”, en Prohistoria, núm. 5, 2001, pp. 171-221; Ricardo Salvatore, Wandering paysanos. State order and subaltern experience in Buenos Aires during the Rosas era, 2003, y Juan Carlos Garavaglia, “Ejército y milicia: los campesinos bonaerenses y el peso de las exigencias militares (1800-1860)”, en Construir el Estado, inventar la Nación. El Río de la Plata, siglos XVIII-XIX, 2007, pp. 267-310. []
  49. Causa del soldado Ibáñez, natural de la localidad de Monteros, Tucumán, AHT, SA, año 1837, vol. 49, f. 81. []
  50. AHT, SA, año 1838, vol. 53, f. 9. []
  51. El Diccionario de la Real Academia Española de 1739 definía la seducción como “el arte de engañar con maña y persuadir suavemente al mal”. Debido a la proximidad temporal del significado otorgado por este diccionario con la época en estudio, entendemos que la seducción empleada por los jefes militares a partir de la década de 1820, fue vista desde esta connotación negativa y utilizada para inculpar a los jefes disidentes por promover acciones en contra de los gobiernos de turno y adherir gente a sus filas, con promesas y dádivas. []
  52. Esta misma situación fue planteada por Ricardo Salvatore para el periodo rosista en Buenos Aires y por Gabriel Di Meglio para el periodo revolucionario. []
  53. Hilda Sábato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, 2003; Flavia Macías, “De ‘cívicos’ a ‘guardias nacionales’. Un análisis del componente militar en el proceso de construcción de la ciudadanía. Tucumán, 1840-1860”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la Nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (1750-1850), 2007, pp. 263-289. []

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