Política del lenguaje para el multilingüismo

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Las naciones del mundo son demográficamente multilingües por necesidad, dados los hechos históricos universales de que las personas migran a tierras nuevas y se apropian de ellas. La migración, tanto voluntaria como forzada, así como la apropiación, ya sea por guerra o bien por otros medios, ha dado lugar a que la población de un mismo país hable más de una lengua. La diferencia entre países radica en la naturaleza del multilingüismo, que puede ser aditiva o sustractiva, sin que ninguna de ellas indique una situación lingüística estática. En el multilingüismo sustractivo, las lenguas nuevas cuando llegan a la población de un país pueden perder el carácter de lengua dominante, aun cuando sigan llegando lenguas nuevas, o las lenguas perdidas puedan resucitar; por lo que en algún momento, habrá más de una lengua en el país.

En el multilingüismo aditivo, las lenguas nuevas agregan nuevos nodos a la red multilingüe, no ocurre pérdida alguna de lengua, pero en el multilingüismo sustractivo la pérdida de lenguas no ocurrirá en progresión lineal al mantenerse constante una lengua dominante, en este caso, la pérdida es reemplazada por adiciones nuevas que desaparecerán progresivamente.

La pérdida de lenguas cambiará el patrón de la red multilingüe, tanto como lo hace la adición. Una constante en el multilingüismo aditivo es que la red lingüística trabaja por sí misma, aunque la relación funcional entre las lenguas en la red pueden cambiar. En otras palabras, el sistema como un todo permanece, pero el patrón de relaciones de las unidades al interior del mismo cambia. Entonces la diferencia entre el multilingüismo aditivo y sustractivo es la naturaleza dinámica de las relaciones entre las lenguas y en la dirección del cambio, ya sea que esta dirección ocurra de manera unilateral o multilateral.

Cuando un país se ve como un área geográfica, es posible pensar en la multitud de lenguas en el área como un conglomerado sin ninguna relación funcional entre ellas, más que la de compartir un país. Esto resulta difícilmente posible puesto que un país es también una unidad política, por lo que compartir un país es compartir también sus límites políticos. Por ello es inadecuado llamar país a un área geográfica, ya que un país es más que un territorio políticamente delimitado y comparte mucho más que sólo una frontera.

La idea de nación se define como un conjunto de valores, instituciones y símbolos. La lengua cumple una función en la definición de la nación. El país es también una entidad social estructurada sobre algunos principios y el lenguaje cumple un papel en la estructuración; las lenguas en un país deben relacionarse sobre una base política y social. La diferencia en el multilingüismo de diferentes países radica en el tipo de relaciones sociales y políticas de las lenguas del país. La relación funcional entre lenguas refleja sus relaciones políticas y sociales.

La universalidad de muchas de las lenguas en los países significa que la política de lenguaje en cualquier país tiene que relacionarse con el multilingüismo, y más específicamente a la red multilingüe. La red se construye dentro de una relación funcional entre lenguas. La política del lenguaje, entonces no trata de la lengua, pero se refiere necesariamente a las lenguas, y trata acerca de las relaciones funcionales (o ecológicas) entre las lenguas, puede abarcar desde la obtención y mantenimiento del predominio de una lengua (o unas cuantas lenguas) frente a otras, hasta equilibrar el poder de las lenguas manteniendo el dominio de una lengua (o unas pocas lenguas), ejercido a costa de otras. El equilibrio de poder se puede restringir a otorgar el derecho de sobrevivencia o extenderse para compartir el poder. Este trabajo intenta sugerir los principios de una política para el multilingüismo sin predominio lingüístico en el sentido específico de garantizar la equidad de oportunidades para los hablantes de todas las lenguas, asegurando que no haya discriminación por la lengua en ninguno de los aspectos de la vida. La unidad de la red de lenguas no es sólo el país; la comunidad y el individuo son otras unidades de operación de la red. El patrón de enlace puede no ser idéntico en las tres unidades, y generalmente no lo es. Un ejemplo obvio es cuando no todas las lenguas de un país son usadas por todas sus comunidades, y las lenguas de una comunidad son usadas por todos sus miembros. Las necesidades de la lengua del individuo, de la comunidad y del país pueden ser diferentes y por ende la red multilingüe basada en estas necesidades son diferentes para los tres. Hacer la conexión entre las tres no-exclusiva y cohesiva es un asunto que debe ser atendido por la política del lenguaje. El patrón de enlaces de las lenguas en distintas comunidades puede ser tan diferente, como lo es entre los individuos. La diferencia en el multilingüismo -en el repertorio del lenguaje- de la comunidad de la mayoría y la minoría lingüística está confirmada. Hacer esta diferencia no universal es otro asunto que debe abordarse a través de la política del lenguaje.

La política del lenguaje tiene que ver básicamente con la decisión de las conexiones entre lenguas. Esto implica elección de funciones y la elección de lenguaje para realizar cada una de ellas. La elección se hace con un propósito: servir a la necesidad percibida por quien hace la elección. Es común suponer que el gobierno, o el cuerpo central autorizado por éste, es el encargado de elaborar la política.

Esta política es naturalmente para el país y su propósito es satisfacer sus demandas; se asume que la comunidad y los individuos no contarán con una opción diferente o subordinarán su elección a la elección del gobierno. Esto implica que la política del gobierno no pueda ser cambiada por la gente, siendo modificada con frecuencia en una organización política democrática, lo que significa que las necesidades percibidas en las comunidades y entre los individuos, así como sus elecciones, están basadas en aquellas necesidades consideradas como secundarias a las políticas del gobierno. En las mejores condiciones, esas necesidades fluyen de manera natural desde la política gubernamental y puede permitirse a las comunidades y a los individuos hacer su propia elección aunque sin reemplazar la elección del gobierno. Algunos gobiernos pueden impedirles hacer cualquier elección adicional por sí mismos.

El derecho más importante o exclusivo del gobierno para hacer la política del lenguaje es el resultado de su visión, ya sea éste representativo o totalitario, el gobierno elabora las políticas y las implementa para el beneficio de toda la gente aunque se ha demostrado tanto histórica como teóricamente que esta visión no es necesariamente verdadera. Un gobierno representa los intereses de los grupos y éstos son los intereses de los grupos que tienen el poder o tienen acceso a él. Los intereses de los grupos que no detentan el poder ni tienen acceso al mismo, ni se encuentran representados en la política. Cuando no se acepta el centralismo del poder, como ocurre en la formulación de una política de lenguaje dada, entonces se hace imprescindible ver cómo se relacionan las comunidades y los individuos con las políticas del lenguaje. Antes de entrar al tema de la interrelación, se considera útil hacer un resumen de las políticas gubernamentales del lenguaje.

La políticas gubernamentales del lenguaje pueden clasificarse de manera amplia en tres categorías en términos de las metas implícitas o explícitas de la política: la política de eliminación del multilingüismo, de tolerancia del multilingüismo, y de promoción del multilingüismo. Dichas categorías tienen correlaciones con la forma política del país y fuerza -demográfica, económica y cultural- de las comunidades lingüísticas. Las políticas del lenguaje no son independientes de esos factores.

Este trabajo, sin embargo, no aborda la interacción entre esos factores y la política del lenguaje en los casos de países multilingües, sería objeto de otro trabajo. Las tres categorías de la política pueden entenderse con la noción de dominios de la función de lenguaje. Los dominios se dividen ampliamente en dominio público y privado: el dominio público es aquél en el cual las comunidades lingüísticas convergen y compiten con relación al uso de la lengua; algunos de los ejemplos locales de dominio público son los de gobierno, tribunales y escuela en diferentes ámbitos. El dominio privado es aquel donde los individuos suscriben con otros respecto del uso del lenguaje; algunos ejemplos del dominio privado son el hogar, el mercado local y lugares de entretenimiento. Éste es también el dominio de poder porque el lenguaje legislado para el uso del dominio público proporciona recompensas materiales y sociales a quienes lo adoptan. El uso del lenguaje en el dominio privado, por otra parte, está en función de la preferencia de los usuarios. Éste es el dominio de solidaridad, el cual expresa la identificación cultural y social con la lengua preferida y con los usuarios que tienen la misma preferencia. En cualquier dominio la elección puede ser de más de una lengua indicando legislación o preferencia de uso de múltiples lenguas.

La política menos adecuada para alcanzar la meta de eliminación del multilingüismo es la prohibición legal del uso de la lengua de elección de los hablantes, aun en el dominio privado, con acciones punitivas por cualquier violación, sin embargo es poco común. La eliminación del dominio público de las lenguas, generalmente las lenguas minoritarias, es una política común en la búsqueda de esta meta; dicha eliminación devalúa política y económicamente las lenguas y hace que sus hablantes perciban la lengua como una responsabilidad natural. Es bastante probable que ello conduzca a un cambio en la lengua a menos que el valor cultural de la lengua sea fuerte. Cuando no hay cambio en la lengua, el multilingüismo puede ser funcionalmente desigual y existencialmente precario.

La política de tolerancia del multilingüismo puede ser continuidad de las funciones históricamente distribuidas de las lenguas, sin embargo son imperfectas. La política de status quo no es duradera debido a la dinámica política y demográfica, la cual trae cambios en las relaciones entre lenguas y en su momento atraerá la política. Cuando la política logra cambiar la naturaleza del multilingüismo existente, éste se mantiene fuera del dominio privado. Mientras no se permita el uso de las lenguas minoritarias en el dominio público, se está dispuesto a otorgar algunas medidas de mejora para sus hablantes y de proporcionar apoyo a las actividades culturales que se llevan a cabo en sus lenguas. La política misma reconoce la dicotomía funcional entre el uso de la lengua para la expresión cultural e identidad y el uso de la lengua para el progreso material y el poder político. Esa división de lenguas sobre el uso simbólico y sustantivo tiene el poder inherente de hacer inestable al multilingüismo.

La política de promoción del multilingüismo tiene entre sus propósitos el de mediar o eliminar o al menos reducir, los factores que llevan a la pérdida de la lengua; estimula el uso de muchas lenguas en el dominio público y asegura que el uso de éstas en el sector público no sea discriminatorio. Un uso no discriminatorio de las lenguas no es necesariamente igual, pero permite el uso de las lenguas. Utilizar la lengua materna en la educación inicial, requiere del conocimiento de la lengua oficial como una condición de post-selección (en oposición a la condición de preselección); proporcionar servicios de intérpretes en los tribunales, es uno de los ejemplos de políticas que permite el uso de lenguas minoritarias. La política de promoción se relaciona básicamente con la distribución funcional de las lenguas en el dominio público y proporciona vínculos entre lenguas en las jerarquías del dominio público.

La administración pública, la aplicación legal y la educación son algunas de las áreas del dominio público donde la distribución funcional de las lenguas es de importancia crítica. Cada una de estas áreas es una empresa de gobierno y por ello la política gubernamental es crucial por su efecto en el multilingüismo. Aun cuando la educación puede ser parte también de la empresa privada, el gobierno es responsable de hacerla universalmente disponible a un costo accesible hasta cierto nivel. La lengua tiene un peso significativo en cuanto a hacer universalmente disponible la educación y por lo tanto la política gubernamental del lenguaje en la educación se vuelve más importante. Se vuelve fundamental en tanto que posibilita la implementación de la política del lenguaje en la administración y en el cumplimiento de la ley al producir gente con la competencia del lenguaje y las actitudes necesarias. Una política multilingüe en otras áreas, por ejemplo, no funcionaría con una política monolingüe en educación.

La distribución de las funciones de las lenguas ocurriría de dos maneras. Podría haber más de una lengua en cada una de esas áreas del dominio público, como una política; como en el caso de la India, por ejemplo, podría haber dos lenguas oficiales para el país, pero depende de las circunstancias históricas y demográficas del país. Lo más común es la distribución funcional de las lenguas entre regiones y entre niveles. Los Estados en la India tienen lenguas oficiales diferentes de la lengua oficial de la Unión, ellos tienen diferentes medios de educación. Esta distribución se deriva del poder político de los Estados con diferentes lenguas dentro de la estructura política del país. Lo que resulta en el uso de más lenguas para una función, asociado con la fuerza política de las lenguas, y que estaría permitido por la estructura política del país para expresarse a sí mismo.

La dimensión política tendría un papel menor en relación con la distribución funcional en los distintos niveles. Cada una de las áreas del dominio público señaladas previamente, tiene un nivel jerárquico organizado en niveles múltiples. La administración se estructura desde la villa o el pueblo, hasta la administración nacional con muchos niveles entre cada uno de ellos. Lo mismo ocurre en los tribunales con la ley. La educación empieza en las escuelas primarias y termina en las universidades, por lo que una política multilingüe puede permitir el uso de más lenguas en los niveles básicos y gradualmente reducirlas en los niveles más altos; se hace tomando en cuenta la eficiencia en términos de economía de recursos y la factibilidad del manejo. La estructura piramidal de la distribución funcional se ve como una combinación de multiplicidad y utilidad que podría conducir a errores si no se relaciona con el uso de la lengua en otras áreas en las cuales las relaciones funcionales no son estrictamente jerárquicas. El uso artísticamente creativo de la lengua en los medios de información, generación y diseminación, el uso de la lengua para propósitos no materiales, etcétera no tiene ninguna jerarquía inherente; conectan las lenguas de muy diferentes maneras. Una política multilingüe proporcionará apoyo financiero y de infraestructura, para el uso de tales lenguas para ayudar al enriquecimiento de su alimentación y vínculos mutuos. No se esperaría que ese apoyo surgiera de las comunidades lingüísticas por sí solas, lo que ayudaría a hacer las redes lingüísticas más lineales y recíprocas que las que permiten las estructuras en el dominio público. Un modelo viable de política multilingüe tiene que equilibrar las relaciones jerárquicas y lineales entre las lenguas.

Lo anterior no significa que sólo el gobierno tenga una función en la definición de las políticas, dada la naturaleza del gobierno, éste sirve a intereses específicos, por lo que es natural no esperar que el gobierno tenga una política multilingüe equilibrada propia, la cual tiene un lugar en ella para las lenguas que no son privilegiadas en el dominio público. Los Derechos Lingüísticos vienen a corregir aquí el desequilibrio en las políticas hechas unilateralmente, las demandas por los derechos brotan desde las comunidades lingüísticas incluyendo el derecho de su lengua, a pesar de ser marginales, se encontrarían histórica y demográficamente en dominio público a un nivel apropiado. El nivel será apropiado cuando los hablantes de las lenguas marginales estén seguros de la ejecución de la lengua o lenguas del dominio público elegido por la política. El nivel apropiado de los derechos se encuentra alrededor de la mitad de la operación en la administración, en el cumplimiento de la ley o en la educación. El derecho de aprender y transmitir la lengua marginal o crear nuevos contenidos no tiene ese techo; tal derecho no termina cuando el hablante de la lengua marginal ha adquirido la lengua dominante, pues es debido a él que la comunidad puede mantener su lengua viva, haciéndola crecer, y dejarla crecer por un periodo desafiando la lengua dominante, elegida por la política para esa función. En otras palabras, la política multilingüe no prevé el surgimiento de las lenguas dado el papel marginal en el dominio público para desafiar la política en un momento determinado.

Lo anterior nos lleva al tema del desarrollo de la lengua, el cual tiene dos aspectos: adquirir poder (lo que los planeadores de la lengua llaman ganar estatus) y el enriquecimiento (lo que los planeadores llaman mejorar el código). Ambos aspectos del desarrollo requieren el uso de la lengua. Los dominios del uso no son iguales en poder o en oportunidades de enriquecimiento. Las lenguas favorecidas por la política para usarse en el dominio público, particularmente en sus niveles más altos, tienen una ventaja natural para desarrollarse. Las otras lenguas no usadas de esa manera, son privadas de la oportunidad para tener un desarrollo similar, aunque éstas podrían enriquecerse a sí mismas por un uso creativo. Lo que resulta ser una paradoja en la política multilingüe distribuida funcionalmente y estar abierta a nuevas lenguas para desafiar los arreglos funcionales que sanciona. Las funciones dicotómicas no dan idea de que la política intenta mantener la dinámica de la red multilingüe abierta a los cambios que tienen lugar. La solución a tal paradoja se encuentra fuera de la política del lenguaje y se tomará más tarde después de tener que enfrentarse con otra resistencia paradójica a la política multilingüe por parte de los hablantes de las lenguas marginales aun cuando sea favorable para ellos.

Es de esperarse la preferencia por las lenguas dominantes cuando la política del lenguaje promueve el monolingüismo. Pero esta situación se ha reportado incluso en países donde la política es la de promover el monolingüismo. Es ampliamente conocido que los hablantes de las lenguas marginales en aquellos lugares del mundo en los cuales no se favorece el uso de sus lenguas en la educación, específicamente como el medio, expresa sus preferencias por el uso de sus lenguas en el dominio público como una actitud a través de las encuestas o en ocasiones a través de las demandas políticas, lo que resulta tener una naturaleza simbólica, no sustantiva. Lo que ellos quieren es que sus lenguas aparezcan teniendo poder, aunque en la práctica lo que quieren es mejorar su poder personal a través de la o las lenguas dominantes.

Esta situación se reporta de manera extensa en los países poscoloniales donde la política de gobierno es la de cambiar la función de la que fuera antes la lengua colonial, predominantemente inglés, en el dominio público. Una parte integral de la política es la de cambiar el medio de la educación a las lenguas nativas, las cuales pueden ser aún mejores lenguas. Pero la gente sabotea esta política prefiriendo la lengua colonial -inglés- que es el medio para los niños. Sus preferencias llevan a la apertura de escuelas privadas sobre una base comercial. Entonces existen corrientes paralelas a la educación con la lengua nativa como medio en las escuelas públicas (gubernamentales) con pobres fundamentos y el inglés como el medio en las escuelas privadas ricamente dotadas creando así una división social. La preferencia por la lengua dominante como el medio para el inicio de la educación se encuentra también con relación a la lengua nativa dominante. Por lo que este fenómeno no se restringe solamente a las lenguas globales. Un caso similar de conductas discrepantes de la gente en la política multilingüe es donde la población inmigrante no opta por su propia lengua en la escuela, aun cuando la política se las ofrezca.

En estos casos la política del lenguaje elegida por los individuos o por la comunidad no corresponde con la política del Estado. Los individuos de la comunidad no siempre son el objeto de la política del Estado, ellos son también quienes tienen su propia política de lenguaje aplicable a sus vidas. La explicación de la divergencia en las políticas del Estado y de la comunidad no es tan simple cuando el Estado desea redistribuir el poder de la lengua dominante favoreciendo la lengua de la comunidad, pero la comunidad opta por la lengua dominante. No es que la gente quiera dirigirse hacia el monolingüismo mientras que la política quiere promover el multilingüismo. Puede ser que la política multilingüe sea defectuosa al hacer que la gente se comporte de manera opuesta a sus objetivos políticos, pero esto no es tan simple como parece. La diferencia en la percepción de la necesidad de la lengua entre la comunidad y el Estado tiene su raíz en distintos factores. En el ámbito del proceso, la comunidad puede no apreciar la estrategia seguida en la política para lograr los objetivos. Para ilustrarlo con el deseo de emplear el inglés en la educación media en la India, no hay gran diferencia entre el Estado y la comunidad en cuanto a mantener el inglés como una parte del multilingüismo con una relación redefinida con las lenguas hindúes. Hay sin embargo, una diferencia en la estrategia para lograr este objetivo. La estrategia seleccionada por la comunidad para adquirir el dominio del inglés o de cualquier otra lengua dominante es la de usarla como el medio para la educación, mientras que la estrategia seguida por el Estado es la de enseñar ésta como una lengua. A este nivel político, la comunidad cree que redefinir el lugar del inglés tiene un costo al progreso personal, mientras que el Estado cree que no hacerlo tiene un costo al progreso nacional. La comunidad no comparte las creencias del gobierno respecto a que podrían cambiar las necesidades de la lengua en el mercado con su política del lenguaje.

Lo que resulta aún más importante, es que la comunidad no confía en el gobierno y en su política de reclamo de ser imparcial y no atender a intereses particulares. La comunidad considera que el reclamo del gobierno no es un interés nacional, sino de una elite. Tal desconfianza y sospecha son alimentadas por lo que no es aparente en la política. La política del multiculturalismo con relación a la población inmigrante, por ejemplo, podría ser vista por la comunidad como un medio potencial para la discriminación en el futuro. La política de la lengua nativa como el medio para la educación puede percibirse como un medio para reservar los privilegios de la lengua colonial por la elite para ellos mismos. Esos temores son reales para las comunidades menos privilegiadas, aunque podrían encontrarse en las perspectivas de quienes definen las políticas. Éstas surgen de ver el comportamiento real de la elite que es contrario a las expectativas de la política (como por ejemplo, optar por el inglés como medio para la educación para sus propios hijos) y viendo las áreas oscuras de la política que usa la elite para derrotar la política (como la de tener costosas escuelas con idioma inglés como medio fuera de los alcances que la política provee). Esto sugiere que la promoción del multilingüismo puede fallar no tanto por lo que hay en la política misma, sino por los elementos ocultos en ella. Es por ello que debe revisarse la política multilingüe en busca de cualquier plan oculto, al igual que ocurre con el currículo oculto en la educación. Es necesario implementar una campaña para exponer esto, además de hacer otra para educar a la gente respecto de cómo la política servirá a sus intereses en el corto y en el largo plazo. Éste es el tipo de interacción, entre la elaboración de políticas y la sociedad civil, que permitirá sostener una política multilingüe.

La negación de una política multilingüe puede no estar oculta en sí misma, pero puede ser transparente en otras áreas de la política como la política económica, la política científica, la política de la cultura, etcétera. La política económica y la científica pueden promover una lengua, de manera indirecta y discreta, mientras que la política en la educación promueve muchas lenguas. Cuando existe tal contradicción, la gente elige su propia política. La falta de coordinación entre diferentes áreas en la implementación de la política del lenguaje, induce también a la gente a definir su propia política. Cuando la implementación de la política multilingüe se mueve con lentitud, por ejemplo en materia de leyes, (y por lo tanto de poder), la gente hace sus propias inferencias respecto de la política de lenguaje en la educación. La política del lenguaje en la educación no opera aislada de otras áreas del lenguaje donde es posible implementar la política del lenguaje, en general no funciona cuando se estructura separada de otras áreas que están en contacto con la vida de la gente, donde la lengua no aparece de manera explícita en la formulación de la política. La política del lenguaje está hecha no sólo para la lengua misma, sino para mejorar la vida de la gente. Una política multilingüe es inadecuada si detiene el avance de muchas lenguas como su meta y no se dirige ella misma a las preocupaciones de la gente en otros aspectos de su vida.

El gobierno no es el único actor que da forma a las conductas del lenguaje de la gente a través de las políticas, como se señaló con anterioridad. El mercado es otro actor poderoso. El mercado no participa en la conformación y definición de la política como lo hace el gobierno, sin embargo, puede recompensar la elección de cierta lengua sobre otras y hacer que esta elección tenga las propiedades de la política, aunque de manera disfrazada. El poder del mercado hace la elección de una política de lenguaje de facto, contraviniendo la política que corresponde al gobierno por derecho. La política de facto, está dirigida a reducir la diversidad lingüística al seguir el principio del mercado de la eficiencia con variación reducida. La alternativa que obliga a conformar las conductas de lenguaje es el mayor reto que puede tener un gobierno para estructurar una política multilingüe.

Una manera de enfrentar el reto sobre la política lingüística es atacar la preferencia monolingüe, es la de enfatizar la necesidad de las lenguas de solidaridad en contra del poder inevitable de las lenguas. Las fuerzas económicas que trabajan sobre las conductas del lenguaje podrían ser contrarrestadas por las fuerzas culturales que modifican la conducta. La paradoja de la inequidad lingüística en el multilingüismo por esta dicotomía, sólo puede resolverse a través de un cambio fundamental de la manera como la economía y las políticas operan en la actualidad, es decir, localizar ambas y hacer que las políticas locales descentralizadas actúen de manera cooperativa y no competitiva; lo que implica también el aceptar modelos alternativos de desarrollo en los cuales el desarrollo no predica la eliminación de la diversidad biológica, cultural y lingüística. Espero que esta necesidad fundamental de cambio de la manera en la cual el mundo se percibe y organiza, no sugiera que la política de lenguaje para el multilingüismo, en el cual aun las lenguas más pequeñas y débiles tienen un lugar y un valor, pertenezca al mundo de los sueños.

Autor: E. Annamalai, Director de CIIL. Traducción del inglés al español de Ma. Eugenia Peña, ENAH-INAH.

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