Para toda sociedad que presuma de hondas raíces históricas, como la mexicana, acceder a cualquier tipo de modernidad tiene sus costos. Cuando esto sucede, por lo general éstos se ceban más frecuentemente en las diversas expresiones culturales que se erigen como un obstáculo para el avance de aquellas formas de modernidad, promovidas por formaciones sociales emergentes, cuyos orígenes responden a una tradición histórica o económica diferenciada del conjunto social. A propósito, ya desde 1974 -año de la primera edición de Los cargos políticos y religiosos en la región del lago de Pátzcuaro-, María Teresa Sepúlveda observaba que el sistema de cargos vigente en los pueblos de la región con hondas raíces históricas tendía a diluirse de manera irremediable: ¿podemos atribuir este fenómeno a la modernidad?
Recuperemos algunos antecedentes históricos. La mayor parte de las estructuras de la organización social indígena en la zona del antiguo reino tarasco fue establecida por los frailes franciscanos desde las primeras décadas del siglo XVI. La labor desplegada con gran afán por fray Miguel de San Miguel y don Vasco de Quiroga, en la década de los treinta de ese siglo -con la fundación de hospitales-pueblo indígenas en la región lacustre principalmente- sólo se entiende a partir de la visión utópica con la cual arribaron a tierras americanas los miembros de la orden seráfica, que veían en las comunidades nativas el germen de su idealizada labor apostólica, comunidades milenarias cuya forma de vida estuviese más cercana al espíritu original de la prédica cristiana. Las jerarquías cívico-religiosas, bajo las cuales los franciscanos dotaron de organización social a esas comunidades, tuvieron en el cabildo indígena y en las cofradías su marco regulador. Aunque bien puede decirse que para el caso de Michoacán la cofradía, asociada desde un inicio al funcionamiento de los hospitales indígenas, tuvo mayor relevancia social debido a que se encargó de la organización y financiamiento comunitario de las festividades de la Inmaculada Concepción y de los santos tutelares.
Ambas instituciones -el cabildo indígena y la cofradía-, tuvieron un funcionamiento económico basado en la aportación comunitaria. Por disposiciones dadas tanto a uno como a la otra, todos los miembros de la comunidad estaban obligados a hacer aportaciones en especie y en moneda para alimentar sus respectivos bienes. De tal forma que no pocas repúblicas de indios de la región, con el paso de los años y en épocas de bonanza, vieron crecer económicamente sus cajas de comunidad y los bienes de sus cofradías con cantidad de tierras, ganado y dinero.
Inicialmente los cargos civiles más importantes fueron delegados en los descendientes de la antigua nobleza indígena. A la cabeza de la administración se hallaba el gobernador o cacique; bajo sus órdenes en la cabecera o en los barrios sujetos estaban los alcaldes, regidores, mayordomos, alguaciles, escribanos, etcétera, que no eran más que los antiguos funcionarios del Cazonci, reacomodados y con nombres distintos. Con el tiempo, sin embargo, la nobleza se vio desplazada por una nueva elite indígena proveniente del estrato de los macehuales, individuos que habían hecho méritos ya con los misioneros, ya con los encomenderos o funcionarios mayores, o habían acumulado cierta riqueza en el comercio, la agricultura o la ganadería.
Por su parte, las cofradías de la Inmaculada Concepción, asociadas a los hospitales, tenían un prioste -encargado de la guatapera o lugar de reunión de los cargueros de la Virgen- el mayordomo, vigilante en lo material, y un fiscal atento al orden y cumplimiento de las constituciones. Hacia finales del siglo XVI los hospitales entraron en franca decadencia, debido a que su administración pasó a manos de la Corona, pero las cofradías comenzaron a tener periodos de auge económico gracias a que irónicamente la caída de la población indígena les permitió tener acceso a un contingente mayor de tierras y ganado. De hecho, todo el siglo XVII se considera el periodo de mayor desarrollo de las cofradías indígenas. Durante la siguiente centuria, diversos factores propiciaron la decadencia de las cofradías; entre éstas se cuentan un incremento significativo de las responsabilidades económicas que tuvieron desde su origen, como lo fue entre otras cosas el sufragar la construcción y mantenimiento de la escuela para niños indígenas, que incluía el salario del maestro. A dicha merma se sumaba el manejo discrecional que hicieron de sus recursos los responsables de su custodia y administración, así como la constante y arbitraria disposición de éstos por parte de los curas locales. Aun así, las cofradías subsistieron con relativa dignidad hasta finales del siglo XVIII, periodo en el que el primer atisbo de modernidad acechó su futuro.
En efecto, las reformas político-administrativas inspiradas en el pensamiento ilustrado que comenzaron a aplicar los reyes borbones en la Nueva España desde mediados del siglo XVIII, consideraron a la economía indígena un recurso insuficientemente explotado por el Estado y ciertas formas de su religiosidad popular como una expresión de atraso cultural. Para los obispos ilustrados y oficiales reales, las derramas económicas que hacían los indígenas en sus fiestas religiosas, con la quema exagerada de cohetería y excedida libación comunal de vinos, aguardientes y pulque -según la localidad- debían extirparse. En consecuencia, la Corona se apoderó de los recursos de las cajas de comunidad de los pueblos indios y procedió, respectivamente, a prohibir aquellas cofradías y hermandades que no contaran con constituciones autorizadas o que careciesen de fondos propios; se trataba de afectar la columna vertebral de la organización comunal de la fiesta religiosa. A finales del siglo XVIII, la modernidad ilustrada había cobrado algunos de sus frutos o ¿víctimas?; en este periodo la cofradía, obligada por las nuevas circunstancias, dejó de ser una organización religiosa secular con aprobación del clero y del gobierno virreinal para convertirse en una asociación secular de miembros voluntarios que, fieles a la tradición, continuaron sus costumbres y devociones, abriéndose así las puertas del patronazgo individual a través del mayorazgo.
El segundo embate de la modernidad al sistema de cargos en la zona de Pátzcuaro se dio con las reformas liberales. La desaparición de la república de indios y la ciudadanización de éstos llevó a la fusión de la jerarquía civil con la religiosa en las comunidades indígenas: no desapareció el cabildo tradicional, pero sus funciones se fueron subordinando paulatinamente a las religiosas. Por otra parte, con la aplicación de la llamada Ley Lerdo o de desamortización de bienes de manos muertas, se obligó a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender sus bienes raíces, negando a las segundas el derecho a adquirir y poseer esa clase de bienes. Teóricamente, con esta disposición las cofradías, hermandades y parroquias, entre otras corporaciones, perdían en forma definitiva su base de sustentación económica, pero en la práctica en muchos lugares corno Santa Fe de la Laguna, Opopeo, Santa Clara de los Cobres y Tacámbaro, religiosos y seglares evadieron el impacto de la misma acudiendo al recurso de trasladar las tierras de las cofradías a particulares. Todo lo anterior, como puede entenderse, reforzó y tendió a consolidar a la mayordomía como forma de patronazgo individual en la organización de las fiestas religiosas.
Con el siglo XX, el sistema de cargos cívico-religioso fue objeto de nuevos embates de modernidad, sólo que éstos ya no provinieron exclusivamente del Estado, en los repetidos intentos de éste por secularizar las expresiones culturales de las comunidades indígenas. En 1919, el movimiento revolucionario intentó acabar con el cabildo indígena ligado a las cofradías, y por esa vía apartar a los indígenas de la tutela secular que ejerce la Iglesia sobre ellos; ciertamente, casi acabó con las guataperas, el centro coordinador de las grandes mayordomías, pero subsistieron las mayordomías de barrio y las de capillas. En la actualidad, sin embargo, el sistema de cargos tiene en el seno de las propias comunidades el germen de su eventual desaparición. Desde hace décadas, contingentes de campesinos y profesionales nativos de esas comunidades emigran al extranjero con fines laborales; muchos retornan al cubil materno con nuevas costumbres y hábitos; otros deciden emigrar de manera definitiva, pero la mayoría mantienen relación estrecha con la tierra nativa, lo cual se traduce, para bien o para mal, en influencia en los patrones culturales de origen. En los últimos años el crecimiento demográfico, acompañado de las recurrentes crisis económicas, ha provocado que las fuentes tradicionales de subsistencia -agricultura y trabajo artesanal principalmente- resulten insuficientes. Recientemente el INEGI reportaba que poco más de veinticuatro mil familias michoacanas, subsistían únicamente con los recursos enviados por sus familiares radicados en el extranjero.
¿De qué manera todo lo anterior afecta actualmente al sistema de cargos vigente en la región del lago de Pátzcuaro? Visto en perspectiva, el análisis no parece fácil, pues los factores culturales presentes ajenos a la tradición histórica local son variados, numerosos y van ganando presencia paulatinamente en favor de las nuevas generaciones: antenas parabólicas, comida y bebida industrializada, invasión de cultos religiosos distintos, son sólo algunos de los nuevos factores de desestabilización cultural.
Es así que el libro reseñado nos muestra que a lo largo de la historia la jerarquía cívico-religiosa de la región ha podido sortear con relativo éxito -y a base de adecuaciones- los embates de la modernidad. Su consulta es obligada entonces para entender lo que sucede en la región, en la medida en la que documenta, con oportunidad y solvencia, una secuencia cultural de índole regional, pero de indudable incumbencia nacional. Reimpreso a los veintinueve años de su primera edición, el estudio de María Teresa Sepúlveda se perfila hoy, con sólida presencia, en la ruta de los clásicos de la antropología mexicana.
Sobre el autor
Arturo Soberón Mora
Dirección de Estudios Históricos, INAH.